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....Contenidos útiles para la práctica registral.....Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad. Notario)

TITULAR:

El auto de homologación de una transacción judicial sí es titulo formal inscribible. Crítica de la doctrina en contra de la DGRN.

Contenido:

El auto de homologación de una transacción judicial sí es titulo formal inscribible. Crítica de la doctrina en contra de la DGRN.

Autor: Joaquín Delgado.

(SEPTIEMBRE 2017)

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* INTRODUCCIÓN:

La DGRN sostiene en varias resoluciones, y entre ellas, la reciente de 19 de junio de 2017, que la homologación judicial de una acuerdo de transacción no altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo, y que para su inscripción registral es necesario otorgar un documento notarial.

 

En este breve artículo se defiende el criterio contrario, y la conveniencia argumentada de que la DGRN rectificara urgentemente su doctrina en la materia.

 

 

* BREVE RESEÑA DE LA RDGRN DE 19-6-2017:

Resolución de 19 de junio de 2017

«BOE» núm. 173, de 21 de julio de 2017-10-02

* SUPUESTO DE HECHO:

 Presentada demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad, se citó a ambas partes a audiencia para que pudieran llegar a un acuerdo sobre la cuestión controvertida. En el mismo acto de la citada audiencia, las partes solicitaron la homologación del acuerdo a que habían llegado, por el cual la parte demandada, en pago de la cantidad reclamada, efectúa dación en pago de su titularidad sobre una vivienda. (…) Mediante auto la magistrada-juez, determinó que «no encontrando impedimento alguno para tal petición, se acordó su homologación, poniéndose fin así a este pleito».

* CUESTIÓN QUE SE PLANETA:

“determinar si un acuerdo transaccional homologado judicialmente deviene documento público en virtud de la referida homologación judicial, o si, por el contrario, mantiene su naturaleza inicial de acuerdo formalizado en documento privado».

* DOCTRINA DE LA DGRN:

1.- “Esta Dirección General ha tenido ocasión de manifestar recientemente (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013) que ‘la homologación judicial no altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto transaccional alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento’. Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deberán cumplirse los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria (…)’’

2.- “… tratándose de un acuerdo por el que se ejecuta la disolución de una comunidad ordinaria mediante la adjudicación de la finca inventariada, si ambas partes no procedieran voluntariamente a otorgar la correspondiente escritura, cualquiera de ellas puede solicitar la ejecución del mismo a través de lo establecido en los artículos 705 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

 

* COMENTARIO CRÍTICO: (JDR)

 

En el asunto debatido en la citada resolución, nos encontramos ante un auto judicial que homologa un acuerdo de transacción judicial por el que se pone fin a un determinado pleito acordando, con la debida causalización, la adjudicación de una finca registral a uno de los litigantes.

 

* LOS TITULOS PÚBLICOS

 

Hemos de partir de que la Ley Hipotecaria, tras definir en su artículo 1 cuál es el objeto del registro de la propiedad, y concretar en su artículo 2 cuáles son los títulos inscribibles, añade en su artículo 3 que “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos.”

Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 319 que “los documentos públicos comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 (entre los que se encuentran no sólo “los autorizados por notario con arreglo a derecho”, sino también, entre otros, “las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales”), “harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.”

Por tanto, no cabe dudar de que el auto judicial, en tanto que resolución emanada de la autoridad judicial, es un documento público y auténtico. Como no cabe dudar de que el testimonio de dicho auto firme, expedido por el Letrado de la Administración de Justicia, también lo es. Si el registrador dudara de ello, probablemente hubiera denegado incluso la práctica del asiento de presentación, lo que no es el caso.

Lo que el registrador afirmó en su calificación, apoyándose en la doctrina reciente de la DGRN, es que el acuerdo transaccional homologado por el referido auto judicial, sigue siendo un acuerdo privado, y que ni la aprobación judicial ni su constancia documental en el testimonio expedido por el Letrado de la Administracion de Justicia confieren a dicho acuerdo el carácter de acuerdo formalizado en documento público, sino que sigue siendo un acuerdo privado que necesita ser elevado a escritura pública para poder ser inscrito en el registro de la propiedad.

 

* LA TRANSACCIÓN (EN GENERAL)

 

Para analizar tal afirmación, debemos partir de que, conforme al artículo 1809 del Codigo Civil,La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.” Y que, según el articulo 1816 “La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada”.

