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_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

J., GARCIA GARCIA: COMENTARIO CRÍTICO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2024 (3ª): LA OPONIBILIDAD RESPECTO A TERCEROS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Contenido:

 

COMENTARIO CRÍTICO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2024 (3ª): LA OPONIBILIDAD RESPECTO A TERCEROS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 

* DOCTRINA DE LA RESOLUCIÓN.

La Resolución de 15 de febrero de 2024 (3ª), en relación con una escritura pública de venta de tercera parte indivisa de varias fincas de la persona con discapacidad representada por la tutora y con autorización judicial, y la cuestión de si es necesario acreditar la inscripción en el Registro Civil del cargo de tutora (o actualmente el de curadora), repasa la doctrina del Centro Directivo, que en una  anterior versión, incluso reciente, (Resoluciones de 18 de octubre de 2006, 28 de octubre de 2014, 26 de octubre de 2021 y 3 de enero y 5 de septiembre de 2023) había entendido en esas Resoluciones que era necesario acreditar dicha inscripción por entender que no estamos exclusivamente ante un problema probatorio de la resolución judicial sino también ante el problema de evitar la colisión entre oponibilidades, la del Registro Civil y la del artículo 32 LH sobre el Registro de la Propiedad, pero que luego en Resolución de 31 de octubre de 2023 estimó necesario superar este último criterio y volver al inicialmente sostenido en resoluciones como las de 14 de mayo de 1984 y 6 de noviembre de 2002, de modo que, para la práctica de la inscripción en el Registro de la Propiedad de escrituras otorgadas por el representante de la persona afectada por discapacidad –o por éste con asistencia del curador–, será suficiente la diligencia judicial en que conste la remisión al Registro Civil para la inscripción del auto sobre la medida de apoyo adoptada.

 

Sin embargo, después de ese repaso que era bien significativo y concluyente, ahora en el caso ahora planteado, observa la presente Resolución de 15 de febrero de 2024 (3ª), que la inscripción en el Registro Civil de la resolución judicial de las medidas de apoyo y del cargo de tutor o curador no es constitutiva, sino que, aparte su oponibilidad, tiene simplemente efectos probatorios y de legitimación, de modo que tal efecto probatorio no es excluyente si se prueba la situación jurídica por otros documentos públicos, conforme a los principios de publicidad y de legitimación registral, de modo que pueda oponerse el hecho a quien conoce el hecho probado, aparte de las posibles dilaciones de la inscripción en el Registro Civil que puedan generar colisión entre la inoponibilidad del mismo y la del Registro de la Propiedad, debiendo prevalecer la necesidad de agilizar y simplificar el tráfico si quedan salvaguardados los intereses de las personas afectadas por las medidas de apoyo, y además, aunque no consta en el caso planteado el hecho de haberse remitido al Registro Civil la resolución judicial sobre el nombramiento de la tutora y la aceptación del cargo, se incorpora testimonio del auto de autorización judicial a la tutora para proceder a la venta, por lo que no puede negarse a tal documento el carácter de auténtico, y el notario ha cumplido la función de control de facultades del representante legal como medio de prueba suficiente de la medida de apoyo, y aunque el defecto analizado en la calificación registral no se refiere a la cuestión estricta planteada de la representación y el juicio de suficiencia de las facultades representativas, es perfectamente trasladable al caso planteado la doctrina que se contiene en las Sentencias TS de 20 y 22 de noviembre de 2018 y 1 de junio de 2021, existiendo en este caso el control notarial sobre la validez y vigencia de las facultades representativas, lo que es suficiente para la inscripción de la escritura de venta.

 

* COMENTARIO CRÍTICO:

 

* 1º) LA RESOLUCIÓN DG DANDO TUMBOS RESPECTO A SU PROPIA DOCTRINA ANTERIOR.

