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Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

J.M. GARCIA GARCIA: LA RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2024: ¿INSCRIPCIÓN PARCIAL DE OFICIO? COMENTARIO CRÍTICO.

Contenido:

LA RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2024: ¿INSCRIPCIÓN PARCIAL DE OFICIO? COMENTARIO CRÍTICO.

 

* DOCTRINA DE LA RESOLUCIÓN.

La Resolución de 23 de febrero de 2024 se refiere a la inscripción del testimonio de un auto de homologación de un acuerdo de adjudicación de la liquidación de gananciales en que se adjudica a la esposa el pleno dominio de una vivienda y dos fincas más (garaje y trastero) acompañando también la sentencia de divorcio y el convenio de divorcio en que se adjudica el registradora (y anteriormente en una calificación anterior otro registrador) que no cabe la inscripción de la adjudicación del pleno dominio a la esposa sin inscribir simultáneamente el convenio de divorcio sobre la atribución del uso de la vivienda familiar al exesposo, existiendo defectos para la inscripción de dicho convenio, y la Resolución se ocupa de la cuestión de si cabe la inscripción parcial del pleno dominio de la finca partiendo de que el registrador puede practicar de oficio inscripción parcial siempre que no exista perjuicio, partiendo además de que el documento presentado es el testimonio del auto de adjudicación de gananciales, y partiendo de ello, entiende que es inscribible el testimonio del auto de homologación del acuerdo sobre adjudicación del pleno dominio a la esposa por liquidación de gananciales, sin que conste tampoco que se haya solicitado la inscripción de la atribución del derecho de uso derivado del convenio de divorcio anterior, y argumenta también todo ello partiendo de la naturaleza de la atribución del uso de la vivienda familiar como un derecho de naturaleza familiar y no real, según resulta de las Sentencias TSS de 18 de enero de 2010 y de 18 de abril de 2023, transcribiendo ampliamente párrafos de esta última.

 

* COMENTARIO CRITICO DE LA RESOLUCIÓN

.- Esta Resolución da solución al problema planteado revocando la nota calificadora sobre la base de una peculiar interpretación de la normativa sobre la “inscripción parcial”, que no se puede compartir, pues en mi opinión,  hay errores importantes en la forma que tiene la Resolución de interpretar esta cuestión respecto al caso debatido.

 

* 1º) SOBRE LA INSCRIPCIÓN PARCIAL DE OFICIO

.– Así, en primer lugar y ante todo, sorprende que la Resolución parta del planteamiento de la inscripción parcial “de oficio” por parte del registrador siempre que no se produzca “perjuicio para nadie”, y sin embargo, aquí habría un claro perjuicio resultante de esa inscripción parcial del pleno dominio de la vivienda a favor de la ex esposa sin tener en cuenta la atribución del uso de la vivienda familiar al ex esposo. Sobre ello, dice la Resolución lo siguiente:

“No puede obviarse que es admitido por este Centro Directivo que el registrador de la Propiedad practique de oficio una inscripción parcial, es decir, no mediando solicitud expresa de las partes, cuando el defecto de que se trate afecte solo a alguna de las fincas o derechos independientes objeto del negocio jurídico escriturado, o cuando la escritura pública comprenda diferentes negocios jurídicos (vid. Resoluciones de 15 de marzo de 2006, 14 de septiembre de 2016, 8 de octubre de 2018 y 8 de febrero y 19 de abril de 2023), y ello siempre que de tal inscripción parcial no se derive perjuicio para nadie.”

Pero esos buenos propósitos de que “no puede obviarse” todo lo que dice, se desvanece cuando la propia Resolución reconoce que “la inscripción parcial de oficio” es  “siempre que de tal inscripción parcial no se derive perjuicio para nadie”.

Por un lado, ya hay que advertir que hablar de actuación de oficio para realizar una inscripción parcial no siempre es adecuada, pues no cabe cuando la fragmentación de la inscripción no procede cuando la parte que se pretende omitir es de carácter esencial. Pueden verse Resoluciones DG sobre rogación parcial en el libro del autor de este Comentario en nota al artículo 6 LH (Código de Legislación Hipotecaria, 2ª edición, tomo I, págs. 217 y siguientes).

Pero, por otro lado, y es lo más importante aquí, es que si se inscribe parcialmente la documentación presentada inscribiendo sólo “el pleno dominio de las fincas a favor de la ex esposa”, el perjuicio para el titular del derecho de uso, puede ser total, pues una vez inscrito “el pleno dominio”, ya no será posible para ningún registrador “inscribir con posterioridad el uso y disfrute concedido en el previo convenio al ex esposo en cuya compañía vivían las dos hijas mayores”, pues se produciría el supuesto del artículo 17 de la Ley Hipotecaria sobre cierre registral, y también el supuesto de cierre registral del artículo 20 LH sobre el tracto sucesivo, pues existiría contradicción entre una inscripción “del pleno dominio” y la pretensión de una inscripción de un derecho de uso y disfrute” a favor de persona distinta de la titular registral.

