REGIS PRO. es

....Contenidos útiles para la práctica registral.....Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad. Notario)

TITULAR:

RESUMEN RR DGRN (mercantil) BOE OCTUBRE 2015

Contenido:

Indice destacado:

RESOLUCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL DE BIENES MUEBLES

PUBLICADAS EN EL BOE OCTUBRE DE 2015

 

* BOE 1 DE OCTUBRE DE 2015

* R 7 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA – LEGALIZACION DE LIBROS

* LIBROS DE COMERCIO – LEGALIZACION – DILIGENCIA DE CIERRE FECHA – POSTERIOR A LA PRESENTACION – LEY DE EMPRENDEDORES.-

El 29-Abr-2015 se presentan en el Registro Mercantil para su legalización unos libros correspondientes al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014. La diligencia de cierre del anterior libro de actas en papel es de fecha 30-Abr-2015.

«..la sociedad presenta para su legalización un libro de actas en formato electrónico acompañado de la diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la Instrucción 6.ª de la de 12-Feb-2015. La fecha de la diligencia de cierre es posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil. Los recurrentes entienden que la registradora entra a calificar el contenido de la documentación presentada excediéndose del ámbito de su calificación.

Es evidente que el recurso no puede prosperar. El evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. Instrucción 1.ª de la de 1-Jul-2015).

La registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del n.º 3 Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores]. La fecha de la diligencia de cierre del libro llevado conforme al anterior sistema de legalización no tiene por qué coincidir con la de cierre del ejercicio pero es evidente que no puede ser posterior a la presentación en el Registro Mercantil (vid. Inst. 6.ª de la de 12-Feb-2015). La calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido.

Como resulta de las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 el Registrador debe calificar no sólo la solicitud presentada sino también el resto de los documentos presentados (entre los que se encuentra la diligencia de cierre a que se refiere este expediente), calificación que se extiende a la verificación de que se han llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley y en la propia Instrucción lo que implica, evidentemente, la coherencia de sus fechas.

La cuestión en realidad no es nueva. Téngase en cuenta que de acuerdo al sistema de legalización anterior (vid. Art. 330.1.3.ª RRM), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su presentación en el Registro Mercantil..».

LIBROS DE COMERCIO – LEGALIZACION – LEY DE EMPRENDEDORES – DERECHO TRANSITORIO.-

La legalización de libros en formato electrónico y el régimen transitorio respecto de los anteriores libros en formato papel resultan de la Ley 14/2013 (Emprendedores), las Instrucciones DGRN de 12-Feb- y 1-Jul-2015, así como la Resolución de consulta de fecha 23-Jul-2015.

–Desde el 29-Sep-2013, por aplicación del Art. 18 Ley 14/2013, no cabe legalización previa de libros encuadernados en blanco o de libros no encuadernados y formados por hojas en blanco; no cabe la legalización posterior de libros encuadernados en papel tras su utilización; no cabe presentar para su legalización los libros en soporte papel ni en soporte de disco óptico u otro de naturaleza similar. La R. 5-Ago-2014 admitió transitoriamente la legalización de libros en soporte papel para los ejercicios abiertos antes del 29-Sep-2013.

–La Instrucción 12-Feb-2015 distingue entre la situación de los libros cuyo contenido no está ligado al ejercicio social de la sociedad (libros registro de socios o de acciones nominativas cuyo contenido puede no verse alterado por el mero transcurso del tiempo, Inst. 10.ª) de aquellos otros cuyo contenido sí que está ligado al ejercicio social por reflejar los acuerdos que durante el mismo han adoptado los órganos sociales (Inst. 7.ª y 8.ª).

–Tratándose de libros previamente legalizados en blanco, la Inst. 6.ª prevé que una vez finalizado el ejercicio social iniciado antes del 29-Sep-2013, se proceda al cierre del libro en la misma fecha en que corresponda al ejercicio social (hasta el 28-Sep-2014 como máximo), abriéndose a continuación un nuevo libro ya en formato electrónico. Si no se hubiese procedido así y se han continuado plasmando asientos en los libros después del cierre del ejercicio, la Inst. 6.ª “in fine” permite, sin límite temporal, el cierre posterior aunque trasladando los asientos así realizados al nuevo libro en formato electrónico.

–La Instrucción 1-Jul-2015 acota el supuesto de hecho en su apartado 5.º al establecer que los libros legalizados en blanco y que contengan asientos correspondientes a ejercicios posteriores al 29-Sep-2013, y cerrados no más tarde del 31-Dic-2014, no precisarán ser presentados de nuevo a legalización. En definitiva se distinguen dos regímenes, el de libros en blanco y legalizados en los que se hayan hecho constar asientos de ejercicios cerrados no más tarde del 31-Dic-2014, respecto de los que no es preciso hacer nada, y asientos llevados a cabo en ese mismo tipo de libros de ejercicios iniciados a partir del 1-Ene-2015 que necesariamente deben acogerse al nuevo sistema mediante el mecanismo previsto en la Instrucción de 12-Feb-2015 (apartado 6.º).

–Finalmente para el supuesto de sociedades que por justa causa no hayan podido presentar los libros correspondientes a ejercicios cerrados no más tarde del 31-Dic-2014 en formato electrónico, la disposición 24.ª autoriza al registrador a legalizar libros completados en formato papel (Art. 333 RRM), facilitando aún más el tránsito hacia el nuevo sistema.

«..El régimen legal por tanto parte de una regla general consistente en que para ejercicios societarios abiertos a partir del día 29-Sep-2013 la presentación telemática de los libros obligatorios en formato electrónico debe realizarse conforme al nuevo sistema (Instrucción 1.ª y 7.ª) sin que sea posible la legalización previa de libros en formato papel y en blanco (Instrucción 4.ª).

Por excepción, los libros previamente legalizados en blanco podrán ser utilizados hasta el cierre del ejercicio correspondiente momento en el que deben cerrarse aperturándose nuevos libros en el nuevo formato. Si el libro no se ha cerrado y se han seguido practicando asientos con posterioridad a dicha fecha, pero no más tarde del 31-Dic-2014 no procede una nueva legalización; por el contrario si el libro no se ha cerrado y se ha continuado plasmando asientos correspondientes a ejercicios iniciados con posterioridad al 1-Ene-2015, debe procederse al cierre del libro con traslado de estos últimos asientos al nuevo libro que ha de aperturarse en formato electrónico (Instrucción 6.ª).

Las Instrucciones 12-Feb- y 1-Jul-2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático. La previsión es que las sociedades hayan podido adaptar adecuadamente sus procedimientos de modo que, en cualquier caso, el nuevo sistema esté plenamente operativo para ejercicios iniciados con posterioridad al 31-Dic-2014..».

* R 8 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA – LEGALIZACION DE LIBROS

* LIBROS DE COMERCIO – LEGALIZACION – LIBROS DE ACTAS – ACTAS DE OTROS EJERCICIOS – LIBROS ENCRIPTADOS.-

No se puede legalizar un libro de actas, referente al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014, y que contiene actas del ejercicio 2015. Cuando los libros se presenten cifrados o encriptados, el Registrador no podrá calificar dicha circunstancia. En este caso, la responsabilidad la asume quien firma los libros.

«..Es cierto que en aquellos supuestos en que la presentación de los libros se lleve a cabo de forma encriptada porque se utilicen los sistemas de cifrado de clave simétrica o los de doble clave mediante la utilización de los servicios de una entidad de certificación como tercero de confianza (Inst. 3.ª y 4.ª de la de 1-Jul-2015), el registrador no podrá calificar dicha circunstancia. A estos supuestos se ha referido la R. 23-Jul-2015.. de contestación a consulta.