No deja de ser extraño, en primer lugar, que la Resolución trate de revisar su propia doctrina anterior que estaba perfectamente justificada y argumentada respecto a la necesidad de coordinar el Registro Civil con el Registro de la Propiedad para evitar contradicciones y los efectos perjudiciales derivados de prescindir de esas dos instituciones fundamentales en esta materia sobre la oponibilidad e inoponibilidad frente a terceros,  doctrina que se había producido tanto en su versión más reciente por parte de la propia Dirección General, de exigir la previa inscripción en el Registro Civil para la inscripción en el Registro de la Propiedad, o bien, como la interpretación más flexible (pero con el mismo fundamento) de exigir al menos que el Juzgado exprese por diligencia que se remitirá la resolución al Registro Civil, y por el contrario, pase ahora, en la actual Resolución, por encima de esa coordinación de ambos Registros en materia tan sensible y deseable como es la del fomento de publicidad en ambos Registros conforme a los principios de publicidad, legitimación y oponibilidad resaltados en las anteriores Resoluciones.

 

Y esta deseable coordinación entre los dos Registros salta por los aires en este caso, en que se contradice por parte de la Resolución que se comenta y ostensiblemente, sin fundamento jurídico convincente, la necesidad de esa coordinación, a través de argumentos menores frente a la fuerza argumentativa de las anteriores soluciones. La propia Resolución se encarga de señalar en un primer momento el argumento de la solución de la antigua doctrina, aunque ahora no lo sigue, y que es el siguiente:

 

“El artículo 300 del Código Civil establece que: «Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el Registro Civil». Y el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece que: «En los casos legalmente previstos, los hechos y actos inscribibles conforme a las prescripciones de esta Ley serán oponibles a terceros desde que accedan al Registro Civil» (vid., asimismo, artículos 72 y 73 de esta misma ley).

 

Y encima añade en favor de ese argumento, que ahora desecha, a pesar de que era convincente (y que bastaba ya para reiterarlo como solución del caso planteado), lo siguiente:

“Según la referida doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, las Resoluciones de 18 de octubre de 2006, 28 de octubre de 2014, 26 de octubre de 2021 y 3 de enero y 5 de septiembre de 2023), en tales casos no se trata sólo de probar las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a la persona con discapacidad, sino que, en tanto no tenga lugar su inscripción en el Registro Civil, no son oponibles frente a terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos o contratos otorgados en nombre de la persona con discapacidad por el representante –o por el afectado por discapacidad con asistencia del curador– sin aquella previa inscripción en el Registro Civil, ya que en caso contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la medida de apoyo derivada de su falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad del Registro de la Propiedad en caso de que se inscriba la venta otorgada por el representante legal de la persona con discapacidad (o por ésta con capacidad complementada por aquél) si el nombramiento del representante o del curador asistencial –por el motivo que sea– no llegara a inscribirse en el Registro Civil.”

 

No hay razón suficiente para que ahora se prescinda de de la oponibilidad respecto a terceros y de la necesaria coordinación entre ambos Registros, y se descienda únicamente a la simple prueba de los hechos, prescindiendo de las inscripciones (que es lo que requieren los preceptos legales atinentes al aso), y ateniéndose exclusivamente a la vía documental y al conocimiento o no conocimiento de la situación registrada por parte de los terceros, lo que dará lugar a que pueda existir una contradicción, entre la inscripción que decreta practicar en el Registro de la Propiedad (haciéndolo oponible a terceros) y la previa inscripción en el Registro Civil, que no se conoce si existe o no o si ha sido modificada.

 

* 2º) LA RESOLUCIÓN DG AÑADIENDO UNA DOCTRINA SOBRE EL CONTROL DEL NOTARIO QUE NO SE REFIERE EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY 24/2001 A LOS REQUISITOS LEGALES DEL ACTO NI A LA OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS

Es que, además, la Resolución sólo se atiene exclusivamente a la prueba documental y no a  la oponibilidad del acto tal como está prevista legalmente a través de los Registros de la seguridad jurídica,  y aun así, no sólo se atiene a la prueba resultante del auto judicial de autorización a la tutora para proceder a la venta formalizada, que podría ser la prueba (pero no la oponibilidad respecto a terceros) de que el Juez ha concedido tal autorización en un momento dado, aunque no necesariamente prueba de la vigencia si estuviéramos ante un momento posterior que es el del otorgamiento de la escritura pública de venta si hubieran variado las circunstancias sobre remoción de la tutora (aunque en este caso concreto no parecen previsibles, pero sí a efectos de doctrina).

