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_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

R. DGSJ 28-7-2023: La DG declara “fuera de lugar” la argumentación del notario recurrente para inmatricular fincas que invadan dominio público.

Contenido:

* INTRODUCCIÓN:

Es esta breve entrada se reseñan los pintorescos argumentos que utiliza el recurrente, (un notario), para defender que procede inmatricular fincas aunque invadan dominio público.

Y los contundentes fundamentos jurídicos con los que la DG desestima los argumentos del recurrente, para acabar proclamando que “resulta claro que las alegaciones del recurrente defendiendo la procedencia de inmatricular fincas que invadan dominio público porque éste todavía podría ser recuperado a posteriori, quedan fuera de lugar.”

*

RESOLUCION QUE SE CITA:

Resolución de 28 de julio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Arteixo

BOE 5-12-2023

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24814

 

* SUPUESTO DE HECHO:

En aplicación del articulo 205 LH, el registrador solicita informe a la administración y recibe la oposición de ésta por invasión de dominio público, y tras ello suspende la inmatriculación pretendida.

El notario autorizante y recurrente alega en esencia:

1.- que la comunicación previa efectuada por el registrador a dicho organismo (de la administración) ha sido de todo punto inoportuna, porque ya se ha realizado con carácter previo en un acta notarial  (que no obtuvo respuesta), por lo que el registrador «debió procederse la inmatricular la finca, practicando la comunicación a posteriori».

2.- que la actual oposicion de la administración en el procedimiento registral,  tras su inactividad en el procedimiento notarial previo, junto con su incumplimiento de la obligación de registrar y catastrar sus bienes y la de facilitar al Colegio de Registradores una información territorial adecuada, vulnera la seguridad jurídica.

3.- Y alega que la inmatriculación de fincas que invadan dominio público «no solo no limita las posibilidades de actuación de las Administraciones Públicas (…) sino que facilita el ejercicio de las mismas, al permitir la identificación de los propietarios y fomentar la publicidad registral de las eventuales medidas a adoptar», … y en cambio, la no inmatriculación de la finca sí causa graves perjuicios para el interesado.”

 

* CRITERIO DG:

La DG desestima el recurso reiterando doctrina anterior, en el siguiente sentido:

* .- Registro y Catastro son instituciones autónomas, pero con prevalencia del Registro sobre el Catastro:

 

“… como señaló la Resolución de 31 de mayo de 2022, «hay que partir de la naturaleza autónoma y distinta de dos instituciones que tienen por objeto el territorio, como realidad física, pero al que contemplan de modo distinto, el Catastro, como institución administrativa, que atiende a su realidad física, como reveladora de una capacidad económica y el Registro de la Propiedad, como institución jurídica, que atiende a la misma realidad física, pero que pone el punto de vista en la persona de un propietario, o titular registral, que tiene un título hábil para adquirir la propiedad. Diferentes son sus unidades de trabajo, la parcela catastral basada en la apariencia física y la finca registral, que es aquella finca material, que por el hecho de tener un título válido y eficaz se inscribe en el Registro para publicar el derecho real que recae sobre ella. Ambos operan con derechos distintos, como el administrativo del Catastro y el Civil Patrimonial del Registro de la Propiedad y están sujetos a principios distintos. Por ello, las alteraciones catastrales producidas como consecuencia de la resolución de los procedimientos de subsanación de discrepancias del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, no pueden tener ninguna repercusión registral si no se incorporan esas alteraciones al asiento, por alguno de los medios previstos en el Título VI de la legislación hipotecaria».

También destaca dicha Resolución que «no hay precepto alguno que prevea que la georreferenciación catastral resultante de alguno de los procedimientos de incorporación catastral haya de ser vinculante o de obligada inscripción para el Registro de la Propiedad, ni que la posición de conformidad, la oposición o la no oposición que cualquier interesado haya adoptado en un procedimiento estrictamente catastral haya de vincular a dicho interesado en el procedimiento registral que eventualmente se tramite, o permita prescindir de efectuarle, en el seno del procedimiento registral (…) las notificaciones registrales preceptivas con concesión de plazo de alegaciones, que habrán de ser valoradas en la decisión final del registrador».