Como afirma esta R., del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores], resulta que los libros de llevanza obligatoria por parte de los empresarios deben estar cumplimentados en formato electrónico (ap. 2 Inst. 12-Feb-2015) y remitirse telemáticamente al Registro Mercantil competente (ap. 3.º) .. Al igual que el o los libros remitidos en abierto deben ser objeto de presentación en formato electrónico y por vía telemática generando la huella digital a que se refiere el ap. 17.º Inst. 12-Feb-2015, los libros presentados añadiendo la opción de encriptado de clave simétrica o mediante la utilización de cifrado con doble clave deben formar parte del soporte electrónico a que se refiere el apartado decimosexto de la Instrucción.

Del mismo modo que no cabe la mera remisión telemática de la huella digital generada en el momento de la creación del soporte informático de un libro remitido en abierto, tampoco cabe la mera remisión de la huella digital generada como consecuencia de la utilización de un algoritmo de clave simétrica o de un cifrado de doble clave. Como resulta del contenido de la propia Ley 14/2013 .. y de sus Instrucciones de desarrollo, los libros de obligada legalización deben presentarse en formato electrónico con independencia de si su contenido es accesible o no. Como ya regulara la Inst. 31-Dic-1999 en su Art. 8.º, el fichero electrónico que contiene los libros a legalizar no puede diligenciarse físicamente (Art. 334.2 RRM), y de ahí que dé lugar a una certificación en la que el registrador hace constar, tras identificar al empresario: «los libros legalizados, con identificación de su clase y número, la firma digital generada por cada uno de ellos y los datos de la presentación y del asiento practicado en el Libro fichero de legalizaciones». El Art. 18.3 Ley 14/2013, ha elevado a rango legal la previsión que en su día hiciera la Instrucción y su contenido ha pasado, de forma idéntica, a la de 12-Feb-2015 (ap. 21.º). Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero si podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el ap. 18.º Inst. 12-Feb-2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la Inst. 21.ª, es veraz en la medida que asevera la declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador Mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (Art. 18.3 Ley 14/2013)..».

LIBROS DE COMERCIO – LEGALIZACION – LIBROS DE ACTAS – ACTAS DE OTROS EJERCICIOS – LIBROS NO ENCRIPTADOS.-

No se puede legalizar un libro de actas, referente al ejercicio cerrado el 31-Dic-2014, y que contiene actas del ejercicio 2015.

«..El recurso no puede prosperar porque .. la legalización de libros de actas debe ser llevada a cabo con posterioridad al cierre del ejercicio y respecto de dicho ejercicio. No cabe en consecuencia que en el libro presentado consten actas relativas al ejercicio actual. La claridad de la previsión legal no deja lugar a dudas .. Inst. 12-Feb-2015 Inst. 3.ª: «La presentación de dichos libros para su legalización en el Registro Mercantil competente por razón del domicilio, deberá ser por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 7.ª: «Todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto de los ejercicios sociales comenzados a partir del 29-Sep-2013, deberán reflejarse en soporte electrónico y ser presentados de forma telemática para su legalización dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio social» .. Inst. 8.ª: «En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Dicho libro podrá ser único para las actas de todos los órganos colegiados de la sociedad, o también un libro para cada uno de los órganos colegiados. Será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de apertura y cierre del ejercicio»..

..De las Inst. 19.ª y 20.ª de la de 12-Feb-2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el n.º 1 del Art. 18 Ley 14/2013 [Emprendedores] en cuanto se refiere a un ejercicio vencido. La calificación de esta circunstancia está englobada dentro de la formal a que se refiere el Art. 18.3 citado sin afectar al fondo pues se limita a la coherencia intrínseca de los datos que va a publicar el Registro sin entrar en su contenido..».

* R 9 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA

* ESTATUTOS SOCIALES – VALOR NORMATIVO – FORMA DE CONVOCAR JUNTA.-

Los estatutos sociales vinculan a la sociedad, a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Las convocatorias de junta que no se ajusten al sistema previsto en los estatutos son nulas.

«..Como ha señalado esta DG, de conformidad con el Art. 23 LSC, los estatutos, «que han de regir el funcionamiento de las sociedades de capital», contienen un conjunto de reglas que tienen un carácter normativo para la propia sociedad de modo que vincula a sus órganos, a los socios que la integran e incluso a terceros. Por ello, todo acto social debe acomodarse a las exigencias derivadas de las normas establecidas en los estatutos.

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesta de manifiesto por la jurisprudencia TS en diversas ocasiones (vid. STS 30-Ene-2011). Este CD por su parte ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014 –las dos últimas relativas a la forma de convocatoria de la junta general–).

Como reiteradamente ha afirmado esta DG, la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente que la forma de convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.

JUNTA – CERTIFICACIONES DE JUNTA – FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA – NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS – REQUISITO DE LA INSCRIPCION.-

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – FECHA Y MODO DE CONVOCATORIA – NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS – ARTS 97 Y 112 RRM.-

En las actas de las juntas de las sociedades limitadas, y en las certificaciones que de ellas se expidan, debe constar la fecha y modo en que se realizó la convocatoria, acreditando que se notificó a todos los socios, para que el Registrador pueda calificar la validez de dicha junta.

Hay que distinguir entre formas públicas de convocatoria (diarios, página Web) en que el testimonio de los anuncios normalmente aportará todos los datos, y formas privadas, en las que no basta ese testimonio para verificar que el anuncio fue remitido con la antelación debida y a todos los socios.

«..para las formas públicas de convocar la junta .. el Art. 107 RRM ordena que en la escritura de elevación a público de los acuerdos sociales el notario «testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria publicado o protocolizará testimonio notarial del mismo». Con ello el registrador podrá calificar cumplidamente la regularidad de la convocatoria en cuanto a su antelación, pues constará la fecha en que la inserción del anuncio se ha realizado, y el cumplimiento en el anuncio de todos los requisitos legalmente exigidos, así como que los acuerdos de la junta se adecuan al orden del día que consta en el anuncio.

..cuando se trata de medios privados de convocatoria, aunque se inserte el anuncio de convocatoria en la escritura o en la certificación, no resulta ello suficiente para que el registrador pueda verificar que el mismo ha sido remitido a los socios con la antelación debida y que dicha remisión ha sido efectuada efectivamente a todos los partícipes de la sociedad. Por ello, resulta fundamental para estos casos la previsión contenida en el Art. 97.1.2 RRM al establecer como parte del contenido del acta de los acuerdos sociales de las sociedades mercantiles la «fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta o Asamblea universal». A su vez, el Art. 112.2 RRM exige que en la certificación de dicha acta presentada para su inscripción en el Registro Mercantil consten «todas las circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos adoptados». Es decir, en el caso de emplearse medios privados de convocatoria, es necesario que quede acreditada en la forma indicada tanto la fecha como la forma en que ha sido realizada la convocatoria de la junta, pues dichos datos son necesarios para que el registrador pueda calificar la regularidad de dicha convocatoria..

Como ha señalado .. R. 6-Abr-2011, ante un acta notarial que reflejaba los acuerdos de una junta general de sociedad limitada, «los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, son, entre otros, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado cuando no se trate de junta universal». Es decir que tanto la fecha en que se ha realizado la convocatoria de la junta, como también su forma, son elementos esenciales para que el registrador pueda calificar la regularidad de la convocatoria de dicha junta, y por tanto de los acuerdos adoptados en la misma, siendo así que la expresión de dichos datos debe hacerse con la claridad necesaria para que puedan ser reflejados de forma indubitada en el asiento (Art. 58.2 RRM).