 

Y es que aparte del argumento de sustituir la argumentación resultante de la oponibilidad y de la regulación de los Registros Civil y de la Propiedad por la cuestión de la prueba, se añade por parte de la Resolución, un nuevo argumento que excede del que resulta de la calificación registral y que no había sido planteado por el registrador en su calificación, ajeno a la prueba y a la oponibilidad resultantes del Registro Civil y del de la Propiedad, por lo que respecto al  cual no ha podido conocerse cuál sería la calificación registral sobre ese extremo, no teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 326 LH, también a efectos de resolver y de dictar doctrina coherente con la solución del caso, sin perjuicio de que el interesado hubiera podido plantear la cuestión en virtud de una nueva presentación en el Registro de la Propiedad, tal como suele decir la propia Dirección General en otros casos.

 

Y ese nuevo argumento que se añade por parte de la Dirección General en este caso, supone mezclar la cuestión planteada aquí con la del famoso juicio notarial de suficiencia de la representación del artículo 98.2 de la Ley 24/2001, que nada tiene que ver con el caso planteado, pues si de lo que se trata es de si es o no necesaria la inscripción en el Registro Civil conforme a los preceptos citados, nada tiene que ver el juicio notarial de suficiencia de la representación, máxime cuando puestos a fijarnos sólo en la prueba y en el juicio de suficiencia, bastaría el que resulta del documento judicial y de la calificación registral a efectos de inscripción (que en eso el registrador no ha puesto ningún obstáculo), pues no estamos ante un problema de juicio sobre las facultades de la tutora y los requisitos legales del acto, que son los que establece la Ley y resultan en este caso del auto de autorización judicial y no del juicio de suficiencia del notario, que no alcanza a tal extremo, ni tiene que ver con la doctrina de las Sentencias del Tribunal Supremo que se citan por parte de la Resolución, ni tampoco con la  vigencia de las facultades representativas, y que si se pretende referir a ello, el juicio sería incongruente, pues no cabe añadir o superponer juicios notariales sobre la prueba resultante de documentos  judiciales y de los requisitos legales del acto, a diferencia de los supuestos de poderes notariales y desde luego que la vigencia resultaría precisamente del Registro Civil, si es que hubiera sido revocada o sustituida tal representación legal en el momento de la escritura, cuestión que tampoco se plantea aquí, sino el cumplimiento de las normas legales sobre los efectos de prueba, legitimación y oponibilidad (conjuntamente) los Registros de la Propiedad y Civil y de su deseable coordinación.

 

Por tanto, resulta criticable la presente Resolución, a lo que se añade todavía más, que utiliza como argumento jurídico el de salvar especialmente casos de dilación de la inscripción en el Registro Civil por causas ajenas a la voluntad del interesado, cosa que no puede utilizarse como argumento jurídico respecto a una institución como es el Registro Civil y lo mismo el Registro de la Propiedad.

 

Y además, por último, la cita de la Sentencias del Tribunal Supremo por parte de la Dirección General en la presente Resolución, son totalmente ajenas a la cuestión planteada, pues la Sentencia TS 378/2021, de 1 de junio, se refiere precisamente a lo contrario de lo que pretende la presente Resolución, ya que esta Sentencia se refería a la necesidad de calificación registral respecto al erróneo juicio de suficiencia del Notario cuando se trataba de un cargo de administrador de sociedad NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, en que el registrador contrastó en su calificación registral el juicio de suficiencia notarial yendo más allá de éste a través de la consulta del Registro Mercantil (dada la conexión entre Registro de la Propiedad y Registro Mercantil, que desde luego vendrá también próximamente entre el Registro de la Propiedad y el Registro Civil a efectos de su consulta).