Por tanto, parece evidente el error que se produce aquí en materia de inscripción parcial de oficio y sus requisitos sin tener en cuenta lo dispuesto sobre cierre registral en sus dos variantes de los artículos 17 (principio de prioridad registral) y 20 LH (principio de tracto sucesivo).

El perjuicio para el ex esposo (y quizá para sus hijas aunque sea mayores si no tienen independencia económica) puede ser enorme, no sólo porque ya no podrán inscribir su derecho de uso y disfrute ante una inscripción del “pleno dominio” ya practicada previamente, sino porque en el intermedio la titular registral del pleno dominio puede enajenar libremente la finca sin necesidad del consentimiento del titular del derecho de uso, que no consta que esté extinguido, al menos de forma expresa, según veremos al final de este comentario.

 

* 2º) SOBRE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA A INSCRIPCIÓN.

Otra cuestión importante en este caso y que da lugar también a un error por parte de la Resolución que se comenta es el párrafo final de la propia Resolución que se comenta, en el que dice lo siguiente:

“En consecuencia, habida cuenta de esas concretas y peculiares circunstancias que han quedado reseñadas, entre ellas el hecho de que el título que se presenta a inscripción no es el convenio regulador aprobado judicialmente, sino que es el auto, dictado el día 30 de noviembre de 2010, de homologación judicial de un acuerdo transaccional de liquidación de la sociedad de gananciales, no hay obstáculo alguno para la inscripción solicitada por la ahora recurrente.”

En relación con este párrafo de la Resolución que para la misma sirve de argumentación definitiva o de cierre final del asunto, hay que tener en cuenta que un título inscribible puede ser simple o complejo, y será complejo cuando dentro del mismo se contienen varios negocios jurídicos, o incluso cuando se presentan a inscripción simultáneamente varios documentos, pues el artículo 33 del Reglamento Hipotecario, incluye en la definición de “título, para los efectos de la inscripción”, “el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite”.

En el presente caso, aunque se presenta el testimonio el auto de homologación judicial de un acuerdo transaccional de liquidación de la sociedad de gananciales, de los propios hechos que resalta la Resolución en el Fundamento 1, y también de los pormenores que resultan de los “hechos de la Resolución”, resulta que la documentación presentada comprende el citado auto pero también la sentencia de divorcio y el convenio de divorcio del que resulta la atribución del uso y disfrute, aunque éste haya sido calificado con defectos, pues lo que procede en este caso de presentación conjunta es la subsanación de los defectos si es que existen, pero no la inscripción parcial de uno solo de los documentos presentados.

 

Así, la Resolución que se comenta recoge en primer lugar en la exposición de los HECHOS de la propia Resolución, lo siguiente:

“En el expositivo segundo, apartado 4, de dicho acuerdo constaba lo siguiente: «En el convenio regulador se ha atribuido el uso de la vivienda familiar, pisos (…) de la calle (…) [fincas registrales número 17.582 y 17.583], así como de las plazas de garaje números (…) y cuarto trastero n.º (…) [fincas registrales número 17.531, 17.532 y 17.551], a las hijas del matrimonio y a Don J. P. R., con quien conviven, hasta la independencia económica de las hijas».

Por tanto, en el propio auto de adjudicación se hace referencia al “convenio regulador de divorcio” con “atribución del uso de la vivienda familiar”, por lo que no cabe alegar que dicho convenio queda fuera del documento presentado a inscripción.

Y además, la propia Resolución, en el apartado 1 de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, al exponer nuevamente un resumen de los documentos, alude a la Sentencia de divorcio de 24 de mayo de 2007 en que se decretó la disolución por divorcio del matrimonio contraído por la ahora recurrente y su esposo y se aprobó el convenio regulador suscrito por ambos en el cual se atribuía el uso y disfrute de las fincas; al auto de homologación judicial de 30 de noviembre de 2010 sobre homologación del acuerdo de adjudicación a la esposa en la liquidación de gananciales, y a la presentación de los títulos anteriores (sentencia y convenio incluidos) que fueron objeto de la calificación registral suspensiva.