En el mismo sentido la R. 16-Sep-2011, tras recordar que es doctrina del CD (R. 20-Abr-2000) que «tratándose de acuerdos que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil, deben constar en la certificación que del acta se expida los elementos esenciales para poder apreciar la regularidad de la convocatoria, y en concreto, la fecha y modo en que la misma se haya efectuado, cuando no se trate de junta universal (véase Arts. 97.2.a y 112.2 RRM)», y que «ello se debe a la competencia del registrador para calificar la validez de los actos inscribibles (Art. 18 CCom), consecuencia de la cual el Art. 112 RRM exige que la certificación que se presente a inscripción deba contener los elementos necesarios para calificar su validez», añade a continuación que es necesario que en la certificación se exprese de forma concreta la forma en que se ha realizado la convocatoria –sin que baste la remisión a estatutos–, precisamente para que el registrador verifique que la misma fue la prevista en los estatutos sociales.

En el expediente que da lugar a la presente no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista de donde se sigue que procede la confirmación del acuerdo de la registradora.

La pretensión del recurrente de que debe entenderse debidamente hecha la convocatoria porque resulta indubitado que el socio no convocado la conoció y aceptó, es insostenible .. [porque no fue convocado en la forma prevenida por los estatutos: correo certificado con acuse de recibo]..».

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – NOTIFICACION A TODOS LOS SOCIOS – NULIDAD DE LA JUNTA – ESTATUTOS INCUMPLIMIENTO.-

Son nulas las juntas cuya convocatoria no se ajusta a la forma establecida en los estatutos. La nulidad se puede evitar acreditando que la convocatoria ha llegado a conocimiento de todos los socios, lo que no ha quedado demostrado en el presente caso.

Mediante requerimiento notarial, uno de los dos administradores solidarios ha notificado la convocatoria al otro administrador solidario, que igualmente ostenta la condición de socio.

Existe un tercer socio, que no asistió a la junta, y respecto del cual no se acredita el modo en que se le ha notificado la convocatoria. Se intenta justificar que conoció dicha convocatoria aportando un documento, carente de autenticidad, en el que un tercero manifiesta que dicho socio se dio por enterado de ésta.

«..no resulta en modo alguno que el socio no presente en la junta haya sido convocado en la forma estatutariamente prevista [..] El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad ha sido puesto de manifiesto .. STS 30-Ene-2001 .. cabe afirmar que los estatutos son la «Carta Magna» o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (cfr. RR. citadas en los «Vistos», especialmente: 16-Feb, 23-Sep- y 1-Oct-2013, y 23-May-2014).

..la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (R. 1-Oct-2013). El derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el Art. 93 LSC ha de ser integrado con el de ser convocados para ello, y no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin, en cuanto será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir.

..no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los derechos individuales de los socios .. Esta es la circunstancia que no resulta del expediente sin que sea admisible pretender sustituir la justificación de la convocatoria en la forma estatutariamente prevista por la afirmación de un tercero sobre el hecho de que el socio no convocado conoció y aceptó la convocatoria. Tampoco resulta dicha circunstancia de modo indubitado de la documentación incorporada a la presentada; bien al contrario sólo resulta una firma con una fecha y una frase de afirmación insertadas en un documento no auténtico. La absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican plenamente el rechazo de la registradora, máxime en un supuesto como el presente en el que, además, resulta que quien no fue convocado se encuentra en trance de incapacitación, lo que no hace sino aumentar la necesidad de velar por el cumplimiento estricto de los requisitos que para su protección prevé el ordenamiento..».

NOTA: Los fundamentos de la Resolución no lo expresan, pero se deduce de las alegaciones del recurrente que la forma de convocatoria que contemplan los estatutos es la carta certificada con acuse de recibo.

* R 10 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA

* CALIFICACION – MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS – CITAR NORMA INFRINGIDA – AFIRMACIONES ERRONEAS – NO PRODUCE INDEFENSION.-

Se ha suspendido la inscripción de una escritura de aumento de capital porque: «no consta la declaración del órgano de administración de que la titularidad de las nuevas participaciones creadas en virtud del aumento, se haya hecho constar en el Libro-Registro de socios, o en su defecto el compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración (Arts. 314 LSC y 198.4 RRM)».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la calificación carece de motivación porque se ha limitado a la cita rutinaria de dos preceptos legales, añadiendo una disyuntiva que no resulta de los mismos, lo que la convierte en insuficiente e incongruente.

La DGRN reitera su doctrina: La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras. Finalmente, la argumentación insuficiente no impide la tramitación del recurso cuando no causa indefensión al recurrente (Vid. RR. 5-Feb; 5-Jun; 9, 20 y 23-Jul; 7-Sep-2015, como más recientes).

En cuanto a los argumentos del recurso, está perfectamente justificada la aplicación de los preceptos citados, por lo que no se requiere mayor concreción.

«..También ha mantenido esta DG (vid. R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto, lo cierto es que el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito [Art. 314 LSC] el que contiene la exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.

Tampoco tiene relevancia que justifique la revocación del acuerdo del registrador el hecho de que comprenda la posibilidad de que la escritura pública contenga una previsión que no se adecua al texto de la norma transcrita (la relativa a que alternativamente a la previsión legal la escritura comprenda «el compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración»). Con independencia de la valoración que dicha afirmación merezca lo cierto es que ni produce indefensión alguna en el recurrente ni altera las conclusiones más arriba expuestas. El hecho de que la calificación contenga una afirmación errónea no convierte ni convalida el defecto que la misma observa y cuya existencia el recurrente no discute..».

CAPITAL SOCIAL – AUMENTO DE CAPITAL – TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES – LIBRO REGISTRO DE PARTICIPACIONES – ART 314 LSC.-

No procede la inscripción de una escritura de aumento de capital de la que no resulta, como exige el Art. 314 LSC: «la declaración del órgano de administración de que la titularidad de las participaciones se ha hecho constar en el libro-registro de socios o de que la titularidad de las acciones nominativas se ha hecho constar en el libro-registro de acciones nominativas».

El Notario autorizante afirma en su recurso que la omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social: junta universal ante Notario en que se acredita la cualidad de socios mediante exhibición del libro registro, y que además, en la escritura ha formulado la advertencia de que el órgano de administración debe hacer constar la titularidad de las nuevas participaciones en dicho libro.

Lo cierto es que no se comprende qué valor hay que atribuir a la advertencia del Notario si, disponiendo del tantas veces citado libro registro, lo que evidencia la escritura es que la titularidad de las participaciones no se hace constar en el mismo.

«..El [Notario] recurrente no discute dicha circunstancia, por otro lado evidente, sino que afirma que la omisión debe quedar salvada por las circunstancias en que se ha producido el acuerdo social conforme se han reflejado en el documento presentado. Esta afirmación no puede compartirse, y no sólo porque la claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas sino, y sobre todo, porque corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro. Así lo exige expresamente el Art. 173 RN: «En todo caso el Notario cuidará de que el documento inscribible en el Registro de la Propiedad inmueble, intelectual, industrial, mercantil, de aguas o de cualquier otro que exista ahora o en lo sucesivo, se consignen todas las circunstancias necesarias para su inscripción, según la respectiva disposición aplicable a cada caso, cuidando además que tal circunstancia no se exprese con inexactitud que dé lugar a error o perjuicio para tercero»..

..el acuerdo del registrador señala la deficiencia observada que impide la inscripción y el fundamento legal directamente aplicable. Dado que es el propio precepto legal transcrito más arriba el que contiene la exigencia relativa a que la escritura pública contenga la mención señalada y omitida, no puede pretenderse una mayor concreción ni una extensión mayor que el señalamiento de la propia exigencia legal.

..Finalmente este CD considera conveniente recordar (RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012), que el adecuado ejercicio de las funciones de notario y de registrador y la ponderada defensa de los legítimos intereses de los interesados no puede desembocar en actuaciones que deben evitarse, cumpliendo los requisitos taxativos que establece la LSC para la inscripción de la escritura de aumento de capital..».