 

Y respecto a las otras Sentencias que cita la presente Resolución, hay que observar que la Sentencia de 4 de junio de 2019 se remite a las dos Sentencias de 23 de septiembre de 2011 y 20 de noviembre de 2018, pero en los términos que resultan de esta última, y, además, con la salvedad de que el administrador concursal debe haber obtenido la autorización judicial para la venta directa consignada en el plan de liquidación, que es precisamente materia de calificación registral con independencia del juicio del notario sobre la suficiencia o no de la representación, pues se trata de “requisitos legales” del acto que deben ser calificados por el registrador más allá del juicio de suficiencia de la representación.

 

* 3º) EL ARTÍCULO 222.3 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y LA OPONIBILIDAD DEL REGISTRO CIVIL RESPECTO A TERCEROS. “RESOLUCIONES-VELETA”.

Para confirmar que estamos ante un problema de oponibilidad del Registro Civil y no de un problema de simple prueba a través de resoluciones y escrituras, creo que es oportuno acudir al artículo 222.3.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la cosa juzgada material, que, después de la nueva redacción dada por la Ley 15/2022, establece: “En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, maternidad y medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, la cosa juzgada tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil”.

 

Precisamente este artículo 222.3.2º LEC ha sido utilizado como argumento por la propia Dirección General para poner de relieve la necesidad de concordancia entre la oponibilidad del Registro Civil y la oponibilidad del artículo 32 LH del Registro de la Propiedad en otros supuestos similares. Así, la Resolución de 3 de enero de 2022 (1ª) alude al argumento del citado artículo 222.3 LEC para fundamentar la exigencia de acreditar la previa inscripción en el Registro Civil para inscribir en el Registro de la Propiedad la sentencia aprobatoria del convenio de divorcio, porque “la inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y de legitimación  (artículos 16 y 17 de la Ley del Registro Civil), sino también de oponibilidad frente a terceros”, lo que conduce al “rechazo de la inscripción en el Registro de la Propiedad sin la previa  indicación del régimen económico matrimonial (o de los hechos que afecten al mismo) en el Registro Civil, pues ello podría desembocar en la  indeseable consecuencia de que se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el Registro Civil y la inoponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 32 de la Ley Hipotecaria), si cada Registro publicara una realidad distinta”.

Y la Resolución de 10 de octubre de 2022 (1ª) también declara que es necesario aportar la certificación de la inscripción del divorcio en el Registro Civil para inscribir una adjudicación de bienes pactada en convenio de divorcio como consecuencia de la disolución de la comunidad romana o por cuotas, porque “el Registro Civil tiene efectos de oponibilidad a terceros (art. 222.3 LEC) y evitándose así una colisión entre dicha inoponibilidad y la oponibilidad nacida de la inscripción en el Registro de la Propiedad (artículo 32 LH)”. Y la misma cita del artículo 222.3 LEC hace la propia Dirección General respecto a la necesaria inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil en Resoluciones de 13 de febrero de 2020 (4ª), 15 de septiembre de 2020 (5ª) y 30 de junio de 2021 (1ª y 2ª).

Y todavía más significativa es la cita del artículo 222.3 LEC por la Resolución de 5 de septiembre de 2023 (1ª), en relación con una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, porque no se trata sólo de probar la discapacidad y el nombramiento de tutor, sino que en tanto no tenga lugar su inscripción en el Registro Civil no son oponibles frente a terceros, existiendo en otro caso un riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la “incapacitación” (hoy “medidas de apoyo”) derivada de su falta de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad del Registro de la Propiedad en caso de que se inscriba la venta otorgada por el tutor en representación del incapacitado (o por éste con capacidad complementaria de aquél) si el nombramiento del tutor –por el motivo que sea- no llegara a inscribirse en el Registro Civil”.

 

Por todo ello, destruir argumentos sobre los principios registrales de oponibilidad e  inoponibilidad a través del artículo 222.3 LEC, como hace la presente Resolución, supone el contrasentido de “ir contra sus propios actos” en una serie de materias conexas que requerirían evitar contradicciones y cambios de opinión sin fundamentación adecuada, a modo de “veleta” que cambia de dirección por el viento dando lugar a una de las que podrían denominarse “RESOLUCIONES-VELETA”, y de ahí la crítica que se hace en el presente comentario.

 

 

José Manuel García García, 2 de abril de 2024

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