 

Si la transacción se lleva a cabo antes del inicio de un pleito, precisamente para evitar su provocación, suele recibir también el nombre de conciliación extraprocesal o acto de conciliación, y está contemplada en nuestra legislación como un acto de jurisdicción voluntaria. Y como tal, está regulado en Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

 

En cambio, si la transacción se produce cuando el pleito ya está comenzado, y precisamente para ponerle fin, su regulación está contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

* LA TRANSACCIÓN PARA EVITAR UN PLEITO

 

Pues bien, en la ley de jurisdicción voluntaria, que regula la conciliación, o transacción para evitar un pleito, destacan dos ideas esenciales: el principio de desjudicializacion, y el principio del alternatividad.

 

Respecto del principio de desjudicializacion, según su exposición de motivos “la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, conforme con la experiencia de otros países, pero también atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la búsqueda de la optimización de los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento de un número significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta ahora se encomendaban a los Jueces. Si bien la máxima garantía de los derechos de la ciudadanía viene dada por la intervención de un Juez, la desjudicialización de determinados supuestos de jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan los elementos de naturaleza administrativa, no pone en riesgo el cumplimiento de las garantías esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados.”

 

Y, respecto de la implantación del principio del alternatividad, resulta muy didáctica y clarificadora también la exposición de motivos de la ley al explicar que “El objetivo trazado en el plan inicial era asignar cada materia a aquel operador jurídico a quien, por su cercanía material o por garantizar una respuesta más pronta al ciudadano, era aconsejable que se hiciera cargo de su conocimiento; o a aquél a quien, en virtud de la naturaleza del interés o del derecho en juego, le fuera constitucionalmente exigible encargarse de la tramitación de dicha materia.

Sin embargo, finalmente se ha optado, con carácter general, por la alternatividad entre diferentes profesionales en determinadas materias específicas que se desgajan de la órbita de la Autoridad Judicial. Se establecen competencias compartidas entre Secretarios judiciales, Notarios o Registradores, lo que es posible atendiendo a que son funcionarios públicos y a las funciones que desempeñan: los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el mercantil, en concreto en sociedades.

La facultad que con ello tienen los ciudadanos de acudir a diferentes profesionales en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al ámbito judicial, sólo puede interpretarse como una ampliación de los medios que esta Ley pone a su disposición para garantizar sus derechos. Constituye una garantía para el ciudadano, que ve optimizada la atención que se le presta, al poder valorar las distintas posibilidades que se le ofrecen para elegir aquella más acorde con sus intereses. Ningún aspecto de los ciudadanos se verá perjudicado dado que puede acudir o al Secretario judicial, haciendo uso de los medios que la Administración de Justicia pone a su disposición, o al Notario o Registrador, en cuyo caso deberá abonar los aranceles correspondientes.”

 

En clara plasmación de ese principio de alternatividad, la ley de jurisdicción voluntaria introduce un nuevo artículo en la Ley Hipotecaria, en concreto el articulo 103 bis, conforme al cual, tras señalar que “Los Registradores serán competentes para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial”, aclara y destaca, conforme a ese principio de alternatividad, que “La conciliación por estas controversias puede también celebrarse, a elección de los interesados, ante Notario o Secretario judicial.”

 

De este modo, la conciliación ante el registrador, que culmina en una certificación registral, queda regulada en la ley hipotecaria (artículo 103 bis); la conciliación ante notario, que culmina en el otorgamiento de una escritura pública, queda regulada en la ley del notariado (artículos 81 y siguientes) , y la conciliacion ante el Letrado de la Administración de Justicia, que culmina en un Decreto, queda regulada en la Ley de jurisdicción voluntaria (artículos 139 y siguientes), siendo precisamente esta ley la que ha dado nueva redacción a los articulos pertinentes de la Ley hipotecaria y de la Ley del notariado en materia de conciliación ante el registrador o ante el notario, respectivamente.

 

Y no cabe duda alguna de que tanto la certificación registral, como la escritura pública notarial, como el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia, (como, en su caso, el auto dictado por el Juez de Paz), documentando en cada caso la conciliacion celebrada con avenencia son, todos ellos, documentos públicos y solemnes, y por tanto, cumplen los requisitos de la Ley Hipotecaria para ser formalmente inscribibles.

 

* LA TRANSACCIÓN PARA PONER FIN A UN PLEITO YA COMENZADO

 

Por otra parte, cuando ya nos encontramos con un pleito judicial en curso, la transacción judicial como forma de poner fin al mismo viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En concreto, su artículo 19 señala que “Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán (…) transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero”. “Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin”.

Sobre la competencia, el artículo 61 añade que “Salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.”

Sobre el trámite procesal oportuno el artículo 414 señala que “Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, el Secretario judicial, dentro del tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el plazo de veinte días desde la convocatoria. Esta audiencia se llevará a cabo, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al proceso.” Y añade que “Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado. Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia.”