* BOE 8 DE OCTUBRE DE 2015

* R 14 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA

* ADMINISTRADORES – ADMINISTRADORES NO INSCRITOS – FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA – TRACTO SUCESIVO.-

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – FACULTAD DE CONVOCAR JUNTA – ADMINISTRADORES NO INSCRITOS – TRACTO SUCESIVO.-

Se presentan a inscripción los acuerdos de una junta que ha sido convocada por un administrador único cuyo cargo no está inscrito en el Registro Mercantil, que está cerrado por no haberse depositado las cuentas. De la documentación presentada resulta la elevación a público del acta de una junta universal anterior en la que consta su nombramiento.

La calificación se ha limitado a afirmar que la junta debe ser convocada por los administradores mancomunados que constan inscritos en el Registro. La DGRN señala que la falta de inscripción del administrador no vicia la convocatoria, siempre que se acredite la validez del nombramiento.

Lo que no se ha planteado es la falta de tracto para certificar que afecta al administrador no inscrito. El Art. 109 RRM, ap. 1, cuando atribuye la facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades a los administradores se cuida de exigir que estén previamente inscritos; Art. 109, ap 2: «En los casos previstos en el apartado anterior, será necesario que las personas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante».

En definitiva –y puesto que la DG ha admitido la validez de la convocatoria– si se pudiese inscribir el nombramiento del administrador convocante con la documentación presentada, quedaría resuelto el problema de tracto.

«..La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Arts. 21 CCom y 9 RRM). Ahora bien, como ha recordado este CD (RR. 24-Jun- y 8-Jul-2013, entre otras), para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación y pueda ser opuesto a tercero en aquellos supuestos en que no juegan las presunciones registrales (Arts. 20 y 21 CCom, y 7 y 9 RRM), es preciso justificar que dicho nombramiento es válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable.

A la luz de las consideraciones anteriores no puede mantenerse el acuerdo del registrador Mercantil por cuanto de la documentación presentada a inscripción resulta que quien ha llevado a cabo la convocatoria de junta general ostentaba válidamente la condición de administrador único de la sociedad a pesar de carecer de la condición de administrador inscrito. El hecho de que en su día no pudiera acceder el nombramiento a los libros registrales no puede ser obstáculo para que ahora se regularice el contenido registral que es la voluntad expresada de la sociedad a cuyo fin se han aprobado las cuentas de los ejercicios pertinentes y se han ratificado los acuerdos que en su día se llevaron a cabo. En el acta presentada a inscripción resulta protocolizada el acta de junta de fecha 15-Jul-2011 en la que se nombró al ahora administrador único convocante, protocolización que tiene por objeto su previa inscripción como resulta del propio documento.

Cuestión distinta es si resulta debidamente acreditado que el nombramiento que se llevó a cabo entonces y que ahora se solicita reúne todos los requisitos legalmente exigibles (cfr., entre otros, Art. 111 RRM) pero dicha cuestión no ha sido planteada por el registrador en su nota por lo que no procede llevar a cabo un pronunciamiento al respecto..».

NOTA: Véanse RR. 13-Feb-1998: los administradores no inscritos carecen de representación ante el Registro Mercantil, y 21-Sep-2001: el cierre registral por falta de depósito de cuentas suspende la eficacia legitimadora de los asientos registrales. De la R. 1-Ago-2005, véase el extracto de la Sentencia 25-Oct-2006, AP Valencia, que la declara nula.

Insistimos en que, en el caso contemplado en la presente Resolución, lo que hay es un problema de tracto, que se resolvería con la previa inscripción del nombramiento, que además resulta del documento presentado.

* R 15 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD ANONIMA – LEGALIZACION DE LIBROS

* LIBROS DE COMERCIO – LEGALIZACION – SOPORTE PAPEL – LEY DE EMPRENDEDORES – INSTRUCCION 12 FEBRERO 2015.-

En fecha 6-May-2005 se solicita la legalización de un libro de actas del consejo de administración, en soporte papel y compuesto de hojas en blanco. No se alega justa causa por la que no sea posible la presentación en formato electrónico.

Conforme al Art. 18.1 Ley 14/2013, de 27-Sep, de Apoyo a los Emprendedores, la legalización de los libros obligatorios de los empresarios, cuyo ejercicio social comience con posterioridad al 29-Sep-2013, se hará telemáticamente en soporte electrónico.

«..Art. 18.1 Ley 14/2013: «Todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en el Registro Mercantil después de su cumplimentación en soporte electrónico y antes de que trascurran cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio».

De dicho precepto resultan tres obligaciones: Los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; los libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social, y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su legalización..

..el recurso no puede prosperar pues la pretensión de legalizar un libro de actas en soporte papel y en blanco no tiene amparo en nuestro ordenamiento jurídico. Los motivos .. expuestos en el escrito de recurso no enervan esta conclusión.

En primer lugar porque como queda expuesto, la imposibilidad de legalizar libros en blanco desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27-Sep, deriva de su propio tenor .. el nuevo régimen de legalización de libros de empresarios viene impuesto por la Ley 14/2013, que está vigente desde el día 29-Sep-2013 por lo que, de acuerdo a la doctrina de esta DG, es plenamente aplicable a ejercicios comenzados con posterioridad.

En segundo lugar, porque consecuentemente los efectos derivados de la entrada en vigor del precepto no dependen de la Instrucción 12-Feb-2015. Es cierto que el auto del TSJ de Madrid de 27-Abr-2015 acordó la suspensión de la citada Instrucción pero no lo es menos que, al haber sido objeto de recurso, la suspensión no alcanzó el estado de firmeza (a día de hoy, además, la demanda ha sido retirada por la parte actuante).

Es evidente que una Instrucción no tiene alcance derogatorio de normas de rango superior sin que de ello resulte argumento en contrario a las consideraciones expuestas dado que el nuevo régimen tiene rango de Ley. Por lo que respecta al régimen legal hasta ahora existente la nueva norma [Ley de Emprendedores] ha procedido a su modificación por lo que el Art. 27 CCom a que hace alusión el escrito de recurso está derogado en lo que resulte incompatible por aplicación de las reglas generales del ordenamiento (Art. 2 CC)..».

* R 16 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA

 

 

 

* ADMINISTRADORES – ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS – REVOCACION DE PODERES – APODERAMIENTO RECIPROCO – ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO.-

PODERES – REVOCACION DE PODERES – APODERAMIENTO RECIPROCO – ADMINISTRADOR MANCOMUNADO POR SI SOLO.-

Los apoderamientos conferidos, de manera recíproca, por los administradores mancomunados entre sí, pueden ser revocados por voluntad de uno solo de ellos (RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-2015).

«..en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011), pues en tales casos «..en el acto concreto de apoderamiento se produce una delegación por la que cada uno de los Administradores autoriza al otro a fin de hacer uso de aquellas facultades que el poderdante tiene atribuidas para ser ejercitadas conjuntamente con el propio apoderado. Sólo desde esta perspectiva se comprende con claridad la eficacia de la actuación de uno de los Administradores conjuntos al retirar el consentimiento prestado de manera anticipada en el acto de otorgamiento del poder: El apoderado no reunirá ya la voluntad concorde de ambos Administradores, ni por tanto, la del órgano, careciendo sus actos de alcance vinculatorio para la sociedad representada –a salvo, naturalmente los efectos propios de la protección a la apariencia frente a los terceros de buena fe–..».

ADMINISTRADORES – ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS – REVOCACION DE PODERES – REVOCAR CONJUNTAMENTE.-

PODERES – REVOCACION DE PODERES – ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS CONJUNTAMENTE.-

La revocación de los poderes, conferidos por administradores mancomunados a personas ajenas al órgano de administración, debe ser otorgada conjuntamente al menos por dos de ellos, en la forma determinada en los estatutos (Art. 233 LSC y RR. 15-Mar-2011 y 15-Abr-2015).