En definitiva, concluye dicha Resolución, la alegación de que una determinada resolución de incorporación catastral tuviera que ser legalmente vinculante para el Registro de la Propiedad resultaría completamente desacertada y contraria al derecho vigente, por más que se hayan adoptado muchas medidas legales para avanzar hacia la coordinación entre el Registro y el Catastro, ya que todas ellas están presididas por dos principios fundamentales: el de independencia y autonomía funcional de cada una de dichas instituciones y el de, caso de no haberse alcanzado dicha coordinación, o llegar a perderse sobrevenidamente, prevalencia de los pronunciamientos jurídicos del Registro de la Propiedad sobre los datos del Catastro Inmobiliario.

* .- La notificación registral previa a la administración en el caso del articulo 205 es independiente de la que haya podido hacer antes el notario.

El artículo 205 de la Ley Hipotecaria establece que «si el Registrador tuviera dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público que no estén inmatriculadas pero que aparezcan recogidas en la información territorial asociada facilitada por las Administraciones Públicas, notificará tal circunstancia a la entidad u órgano competente, acompañando la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca que se pretende inmatricular con el fin de que, por dicha entidad, se remita el informe correspondiente, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación».

(…) Por todo ello, la actuación del registrador, realizando la comunicación a la Administración Pública, previa a la inmatriculación, por tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras de dominio público que no estén inmatriculadas, como ordena el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, es plenamente conforme a derecho, y por ello, el primer motivo alegado en el recurso contra la calificación registral ha de ser desestimado.

* .- El principio de fe publica registral (art 34 LH) se aplica plenamente en los conflictos entre titulares de derecho privado, pero no con el dominio público.

” … como señaló la Resolución de 5 de abril de 2022, «en lo que se refiere al principio de fe pública registral, respecto de la posibilidad de que puedan aparecer terceros protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en relación con la superficie y linderos que se derivan de la inscripción de la georreferenciación de la finca, como recordó la resolución de 5 de mayo de 2022, es cierto que conforme al artículo 34 de la Ley Hipotecaria, “el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo Registro”. Pero la aplicación de la protección máxima del llamado principio de fe pública registral, enunciado en el citado artículo 34, sobre el mantenimiento en la adquisición del dominio de una determinada finca con una concreta georreferenciación previamente inscrita, se ciñe y limita a los posibles conflictos entre titulares de dominio privado, y en cambio, como regla general, no opera, o lo hace de modo matizado para proteger al titular registral inscrito conforme al artículo 34 frente a las posibles acciones de deslinde, reivindicación y recuperación posesoria del dominio público, dado que éste se rige por el principio constitucional inalienabilidad e imprescriptibilidad proclamado en el artículo 132 de nuestra Carta Magna».

 

* .- En ningún caso cabe inmatricular fincas que invadan dominio público, incluso no inmatriculado.

 

Frente a la pintoresca alegación del notario recurrente de que debe inmatricularse fincas que invadan dominio público, para facilitar la reaccion de la administración, la DG señala claramente que

“En todo caso, siendo sobradamente sabido que el legislador ha decidido otorgar protección registral preventiva al dominio público, incluso no estando inmatriculado, para evitar la inmatriculación de fincas privadas que puedan invadirlo, resulta claro que las alegaciones del recurrente defendiendo la procedencia de inmatricular fincas que invadan dominio público porque éste todavía podría ser recuperado a posteriori, quedan fuera de lugar.”

 

* .- El incumplimiento por la administración de su obligación legal de inmatricular sus bienes podrá generar responsabilidad administrativa, pero no altera las conclusiones expresadas.

 

“Y sus invocaciones (del notario recurrente) sobre la posible inseguridad jurídica o posibles perjuicios causados por la inactividad u omisión administrativa, podrían tener acogida en un hipotético procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración, pero no en un procedimiento, como el presente, de recurso contra una nota de calificación registral negativa que es plenamente conforme al derecho vigente.”

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