 

Por tanto, no se puede obviar esta documentación múltiple presentada en el Registro, que no se puede trocear para obtener una inscripción parcial de oficio del pleno dominio en perjuicio del derecho de uso y disfrute de otro titular que resulta de la propia documentación presentada, máxime cuando el perjuicio para el titular de éste puede ser irreparable si se produce una enajenación de la vivienda y surge un tercero del artículo 34 LH.

 

* 3º) SOBRE LA CITA DE LA SENTENCIA TS 526/2023, DE 18 DE ABRIL.-

Todo lo dicho anteriormente se entiende que es suficiente para considerar desacertada la solución dada por la presente Resolución DG. Pero además, a título complementario, se hacen las consideraciones que siguen sobre esta Sentencia del Tribunal Supremo, pues no parece que la cita de esta Sentencia pueda atemperar lo que sobre la inscripción parcial de oficio vierte la presente Resolución, pues aunque se sigan las orientaciones de dichas Sentencias, ello no afectaría al problema esencial que se plantea que es el de que no cabe la inscripción parcial ante el perjuicio de uno

Así, la Resolución hace una extensa cita de la Sentencia TS 526/2023, de 18 de abril, que prácticamente da contenido muy amplio a la propia Resolución.

Ahora bien, la Resolución parece no tener en cuenta que las decisiones judiciales no pueden tenerse en cuenta e interpretarlas como si se tratase de la interpretación de una LEY, pues sabido es que las Sentencias hay que interpretarlas, así como su “ratio decidendi” en relación con el supuesto de hecho planteado, que es muy distinto del que aquí se plantea, y desde luego, se podría aceptar lo que dice la Sentencia, pero sin que ello tenga nada que ver con el grave problema de inscripción parcial de oficio que se plantea y resuelve en el presente caso.

Así, la Sentencia citada se refiere al problema de si el titular del derecho de uso de la vivienda familiar ha de ser demandado y requerido previamente de pago en la demanda de ejecución hipotecaria a los efectos de los artículos 685 y 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y llega a la conclusión, acertada en este punto, de que no puede equipararse dicho derecho, ni al derecho de usufructo ni al dominio útil.

Pero lo que no resulta de la Sentencia es que se pueda prescindir en el Registro del derecho de uso, pues una cosa es la naturaleza de derecho familiar del derecho de uso, y que no pueda ser equiparado al usufructo ni al dominio útil a efectos de los artículos 685 y 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el problema planteado en esa Sentencia, y otro distinto es la necesaria protección registral del derecho de uso y cuyo titular queda perjudicado por la inscripción del pleno dominio a favor de la titular de la finca.

Aun así, y aunque sea algo ajeno a la solución del presente caso, no me resisto a la tentación de transcribir el comentario que tengo hecho a la citada Sentencia del Tribunal Supremo 526/2023, de 18 de abril, en mi Código de Legislación Hipotecaria, Tomo I, 2ª edición, pág. 74, pues en mi opinión la referencia en el apartado 3 del artículo 96 a la inscripción de la la restricción de la facultad dispositiva del dominio sin consentimiento del titular del derecho de uso, no significa que el derecho de uso carezca de otro contenido a efectos registrales.

Dicho Comentario, tal como está transcrito en el citado libro es el siguiente:

 

* 4º) COMENTARIO DE LA SENTENCIA TS 526/2023, DE 18 DE ABRIL.

Se dice en el referido libro lo siguiente sobre la Sentencia:

“Dicha Sentencia puede considerarse acertada en ciertos aspectos y criticable en otros. Así, es acertada en lo siguiente: 1º) En la conclusión a la que llega de que no es aplicable al derecho de uso de la vivienda familiar el artículo 662 LEC y por tanto, no es asimilable a los derechos de usufructo y de dominio útil como terceros poseedores en la ejecución de la hipoteca; 2º) En que, efectivamente, carece de similitud con los citados derechos, ya que no comprende todas las facultades de disfrute propias de dichos derechos, ni tampoco es enajenable, al ser personalísimo. Sin embargo, la Sentencia es criticable en dos sentidos: 1º) Por aludir simplemente a que se trata de un derecho de naturaleza familiar, sin tener en cuenta que ello es compatible con la clasificación de los derechos en reales y obligacionales, y el derecho de uso de la vivienda familiar tiene las notas de derecho real, al implicar un poder directo e inmediato sobre la cosa, sin intermediación del propietario y con independencia del mismo, y también tiene la nota de oponibilidad a terceros mediante la inscripción en el Registro, sin que pueda equipararse a un arrendatario que es titular de un derecho obligacional aunque susceptible de inscripción; 2º) Porque la mera consideración del usuario como un supuesto de ”restricción de la facultad dispositiva”, que es una nota meramente negativa no explica suficientemente su total contenido ni sus facultades sobre la cosa, al olvidar de donde nace esa restricción de la facultad dispositiva del dueño, que es precisamente del derecho de uso, cuyo contenido no puede esfumarse en una simple limitación de la facultad dispositiva de otra persona. Lo que se concede es “el derecho de uso de la vivienda” y ese poder directo e inmediato implica la restricción de la facultad dispositiva. Su parecido es mayor con el derecho de uso y habitación, que son derechos reales, aunque de contenido más amplio en cuanto al poder que implica sobre el inmueble. En otro caso, tampoco tendría suficiente explicación que el titular del derecho de uso fuese notificado en la ejecución como los demás titulares de derechos reales, e incluso que, si en esta hubiera un sobrante, no participara dicho titular del uso en el mismo.”

