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_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

J.F RUIZ-RICO: Sobre la R. DGSJ de 21-2-2024. El informe del registrador en el recurso gubernativo.

Contenido:

 LA RESOLUCIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2024 (1ª) COMO MUESTRA DE LA CRECIENTE TENDENCIA DE LA DG A ARGUMENTAR DE MANERA INSUFICIENTE SUS DECISIONES Y A IGNORAR LOS INFORMES DE LOS REGISTRADORES

 

Hace unos días, algún compañero (registrador) se quejó en nuestra Rnet de la perniciosa costumbre adoptada por la Dirección General, consistente en ignorar los informes – exigidos por el artículo por el artículo 327 de la LH- que los registradores evacuamos cuando se impugnan nuestras calificaciones.

Estimo que tal vez hayamos admitido con demasiada resignación una doctrina que, en el fondo, implica una falta de respeto a nuestra función.  Dicha práctica ha sido asumida por los sucesivos equipos que han estado a cargo de Centro Directivo, en base a la enrevesada conclusión de que con nuestros informes provocábamos indefensión a los recurrentes, cuando lo cierto es que, el no tomar en consideración su contenido, a quien provoca indefensión es al registrador puesto que, por minuciosa que sea una nota de calificación, no podrá prever los motivos de oposición que pueda invocar un eventual recurrente.

Sin duda, hemos pecado de un optimismo hartamente voluntarista cuando, en las pocas veces que la DG se ha dignado en los últimos años a tomar en consideración algún argumento esgrimido en los informes, hemos echado las campanas al vuelo, creyendo atisbar un inexistente cambio de criterio.   Esos contadísimos casos en los que se ha valorado alguno de los argumentos expuestos por el registrador recurrido, en realidad inciden aún más en la sensación de indefensión, ya que esa discrecional forma de proceder de la D.G.  equivale a lanzar un mensaje, que podría sintetizarse con el siguiente aserto: “no tendré en cuenta tus consideraciones nada más que cuando me interese”.

Además, la ausencia de consideración de nuestros informes, debe ser puesta en relación con otra tendencia, que se observa cada vez más en las resoluciones, consistente en dar una parquísima argumentación respecto a determinados planteamientos (especialmente, respecto a cuestiones, como la calificación de los poderes, que probablemente deben resultar incómodas al Centro Directivo, a acusa de los múltiples cambios de criterio a las que han dado lugar).

Redacto estas reflexiones como consecuencia de la Resolución de 21 de febrero de 2024 (1ª), dictada en relación a una calificación suscrita por mí. El asunto debatido era la reseña de un poder otorgado en Inglaterra, que yo califiqué desfavorablemente, por considerar que el notario autorizante debía hacer constar haber tenido a la vista el documento original.

Para defender mi postura, en mi informe ( no me había imaginado que una cuestión, a mi juicio diáfanamente  clara, pudiera ser objeto de controversias),  reproduje entrecomillados párrafos de determinadas resoluciones, como las de  22 de julio de  2021  o la  17  de noviembre de 2021, de las que resultaba que,  el juicio de suficiencia de las facultades representativas a la que está obligado, el notario autorizante,   deben eludir “expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas ”para evitar, habida cuenta de la especial transcendencia de la valoración notarial de  la suficiencia de la representación, “presunciones, interpretaciones dispares o discusiones semánticas”; “sin que basten referencias imprecisas como que se ha exhibido “copia” de la escritura, o simplemente “escritura” que pudieran incluir medios insuficientes como la copia simple o los testimonios” (incluso, aunque  no lo diga la DG,   en determinados casos pueden  haber sido exhibidas  simples fotocopias).

 

Además, la segunda de las resoluciones anteriormente citadas se refería a un poder australiano, respecto al cual se consideró correctamente realizada la reseña, porque el notario   autorizante hizo constar tuvo a la vista el” documento público de poder singular”, respecto al cual se emitió además juicio de equivalencia.

Ese supuesto contrasta con el que motivó mi calificación, ya que en la reseña contenida en la escritura se empleaba la expresión “me exhibe dicho poder”, la cual resultaba muy parecida a la expresión “título legítimo de representación” rechazada por la Resolución de 22 de julio de 2021; o a las expresiones “copias” o “escritura”, consideradas imprecisas por la Resolución de 19 de marzo de 2007.

Por otra parte, la Resolución de 21 de febrero, que motiva estos comentarios, se limita a hacer un corta-pega  de  mi nota de calificación,  del texto del recurso y de las líneas generales mantenidas por  la DG  respecto a la calificación de los poderes, incluidas  las frases entrecomilladas a las que antes me he referido – que a mi modesto juicio parecían darme la razón-  y a poner de manifiesto que la fedataria recurrente hizo constar en el texto del recurso que  el poder inglés circula como documento original, lo que en modo alguno fue negado por el registrador que suscribe. Simplemente, consideré que en la reseña debía hacerse constar se había tenido a la vista original del poder, precisamente para evitar el riesgo, acertadamente puesto de manifiesto por la DG en pronunciamientos anteriores, de que se puedan exhibir testimonios o reproducciones no fehacientes.

El contenido de la Resolución es tan breve que el caso concreto sometido a su consideración  se  resuelve en  un párrafo de menos de cinco líneas,  de las cuales se deduce  que, como  el caso referido se refiere a un poder inglés, que circula como documento original -hecho absolutamente incuestionable que no fue puesto en duda en la nota de calificación-, no resulta necesario añadir en la reseña, tal y como se exige respecto a los poderes otorgados en España, expresiones que denoten no se ha exhibido testimonio o copia no fehaciente;  sin que  exponga  la DG  otros argumentos sustentadores de sus conclusiones, ni explique por qué se ha apartado de la doctrina establecida en la resolución de 17 de noviembre de 2021, relativa a un poder australiano.

Consecuentemente, al no verse el Centro Directivo obligado a tener en consideración el informe, se ha visto facilitada su tendencia a no argumentar con precisión determinadas cuestiones conflictivas.

Conviene, finalmente, aclarar que el título había sido ya inscrito cuando se interpuso el recurso, merced a una diligencia aclaratoria, basada en el artículo 153 del Reglamento notarial, y que, en ningún caso, como parece resultar del texto de la Resolución, el registrador exigió se aportara el título original que contenía el apoderamiento.

 

Juan F. Ruiz-Rico Márquez.

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