Sobre los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes, el art 415.1 establece que “Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.”

Sobre la forma que ha de adoptar la resolución judicial que apruebe la transacción, el artículo 206 impone que “Se dictarán autos cuando se (…) se resuelva sobre (…) aprobación judicial de transacciones y convenios …”

Y sobre los efectos de tal acuerdo homologado el art 415.2 establece que “El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial.”

Sobre la fuerza ejecutiva el artículo 517 dice que “La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución” y que “tendrán aparejada ejecución (…) las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones”.

Y el art 545 que “ .. será competente para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo.”

Y el artículo 703, integrado en capítulo relativo a la “ejecución por deberes de entregar cosas”, dispone que “Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el Secretario judicial responsable de la misma ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al título ejecutivo.”

Y el artículo 704 regula el caso de que “el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan” o de que “el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras personas distintas del ejecutado”.

 

* CONCLUSIONES:

 

De los preceptos reseñados hasta ahora, cabe extraer las siguientes conclusiones:

 

1.- Que el auto judicial por el que se aprueba y homologa un acuerdo transaccional con el que se pone fin al pleito es una de las resoluciones que tiene consideración legal de documento público. (art 317.1 LEC)

 

2.- Que los testimonios que de tales auto expidan los Secretarios Judiciales, también se considera documento público. (art 317.1). Además, conforme al artículo 281 de la LOPJ “El Secretario es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones” (…) y “La plenitud de la fe pública en los actos en que la ejerza el Secretario no precisa la intervención adicional de testigos”.

 

3.- Que por tanto, el referido auto y su testimonio “harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.” (art 319.1)

 

4.- Que entre los hechos y estados que documentan, y de los que, por tanto, hacen prueba plena, están incluidos la identidad de las partes comparecientes, el hecho de si tales partes han comparecido personalmente o a través de su procurador, y en este caso, la existencia de poder para renunciar, allanarse o transigir, y en todo caso, asistidos por abogado. (art 414).

 

5.- Que a el tribunal ha examinado y decidido sobre “la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.” (art 415.1)

 

6.- Que “el acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados”. (art 415.2)

 

7.- Que las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso son títulos que tienen aparejada ejecución (art 517)

 

8.- Que “Si el título (que tenga aparejada ejecución) dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el Secretario judicial responsable de la misma ordenará de inmediato lo que proceda según el contenido de la condena y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al título ejecutivo.”

 

Por tanto, no es correcto afirmar, como hace la DGRN que el acuerdo transaccional, aunque esté aprobado y homologado judicialmente, sigue siendo un acuerdo privado que para su inscripción registral necesite ser elevado a escritura pública.

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IMPROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA

 

En realidad, el hipotético otorgamiento de escritura pública es conceptualmente improcedente, pues no cabe hablar propiamente de elevar a público ante un funcionario público extrajudicial un acuerdo que ya está elevado a público y además aprobado, por un funcionario público judicial, y además, tan cualificado como lo es un juez o magistrado que se pronuncia mediante resolución que ha quedado firme, y todo ello documentado por el Letrado de la Administracion de Justicia, como único fedatario público habilitado para dar fe de las actuaciones judiciales.

 

Además, ese hipotético otorgamiento de escritura pública es tambien innecesario y redundante, pues todos los extremos esenciales a los que ha de extenderse un documento público, es decir, la identidad de los otorgantes, su comparecencia personal o por apoderado con poder especial, su capacidad jurídica y poder de disposición, y la prestación del consentimiento informado, necesariamente asistidos de abogado, ya han sido comprobadas, declaradas y acreditadas por la autoridad judicial, conforme a los preceptos citados.

Y todo ello ya ha sido debidamente documentado por un fedatario público, el Secretario Judicial (hoy Letrado de la Administracion de Justicia), que, como dice el articulo 281 de la LOPJ  “es el único funcionario competente para dar fe con plenitud de efectos de las actuaciones judiciales, correspondiéndole también la facultad de documentación en el ejercicio de sus funciones, ostentando el carácter de autoridad.”

*

IMPROCEDENCIA DE LA SIMPLE PROTOCOLIZACIÓN NOTARIAL

 

Tampoco es necesario proceder a la protocolización del testimonio del auto aprobatorio de la transacción judicial, como parece también exigir el registrador, y parece refrendar la DGRN alegando el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues, además de que tal precepto se refiere al procedimiento especial de la división judicial de patrimonios, y por tanto no es aplicable al caso que nos ocupa, que es un juicio ordinario de reclamación de cantidad, conforme al articulo 211 del Reglamento Notarial, el acta de protocolización lo único que acreditaría sería “el hecho de haber sido examinado por el Notario el documento que deba ser protocolado”, “la declaración de la voluntad del requirente para la protocolización o cumplimiento de la providencia que la ordene”, y el de “quedar unido el expediente al protocolo, expresando el número de folios que contenga y los reintegros que lleve unidos”.