«..Es cierto que en supuestos en que el poder hubiera sido otorgado por dos administradores mancomunados a favor de uno solo de ellos este CD ha admitido la revocación de tal poder por parte de uno solo de los administradores –o por la persona física designada por persona jurídica administradora mancomunada para ejercer el cargo– (RR. 12-Sep-1994 y 15-Mar-2011)..

Pero esta doctrina no es aplicable cuando el nombrado apoderado es una persona física o jurídica que no ostenta el cargo de administrador –ni es persona física designada para el ejercicio del cargo de persona jurídica administradora–; ello desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del poder de representación exigida por el Art. 233 LSC cuando la administración de la sociedad de responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta..».

CALIFICACION – CONFLICTO DE INTERESES – DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA – CALIFICACION CONJETURAL.-

Se ha otorgado la revocación de un poder por uno de los administradores mancomunados sin el concurso del otro. Ante la calificación negativa, el recurrente alega que el otro administrador incurre en conflicto de intereses, debido a vinculaciones económicas y familiares.

La calificación registral no puede basarse en conjeturas. La existencia de conflictos de intereses debe acreditarse por los documentos presentados.

«..Respecto de las circunstancias que se detallan en la escritura calificada y en el escrito de impugnación que, a juicio del recurrente, deben llevar a admitir la revocación pretendida, cabe recordar que esta DG tiene una dilatada doctrina en relación con el modo de llevar a cabo la calificación registral y ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente acreditadas (por todas, R. 23-May-2012, precisamente en un supuesto en que se afirmaba la existencia de un conflicto no acreditado de intereses, y R. 28-Abr-2015), todo ello sin perjuicio de las pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación cuestionada..».

R 17 de septiembre de 2015

REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADACONSTITUCION DE SOCIEDADES

ADMINISTRADORES – FACULTADES ADMINISTRADORES – LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES – INEFICACIA FRENTE A TERCEROS – DIRECTIVA 2009/101.-

ESTATUTOS SOCIALES – FACULTADES ADMINISTRADORES – LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES – INEFICACIA FRENTE A TERCEROS – DIRECTIVA 2009/101.-

No es inscribible la disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

Existe una ya muy consolidada doctrina jurisprudencial de rechazo a tales cláusulas, cuya ineficacia es patente, a la luz de las Directivas CEE.

«..La cuestión relativa al ámbito de representación de los administradores de sociedades de capital en el ejercicio de su cargo ha sido solventada ya en nuestro Derecho, en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil. Y para los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de buena fe (Art. 234 LSC y Art. 10 Directiva 2009/101/CE, de 16-Sep-2009, que se corresponde con el Art. 9 de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE, de 9-Mar-1968).

..una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (Art. 1284 CC), es doctrina de este CD que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su inscripción (vid., por todas, R. 12-Jul-1993).

Como ha puesto de relieve STS 19-Jun-2009, con cita de la doctrina de esta DG y otras sentencias de la misma Sala, «se ha de tratar de cohonestar la seguridad del tráfico y la consiguiente protección del tercero de buena fe con el principio de defensa del interés social, y cuando la salvaguarda de ambos principios no es posible se observa en el Derecho comparado una tendencia a adoptar o aproximarse al sistema germánico que da primacía a la protección del tercero y a la seguridad del tráfico. Esa tendencia se ha acabado imponiendo también entre nosotros» (RR. 2-Oct-1981, 12-May-1989, 11-Nov-1991, 11-Mar-1992, 8-Jul-1993, 3-Oct-1994 y 10-May-1999)..».

CALIFICACION – INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR – CALIFICACIONES ANTERIORES – NO VINCULANTE.-

Se ha rechazado la inscripción de una disposición estatutaria según la cual los administradores «necesitarán autorización previa de la junta general para .. constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo».

El Notario recurrente alega que en ese mismo Registro Mercantil se han inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la ahora rechazada.

«..respecto de la alegación del notario recurrente sobre el hecho de que en el mismo Registro .. se hayan inscrito estatutos que incluían cláusulas idénticas a la calificada, cabe recordar que, según la reiterada doctrina de este CD, el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014; 25-Mar- y 16-Jun-2015)..».

* R 18 de septiembre de 2015 REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA

* ADMINISTRADORES – RENUNCIA DIMISION ADMINISTRADORES – BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES – CIERRE REGISTRAL – IMPUESTO DE SOCIEDADES – ART 96 RRM.-

IMPUESTOS – SOCIEDADES – BAJA PROVISIONAL INDICE ENTIDADES – CIERRE REGISTRAL – ART 96 RRM.-

A diferencia de lo que ocurre con el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales, que no impide inscribir el cese o la renuncia de los administradores, cuando la hoja registral se encuentra cerrada por haber causado baja provisional en el Índice de Entidades del Ministerio de Hacienda, no puede inscribirse ningún cese o renuncia de administradores, porque deben responder del incumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad (RR. 1-Mar-2010 y 14-Nov-2013).

Este cierre se regula actualmente en el Art. 119.2 de la Ley 27/2014, de 27-Nov, del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el día 1-Ene-2015 (Disp. Final 12.ª de dicha Ley), cuyo contenido es idéntico al de la normativa precedente.

«..Dicha regulación se completa con la del Art. 96 RRM: «Practicado en la hoja registral el cierre .. sólo podrán extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales».

El contenido de estas normas, de acuerdo a la reiterada doctrina de este CD, es concluyente para el registrador: vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el Índice de Entidades, no podrá practicar ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad afectada, a salvo las excepciones citadas.

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues entre las excepciones que los preceptos transcritos contemplan a la norma de cierre no se encuentra la de renuncia de administrador que, en consecuencia, no podrá acceder a los libros registrales mientras el cierre subsista.

Esta DG ha insistido (por todas, R. 14-Nov-2013), en que no pueden confundirse, como hace el recurrente, las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales .. la distinta solución normativa respecto de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de Sociedades, en relación con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros..».

 

* BOE 14 DE OCTUBRE DE 2015

 

* R 21 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD ANONIMA – DEPOSITO DE CUENTAS

* ESTATUTOS SOCIALES – VALOR NORMATIVO – PLAZO PARA CONVOCAR LA JUNTA – PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS.-

Los estatutos de una sociedad anónima establecen que la junta se convocará con un plazo de antelación de 15 días, que era el plazo que contemplaba la antigua LSA –en su Art. 97– antes de su modificación por Ley 19/2005.

Puesto que los estatutos no pueden prevalecer sobre las normas imperativas, el plazo de convocatoria será en todo caso el de un mes que exige el Art. 176 LSC.

«[Según RR. 16-Feb- y 23-Sep-2013, entre otras, los estatutos: «son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia .. son la “carta magna” o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad ». También la STS 30-Ene-2001 ha destacado el carácter normativo de los estatutos y su imperatividad].

Establecido lo anterior es igualmente criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).

El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal.[pretensión contraria] ..al principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».

NOTA: Véanse las RR. 12-Jun- y 2-Dic-1992, y especialmente, R. 28-Jul-2009: en la interpretación de los estatutos sociales deben prevalecer siempre las normas legales imperativas.

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – ANUNCIOS DE CONVOCATORIA – PLAZO ANUNCIOS – UN MES DE FECHA A FECHA.-

Es nula la convocatoria de la junta de una sociedad anónima que no ha respetado el plazo mínimo de un mes que exige el Art. 176 LSC. El hecho de que los estatutos inscritos contemplen el plazo de 15 días (anterior a la modificación del Art. 97 LSA por la Ley 19/2005) no modifica esta conclusión, puesto que siempre prevalece el régimen legal imperativo.

«..es criterio reiterado de esta DG que si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC). Se excepciona el supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición (vid. RR. 9-Feb-2012 y 11-Feb-2013).