 

* 5º) ADICIÓN AL CITADO COMENTARIO DE LA SENTENCIA.

A lo dicho en el comentario que se acaba de transcribir, se podría añadir que, en el fondo, tampoco afectaría tanto a la interpretación del derecho de uso, el hecho de que el artículo 96 aluda a la inscripción de la limitación o restricción de la  facultad dispositiva, pues sabido es que, según la mayoría de la doctrina, el derecho de uso tiene dos aspectos: el carácter ocupacional del derecho y la citada restricción de la facultad dispositiva, y sobre todo, que el artículo 96 del Código Civil, recoge ambos aspectos, pues en el apartado 1 hace referencia a que “el uso de la vivienda familiar corresponderá a…,; en el apartado 2 a que “el uso corresponde…”; y también, en el propio apartado 3 de hace referencia a “cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores”.

Por tanto, la referencia en el propio apartado 3 del artículo 96  del Código Civil a que la inscripción habrá de expresar la restricción que para el dominio señala el mismo, no puede interpretarse aisladamente, sin tener en cuenta que estamos en la inscripción del derecho de uso y no simplemente ante la inscripción de una limitación o prohibición de disponer.

Dicho apartado 3 del artículo 96, después de esas importantes referencias a la atribución del uso a un titular concreto, dice lo siguiente:

“3. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad. La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe.”

 

Si se interpreta el apartado 3 del artículo 96 que se acaba de transcribir, qué es lo que se inscribe y cómo se inscribe en el Registro de la Propiedad, se llegará a la conclusión de que la inscripción ha de referirse expresamente al derecho de uso sobre la finca y también a esa restricción en la facultad dispositiva, pero no sólo a esta última, que constituye una especialidad que añade dentro de la inscripción del derecho de uso el apartado 3 del artículo 96 del Código Civil. No hay que olvidar que el propio Código Civil, está el artículo 608 que continúa vigente y dice que “para determinar los títulos sujetos a inscripción o anotación, la forma, efectos y extinción de las mismas, la manera de llevar el Registro y el valor de los asientos de sus libros, se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria”.

En la Ley Hipotecaria se encuentra el artículo 2.2º, sobre inscripción de los derechos, que es el precepto específico del que resulta la inscripción de los derechos, desarrollado por el artículo 7 del Reglamento Hipotecario, y luego están los artículos 26 y 27 sobre inscripción de las prohibiciones de disponer.

En el presente caso, no estamos sólo ante una “limitación de disponer” que se tenga que hacer constar con carácter exclusivo como si fuera una nota al margen de la inscripción de dominio (“se hará constar”), sino que se trata de una restricción que debe recogerse en la inscripción del derecho que es objeto de inscripción, que no es otro que el derecho de uso atribuido a un determinado titular y que significa un contenido propio de uso de la vivienda con carácter ocupacional y de trascendencia real, aunque también se haga constar esa referencia dentro de la inscripción de la atribución del uso, a la citada restricción de la facultad dispositiva del dominio.

Por tanto, si nos atenemos al artículo 2.2º LH y 7 RH, para poder hacer constar esa restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar, es necesario que se practique “una inscripción de la atribución del uso de la vivienda familiar” que lleva consigo la titularidad de un derecho (el de uso) y un contenido (el resultante de ese derecho de uso con contenido ocupacional y la restricción en la facultad dispositiva del dominio). El artículo 2.2º LH hace referencia a la inscripción de los derechos “de uso y habitación”, y dentro de ellos cabe perfectamente distinguir y comprender los derechos reales patrimoniales de uso y habitación, pero también el derecho de naturaleza familiar pero con doble contenido (ocupacional de uso y de restricción de la facultad dispositiva), no sólo porque la interpretación de las normas ha de hacerse del conjunto del ordenamiento (que actualmente comprende también ese específico derecho de uso familiar), sino porque el artículo 7 RH, claramente alude a que no sólo se inscriben los derechos enumerados en el artículo 2 LH sino también “cualesquiera otros relativos a derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o contrato de trascendencia real”.