 

Como se ha razonado, no resulta acertado negar al auto judicial de aprobación de una transacción el carácter de documento público. Como tampoco cabe negar tal carácter al testimonio de dicho auto firme expedido por el letrado de la administración de justicia.

 

Y si fuera cierta la hipótesis argumental del registrador, apoyada en la doctrina reciente de la DGRN, de que el acuerdo transaccional aprobado por el juez sigue siendo un acuerdo privado, (que no lo es), no sería congruente afirmar que con la protocolización notarial de ese supuesto acuerdo privado ya se estarían alcanzando los requisitos de formalización en documento público exigidos por el articulo 1280 del Codigo Civil y 3 de la Ley Hipotecaria.

 

* CONTRADICCIONES Y PARADOJAS DE LA DOCTRINA DE LA DGRN

 

Con el hecho de que la DGRN insista en mantener todavía hoy el criterio de que el acuerdo transaccional homologado judicialmente sigue siendo un acuerdo privado se producen llamativas contradicciones y paradojas, como por ejemplo:

 

1.- Que al acuerdo de transacción que intenta evitar la provocación de un pleito, y que se celebra como acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de justicia, nadie podría dudar de que le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Jurisdicción voluntaria, cuando proclama que “lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne”. Como tambien se le aplica lo dispuesto en el articulo 22 de la misma ley, es decir, que “Si (…) diera lugar a un hecho o acto inscribible en el Registro Civil, se expedirá testimonio de la resolución que corresponda a los efectos de su inscripción o anotación.”  Y que “Si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro.”

Y en cambio, resulta insostenible afirmar, como hace la DGRN, que si esa transacción se celebra con el pleito comenzado, y es aprobada por la autoridad judicial, tras comprobar la identidad, comparecencia, representación, capacidad jurídica, poder de disposición y consentimiento informado de las partes, se le niegue la consideración de convenio consignado en documento público y solemne, o se le niegue al testimonio o al mandamiento la de documento directamente inscribible en el cualquier registro público.

 

2.- O que a la resolución judicial de un juzgado o tribunal extranjero por la que se apruebe una transacción se le reconozca su condición de documento público inscribible en los registros jurídicos españoles, conforme a la Ley de cooperación jurídica internacional, y que en cambio, si la resolución procede de un juzgado o tribunal español se le niegue esa misma condición.

 

3.- O, lo que sería aún más llamativo y paradójico: que, por ejemplo, a un documento notarial extranjero se le admita su inscribibilidad en un registro público español comprobando que el notario extranjero “haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan el notario español la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen”.   Y que en cambio, a un documento judicial español, aunque esté dando fe de la identidad, capacidad, poder de disposición, consentimiento informado, etc, etc, del acuerdo transaccional, (que es en esencia lo mismo o más de lo que haría el notario español si el acuerdo se formalizara ante él, y además no es solo un acto de documentación y fe pública, sino también una acto de autoridad judicial con efecto de firmeza), se le niegue la inscribibilidad en el registro de la propiedad español.

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LA NECESARIA RECTIFICACIÓN DE CRITERIO

 

En definitiva, consideramos que la DGRN, a la vista de los preceptos legales y argumentos expuestos, debería revisar y revisar su doctrina reciente en esta materia:

 

De este modo, procedería mantener, como se ha reiterado en numerosas resoluciones de centro directivo que “Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial, no es menos cierto que para que dicho acuerdo sea inscribible en el Registro de la Propiedad deberán cumplirse los requisitos exigidos por la legislación hipotecaria

Pero también procedería rectificar y aclarar que el auto judicial (y su testimonio) por el que la autoridad judicial aprueba un acuerdo de transacción que pone fin a un pleito comenzado, en tanto que documento público y solemne que sin duda es, cumple sin duda alguna el requisito exigido por el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.

Como tambien cumplen tal requisito, en los supuestos de transacción o conciliación para evitar un pleito, la certificación registral, la escritura pública, o el decreto del Letrado de la Administración de Justicia en los que se formalice y documente al acuerdo de conciliación con avenencia.

Y todo ello, lógicamente, con independencia de lo que la calificación registral aprecie respecto de cumplimiento de los restantes requisitos legalmente exigibles en cada caso en función del contenido de cada concreto acuerdo transaccional.

 

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