De este modo si el régimen legal imperativo sobre el modo en que ha de llevarse a cabo la convocatoria de junta sufre una modificación de suerte que la previsión estatutaria entra en contradicción con aquél, prevalece el régimen legal (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014; 13-Ene- y 15-Jun-2015).

Aplicadas las consideraciones anteriores al supuesto que da lugar a la presente es claro que el recurso no puede prosperar. El recurrente .. pretende que el contenido de [los estatutos] se imponga sobre la previsión legal. La pretensión no puede encontrar el amparo de esta DG pues lo impide el principio constitucional de legalidad que sujeta al cumplimiento de la Ley tanto a los individuos como a los poderes públicos (Arts. 9 CE y 1 CC). Nada obsta a lo anterior el hecho de que LSC, o sus textos refundidos, carezcan de disposiciones transitorias o de un mandato de adaptación específico pues la fuerza de aplicación de la Ley no depende ni de aquéllas ni de éste. Aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal. Como afirmara.. (RR. 18-Feb-1991 y 7-Abr-1999), la presunción de validez y exactitud proclamada por el Art. 20 CCom sólo puede predicarse en tanto que la norma que da cobertura a la previsión estatutaria inscrita no haya sido modificada de modo imperativo. Procede en consecuencia la desestimación del recurso..».

* R 23 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL – SOCIEDAD LIMITADA – CONSTITUCION DE SOCIEDADES

* DENOMINACION SOCIAL – RELACION CON OBJETO SOCIAL – INGENIERIA – SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007.-

OBJETO SOCIAL – RELACION CON DENOMINACION SOCIAL – INGENIERIA – SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007.-

La inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social de una sociedad limitada –que no se constituye como sociedad profesional, sino como de mera intermediación– induce a confusión acerca de la actividad que efectivamente desempeña la sociedad. Entre las actividades del objeto social se expresa la siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico..».

La calificación señala que: «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, según el cual no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social».

«..El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad ..Art. 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social, en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador de evitar confusiones en el tráfico jurídico mercantil en el que se impone la exigencia de la necesaria claridad de las denominaciones sociales a fin de que no se resienta la seguridad de dicho tráfico.

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la expresión profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».

DENOMINACION SOCIAL – VERACIDAD DENOMINACION SOCIAL – INGENIERIA – SOCIEDAD PROFESIONAL LEY 2/2007.-

Se ha denegado la inscripción de una escritura de constitución de sociedad limitada por considerar que la inclusión del término «Ingeniería» en la denominación social determina su constitución como sociedad profesional. Entre las actividades del objeto social se expresa la siguiente: «CNAE 7112. Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico..».

La calificación señala que «en cuanto la ingeniería es actividad profesional de ingenieros y la sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión ingeniería es contraria al Art. 402 RRM, según el cual no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social».

También considera infringido el Art. 406 RRM, que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas».

«..Dando por supuesto que la denominación discutida .. responde al criterio de unidad y originalidad, en su sentido más estricto de no coincidencia, debemos examinar si responde al criterio de veracidad.

El Art. 406 RRM establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad. Pero no es sólo este precepto el que disciplina la materia sino que existen en el RRM otra serie de normas con la misma finalidad. Así el Art. 405 prohibitivo de denominaciones oficiales, o el 401 prohibitivo de la inclusión .. del nombre o seudónimo de una persona sin su consentimiento o finalmente el 402 prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Todas estas normas responden al principio de veracidad de la denominación social..

En este sentido el defecto debe ser confirmado. Ciertamente no nos encontramos ante una sociedad profesional, pues en el objeto social expresamente se dice que «la Sociedad actuará como mediadora y coordinadora en aquellas actividades que, contenidas en el objeto social, tengan la condición de actividades profesionales (conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2007)» y en la denominación social no se ha utilizado la expresión profesional.

Pero la utilización del término «ingeniería» sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería..».

* BOE: 22 DE OCTUBRE DE 2015

* R 29 de septiembre de 2015 – REGISTRO MERCANTIL- SOCIEDAD LIMITADA

* ESTATUTOS SOCIALES – MODIFICACION DE ESTATUTOS – DERECHO DE INFORMACION – EXPRESION INCOMPLETA.-

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – ANUNCIOS DE CONVOCATORIA – DERECHO DE INFORMACION – EXPRESION INCOMPLETA.-

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta»: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío ó remisión.

La expresión defectuosa o incompleta de este derecho en los anuncios de convocatoria –en este caso se ha omitido el derecho de los socios a solicitar el envío gratuito de los documentos– podría provocar la nulidad de la junta.

La nueva redacción de la LSC por Ley 31/2014, de 3-Dic, ha mitigado notablemente las exigencias formales de las convocatorias. De acuerdo con el nuevo Art. 204.3 LSC, actualmente no procede la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria..», salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo.

«..Aplicando las consideraciones anteriores .. debe resolverse en la misma línea marcada por las RR. 30-May- y 24-Oct-2013, ya que: a) el derecho de información viene recogido en los anuncios de convocatoria y en dichos anuncios se expresa con suficiente claridad el contenido de la modificación y el artículo que debía modificarse (SSTS 29-Mar-2005 y 20-Sep-2006); b) la omisión de uno de los medios de hacerlo efectivo (concretamente, en este caso, la posibilidad de solicitar el envío gratuito de los documentos) no implica «per se» una privación del mismo pues, como afirma el TS, el anuncio tiene un carácter meramente funcional al ser el derecho de información de atribución legal (STS 13-Feb-2006); c) los socios disidentes que hayan deseado

impugnar los acuerdos adoptados por la mayoría lo han podido llevar a cabo e incluso han podido solicitar y obtener el mandamiento de publicidad de su acción en el Registro Mercantil, y, d) el conjunto de circunstancias, máxime cuando han asistido la totalidad de los socios y los acuerdos se tomaron por mayoría suficiente, por lo que la convocatoria de una nueva junta en nada alteraría el resultado de lo acordado, señala «a priori» que no ha existido una violación directa de los derechos individuales de los accionistas [sic: socios] .. Por todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que se inicie un procedimiento de impugnación de los acuerdos adoptados cobra toda su fuerza la consideración de que debe mantenerse la eficacia del acto jurídico en tanto no recaiga una resolución al respecto habida cuenta de la especial trascendencia y eficacia que una eventual declaración de nulidad tendría sobre los actos posteriores (Art. 208.2 LSC)..».

ESTATUTOS SOCIALES – MODIFICACION DE ESTATUTOS – DERECHO DE INFORMACION – FORMAS DE EJERCICIO – ART 287 LSC.-

JUNTA – JUNTA CONVOCADA – ANUNCIOS DE CONVOCATORIA – DERECHO DE INFORMACION – FORMAS DE EJERCICIO – ART 287 LSC.-

Para las modificaciones de estatutos de las sociedades limitadas, los anuncios de convocatoria de la junta deben advertir expresamente las tres formas de ejercitar el derecho de información en cuanto al «texto íntegro de la modificación propuesta»: examen directo, solicitud de entrega y solicitud de envío ó remisión.

Se unifica así el régimen del derecho de información de las sociedades anónimas y limitadas, con la única diferencia de que, en las sociedades limitadas, la LSC no exige el informe de los administradores.

«..según criterio de la doctrina mayoritaria, entre las novedades del R-D Legislativo 1/2010 [Ley de Sociedades de Capital] ..destaca la extensión del derecho de los socios de la sociedad limitada a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos relativos a las modificaciones estatutarias, hasta entonces sólo recogido para sociedades anónimas. Según el Art. 287, los socios de la sociedad limitada ya no sólo tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, como recogía el Art. 71.1 LSRL, sino que también tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Esta es la interpretación más acorde con el espíritu del texto y con la dicción literal del artículo, que hace un inciso para referirse a las sociedades anónimas «y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma», continuando en su parte final con la regulación aplicable a ambos tipos de sociedad..».