La “trascendencia real” de la atribución del derecho de uso y la protección registral a su titular, no sólo se manifiesta en la constancia de la restricción de la facultad dispositiva del dominio, sino en el propio contenido de facultad de uso y ocupación por parte del titular del derecho de uso, lo cual revela que, en relación con la normativa hipotecaria, la inscripción tendrá que referirse no sólo a la restricción o limitación de la facultad dispositiva, sino también al “derecho de uso mismo atribuido”, que es el derecho que propiamente es susceptible de inscripción conforme a la interpretación que debe resultar actualmente del artículo 2.2º LH, que al referirse al “uso” comprende el uso tradicional como derecho regulado en el Código Civil junto con el derecho de habitación, y también el uso de la vivienda familiar como derecho especial resultante del artículo 96 del Código Civil, éste último con la especialidad del aditamento en la inscripción de la constancia de la referida limitación o restricción de la facultad dispositiva del dominio, pero que no se limita a esto, pues la atribución del derecho de uso implica que no quepa la inscripción del arrendamiento por parte del dueño, sea como acto de disposición o de administración, ni tampoco la posibilidad de conceder por parte del dueño otro derecho de uso o habitación, que serían contradictorios con el propio contenido del derecho de uso de naturaleza familiar inscrito con trascendencia real en todo caso.

 

La propia Resolución que se comenta reconoce el doble contenido de la inscripción del derecho de uso, que no tiene más remedio que reconocer dada la reiterada doctrina de la Dirección General de ese doble contenido, pues en uno de los pasajes dice:

 

Además, el derecho de uso sobre la vivienda familiar integra, por un lado, un derecho ocupacional, y, por otro, una limitación de disponer que implica que el titular dominical de la vivienda no podrá disponer de ella sin el consentimiento del titular del derecho de uso o, en su caso, autorización judicial (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil).

 

* 6º) LA FALTA DE TRASCENDENCIA DE LA CITADA SENTENCIA 526/2023, DE 18 DE ABRIL, PARA LA SOLUCIÓN DEL CASO PLANTEADO EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

Pero es que, en cualquier caso, sea lo que sea de la referida Sentencia, referida exclusivamente a la cuestión de los artículos 685 y 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no son del caso ahora planteado, nada significa respecto al problema de la presente Resolución, que es si procede o no la inscripción del dominio derivado de la adjudicación por liquidación de la sociedad de gananciales, sin referencia al derecho de uso, pues da igual a estos efectos, la naturaleza y contenido de dicho derecho, y concretamente si es de naturaleza familiar o tiene consecuencias reales por razón de su contenido. Por tanto, a efecto de resolver el problema de la inscripción parcial de oficio que defiende en este caso la Resolución, resulta indiferente la doctrina de dicha Sentencia.

 

* 7º) LA CUESTIÓN DE LA REFERENCIA AL “PLENO DOMINIO” EN LA ADJUDICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES.-

La única duda que se podría plantear en el caso de esta Resolución DG objeto del presente comentario es si la referencia en el auto de homologación judicial a la adjudicación de la finca a la ex esposa EN PLENO DOMINIO, puede significar que se da o no por extinguido el DERECHO DE USO atribuido al ex esposo.

En principio, una atribución de finca EN PLENO DOMINIO podría significar que se ha pretendido dar por extinguido el derecho de uso, pues en otro caso se aludiría exclusivamente al DOMINIO Y NO AL PLENO DOMINIO.

Ahora bien, ni el recurrente ni la presente Resolución hacen referencia a este posible argumento para excluir el derecho de uso en este caso, Y HACEN BIEN, pues a pesar de que no deja de extrañar la expresión utilizada, lo cierto es que para que se pueda dar efecto as una RENUNCIA DE DERECHOS, ésta tiene que ser expresa sin que pueda plantear deducciones, siendo de interpretación restrictiva.

Por tanto, no cabría dar por extinguida la atribución del derecho de uso por esa mera expresión de adjudicación del PLENO DOMINIO, aunque sí podría dar pie a que se subsanara el defecto relativo al derecho de uso, mediante una ACLARACIÓN si en el presente caso, en que han transcurrido tres años desde la atribución del derecho de uso al ex esposo cuando se hace la adjudicación EN PLENO DOMINIO a la esposa por adjudicación derivada de la liquidación de gananciales, es VOLUNTAD DE AMBAS PARTES la extinción o renuncia al derecho de uso.

 

 

José Manuel García García, 6 de abril de 2023.

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