* R 30 de septiembre de 2015REGISTRO MERCANTIL- SOCIEDAD LIMITADA

* ADMINISTRADORES – CONSEJO DE ADMINISTRACION – COOPTACION – SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE COOPTACION – ART 244 LSC.-

ESTATUTOS SOCIALES – VALOR NORMATIVO – COOPTACION – SOCIEDAD LIMITADA NO ADMITE COOPTACION – PREVALECEN LAS NORMAS IMPERATIVAS – ART 244 LSC.-

En las sociedades de responsabilidad limitada no cabe el nombramiento por cooptación de los miembros del consejo de administración. Esta posibilidad está legalmente reservada a las sociedades anónimas.

Los estatutos sociales inscritos permitían el nombramiento de consejeros por cooptación. Esta norma estatutaria debe considerarse derogada por el Art. 244 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

«..ha de estarse a lo que resulte de los estatutos, norma orgánica de la sociedad, siempre y cuando no hayan éstos quedado sin efecto como consecuencia de una ulterior modificación legal que, con carácter imperativo, deba prevalecer (RR. 10-Oct-2012; 11-Feb-2013; 23-May-2014, y 13-Ene-2015). Como recientemente se ha afirmado (R. 15-Jun-2015): «..si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (Arts. 1255 CC y 28 LSC)».

El vigente Art. 214 LSC establece, como regla general, que «la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde a la junta de socios sin más excepciones que las establecidas en la Ley». La excepción es únicamente la prevista en la Ley en sede de Sociedades Anónimas, sin que en sociedades limitadas se contemple excepción alguna. Así se desprende del Art. 244 LSC, cuando determina que «en la sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los Administradores se produjesen vacantes sin que existieran suplentes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta general».

De acuerdo con lo expuesto, la normativa actualmente vigente es clara en cuanto a la imposibilidad de que tratándose de sociedades limitadas se pueda nombrar Consejero por cooptación, por cuanto esta posibilidad únicamente es posible tratándose de sociedades anónimas..».

* R 1 de octubre de 2015REGISTRO MERCANTIL- SOCIEDAD LIMITADA

* ADMINISTRADORES – DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR – DOMICILIO COMO SOCIO – DISCORDANCIA IRRELEVANTE.-

CALIFICACION – DOMICILIO DEL ADMINISTRADOR – DOMICILIO COMO SOCIO – DISCORDANCIA IRRELEVANTE.-

Se presenta escritura de aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, con aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales, parte de las cuales son asumidas por un socio que es, además, el administrador que otorga dicha escritura.

En la comparecencia de la escritura se expresa que el administrador compareciente tiene «a estos efectos» determinado domicilio, que coincide con el domicilio social. En la certificación de los acuerdos, que expresa los socios que han asumido las participaciones, entre los datos de identificación de ese administrador, se expresa un domicilio diferente al que consta en la comparecencia.

«..la discrepancia entre [los datos] relativos al domicilio que deba expresarse en el Registro, constituye obstáculo a la inscripción toda vez que no corresponde al registrador decidir cuál de los dos domicilios expresados haya de prevalecer a tales efectos (vid., por ejemplo, respecto del domicilio del administrador que se expresa en su nombramiento, R. 19-Jul-2006).

En el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto..».

NOTA: En la R. citada, 19-Jul-2006, la discordancia era relevante: no coincidían el domicilio del administrador que se expresaba en la comparecencia, con el que figuraba en la certificación del nombramiento. Con ello quedaba indeterminada una circunstancia que debe constar en la inscripción (Art. 38 RRM).

* R 2 de octubre de 2015REGISTRO MERCANTIL- SOCIEDAD LIMITADA

* CALIFICACION – FRAUDE DE LEY – COMPENSACION DE CREDITOS – APORTACION DINERARIA CONFUSION.-

CAPITAL SOCIAL – AUMENTO DE CAPITAL – COMPENSACION DE CREDITOS – APORTACION DINERARIA CONFUSION – FRAUDE DE LEY.-

Una sociedad de responsabilidad limitada acuerda por unanimidad, en junta universal celebrada el 26-Dic-2014, un aumento de capital por compensación de créditos previa renuncia de los socios al ejercicio de su derecho de asunción preferente. Entre los créditos aportados consta uno que corresponde a una persona física en concepto de préstamo que realizó a la sociedad para la compra de activos en fecha 19-Dic-2014.

La calificación señala que la cercanía de fechas impide considerar la aportación como crédito contra la sociedad, y que se eluden las normas imperativas que protegen la integridad del capital.

También cita la R. 7-Jun-2012: En los aumentos de capital por compensación de créditos, los socios que no sean acreedores de la sociedad carecen del derecho de suscripción preferente (Art. 304 LSC, R. 6-Feb-2012). Dichos socios podrían verse defraudados en el caso de que los créditos hubiesen sido concedidos por algunos de los otros socios, en un momento inmediatamente anterior a la convocatoria de la junta general, como parece ocurrir en el presente caso.

La aprobación unánime de la operación por todos los socios despeja este último inconveniente, pero queda en pie el problema de la falta de acreditación de las aportaciones dinerarias. La DGRN zanja la cuestión considerando no acreditado que la operación encubra una aportación dineraria.

«..de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria cualquier entrega de dinero. La entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto. En el supuesto de que se haya expresado una causa distinta a la asunción de capital, el que alegue su falsedad debe pechar con la carga de la prueba (Arts. 1276 y 1277 CC).

Es cierto que en el supuesto que da lugar a la presente llama la atención la cercanía entre la entrega de dinerario a la sociedad en concepto de préstamo y su conversión en capital como consecuencia del pertinente acuerdo social. No existe sin embargo indicio alguno que permita afirmar que la entrega obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital.

Tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el derecho de igualdad en la asunción consagrado en los Arts. 93 y 304 LSC. Como resulta de los hechos la junta general de la sociedad se reúne en sesión universal y toma sus acuerdos por unanimidad, y por lo que respecta al acuerdo de aumento, previa renuncia de los

socios a su derecho de adquisición preferente (pese a no ser técnicamente preciso). No existe en consecuencia interés protegible ni se produce circunstancia alguna para entender que el aumento acordado ha tenido como finalidad la postergación del derecho individual de los socios que no han acudido a la asunción..».

CAPITAL SOCIAL – AUMENTO DE CAPITAL – APORTACION DINERARIA – CERTIFICACION BANCARIA REQUISITOS – ANTIGUEDAD DE LOS INGRESOS FECHA DE LA CERTIFICACION.-

Reitera la doctrina de las RR. 11-Abr-2005 y 7-Nov-2013: La certificación bancaria que se incorpora a las escrituras de constitución o de aumento de capital no puede ser anterior en más de dos meses a la fecha de dicha escritura; pero esta fecha no va referida al depósito, que sí puede ser anterior en más de dos meses; sino a la propia certificación.

  1. 11-Abr-2005, reproducida en la R. 7-Nov-2013: «..lo importante del depósito es que realmente se efectúe y que esté a disposición de la sociedad, cuando menos dos meses anteriores a la fecha de la constitución o ampliación de capital. Será por tanto la fecha de la certificación la que de modo efectivo acredite la aportación dineraria siempre y cuando pueda deducirse de manera inequívoca el ingreso efectivo en la entidad de crédito y la finalidad de la imposición. Ello evita que por un posible retraso en la formalización de la escritura de constitución el aportante que efectuó su aportación tenga que volver a realizar el depósito con idéntica finalidad. Dicho de otro modo, la entidad bancaria, al certificar, renueva el depósito que fue efectuado en su día, computándose desde esta fecha el plazo de 2 meses previsto para la vigencia de la certificación..».

Por tanto, «La fecha del depósito» a la que se refiere el Art. 189.1 RRM no es la fecha del ingreso de las cantidades depositadas sino la fecha en que se acredita la permanencia del depósito, que no es otra que la fecha de expedición de dicha certificación.

«..Esta DG ha reiterado que constituye un principio de nuestra moderna legislación societaria, que se ha venido manteniendo sin interrupción desde el RD Legislativo 1564/1989, de 22-Dic, por el que se aprueba el TR de la LSA, hasta la vigente LSC, el de la integridad del capital social de las sociedades de capital. El establecimiento de mecanismos de control de dicho principio, contribuye de manera esencial a la acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias y no dinerarias que se efectúan como contravalor del capital social. Como afirma la reciente R. 29-Ene-2015, la existencia de controles trata de garantizar la imposibilidad de crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad (Art. 59 LSC) y permiten garantizar de forma suficiente y objetivamente contrastada la realidad de las aportaciones, como requisito previo a la inscripción (cfr., entre otros, Arts. 62 y 63 LSC).

En sede de aportaciones dinerarias, el Art. 62 LSC (extendiendo los efectos del Art. 19.2 LSRL, de 23-Mar-1995, que refunde), dispone lo siguiente: «1. Ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá

acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el Notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella. 2. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha» (sobre su sentido, vid. la reciente R. 7-Nov-2013)..».

* R 3 de octubre de 2015REGISTRO MERCANTIL- SOCIEDAD LIMITADA

* DEPOSITO DE CUENTAS – CIERRE REGISTRAL – FALTA DEPOSITAR EJERCICIO ANTERIOR – ART 378 RRM.-

La falta de depósito de las cuentas correspondientes a un ejercicio social cierra el Registro para el depósito de los ejercicios posteriores. Las cuentas del ejercicio anterior fueron presentadas en el Registro Mercantil y calificadas con defectos, sin que hayan sido retiradas para su subsanación ni se haya recurrido la calificación.

La R. 3-Oct-2005 ya señaló que el cierre registral es consecuencia de un incumplimiento y subsiste, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista (Art. 378 RRM). Si un depósito resulta calificado con defectos y tales defectos no resultan subsanados, no podrá accederse al depósito de un posterior ejercicio (R. 21-Nov-2011).

«..En el presente expediente y como resulta del informe del registrador Mercantil esta es la situación en el momento de extensión de la nota recurrida. El hecho de que el recurrente ignore la circunstancia de que las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no han sido objeto de depósito no desvirtúa las consideraciones anteriores..

En definitiva y mientras no se produzca el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio 2013, no procede el depósito de las correspondientes al ejercicio 2014 de donde resulta la desestimación del recurso..».

 

* BOE: 29 DE OCTUBRE DE 2015

* R: 5 de octubre de 2015 REGISTRO DE BIENES MUEBLES – SOCIEDAD LIMITADA

* CALIFICACION – DOCUMENTOS JUDICIALES – ADJUDICACION DE VEHICULO EMBARGADO – DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR A LA LIQUIDACION – CONCURSO DE ACREEDORES – ART 55 LEY CONCURSAL.-

Aunque al Registrador no le corresponde calificar los fundamentos ni los trámites del procedimiento que motiva una adjudicación, el principio de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez, por lo que debe calificar –a los exclusivos efectos de la inscripción– la competencia del Juez o Tribunal y los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 24 CE, 18 LH y 100 RH).

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19-Dic-2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5-Feb-2015.

No puede inscribirse esta adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal. Aunque el embargo es anterior al concurso, la adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación de dicho concurso (Ver. R. 16-Jul-2015).

«..Al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo, como también ha sostenido este CD en reiteradas ocasiones, el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución judicial, el registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como las formalidades extrínsecas del documento presentado (Arts. 18 LH y 100 RH)..

..El Art. 55.1 LC permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».

CONCURSO DE ACREEDORES – EFECTOS – DESDE LA FECHA DEL AUTO. –

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme, y sin necesidad de que conste anotado en el Registro de la Propiedad, Mercantil o, como es el caso en la presente, de Bienes Muebles.

Estos efectos se asimilan a los que produce la inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas y, en lo que aquí interesa, se traducen en la paralización de las ejecuciones singulares sobre los bienes de la entidad concursada.

«..Según la Ley Concursal, la regla general consagrada en su Art. 55.1, inciso 1.º, es la prohibición de iniciar ejecuciones singulares, judiciales, o extrajudiciales .. El Art. 55.2 añade que: «las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos». Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce automáticamente como efecto ex lege del auto de declaración de concurso que, como expresamente se encarga de señalar la Ley, produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 LC), es decir, con independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso..».

NOTA: Reitera las RR. 26-Ene, 16-Feb (3), 4-May- y 8-Sep-2012; 9-Abr, 21-Jun, 11-Jul, 5-Ago, 20-Sep- y 13-Dic-2013, todas ellas relativas al Registro de la Propiedad.

CONCURSO DE ACREEDORES – LIQUIDACION DEL CONCURSO – ADJUDICACION DE VEHICULO EMBARGADO – CREDITOS LABORALES – DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR A LA LIQUIDACION – ART 55 LEY CONCURSAL. –

VEHICULOS EMBARGADOS ADJUDICACION – CONCURSO DE ACREEDORES – CREDITOS LABORALES – DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR A LA LIQUIDACION – VEHICULOS AUTOMOVILES – ART 55 LEY CONCURSAL.-

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19-Dic-2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5-Feb-2015.

No puede inscribirse esta adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal. Aunque el embargo es anterior al concurso, la adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación de dicho concurso.

Según el Art. 55 LC apartados 1 y 2: una vez declarado el concurso, no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento

concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste anotado en el Registro (Ver R. 1-Jul-2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 LC), es decir, con independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso.

Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos esté «en suspenso», (Art. 55.2 LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. 6-Jun-2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 –dictadas en casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de embargos– la expedición de la certificación [de cargas] y la extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 LC permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de concurso de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos importantes limitaciones: la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas..».

* R 6 de octubre de 2015BIENES MUEBLES – SOCIEDAD LIMITADA –

* ASIENTO DE PRESENTACION – PRORROGA – TITULOS CONEXOS – RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE – SUSPENSION DE LA CALIFICACION – TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR.-

CALIFICACION – SUSPENSION DE LA CALIFICACION – TITULOS CONEXOS – RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE – TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR – PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION.-

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19-Dic-2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5-Feb-2015.

Mientras tiene lugar la calificación de este primer mandamiento, se presenta, con pocos días de diferencia, otro mandamiento del mismo Juzgado que ordena cancelar el embargo del vehículo y las cargas posteriores.

El Registrador se limita a suspender el despacho de este último documento porque: «se encuentra pendiente de otro, calificado desfavorablemente (Art. 11 RRM por remisión del apartado 6, Art. único de la Disposición Adicional del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)..». También se recurre esta última calificación.

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede practicarse la calificación de los posteriores que traigan causa de éste. En estos casos, se prorrogan los asientos de presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación» (RR. 8-Abr-2010, 18-Jun-2013 y 6-Mar-2015).

«..El recurso no puede ser estimado. Dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya calificación ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo 3.º, y 432.2.º RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 LH, según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

Por lo demás, como afirma el propio recurrente en su escrito de impugnación, plantea el presente recurso condicionado a la estimación del interpuesto frente a la calificación negativa del título anteriormente presentado, y dicho recurso ha sido desestimado por este CD..».

NOTA: En efecto, el recurso contra el primer mandamiento ha sido desestimado por R. 5-Oct-2005 (Disposición n.º 11616 del BOE 29-Oct-2015) debido a que el decreto de adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación del concurso (Art. 55 Ley Concursal).

Updated: 9 febrero, 2016 — 0:01
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