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_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

Según la DGSJ, el recurso judicial contra sus resoluciones no suspende la ejecutividad de éstas. Comentario crítico J. Delgado.

Contenido:

* Introducción:

Comentamos aquí una sorprendente y preocupante resolución de la DGSJ, que a nuestro juicio tergiversa la interpretación de la ley para llegar a conclusiones erróneas, tratando de potenciar los efectos jurídicos de las resoluciones de la propia DG, menoscabando los de las sentencias que pudieran anularlas en recursos judiciales interpuestos contra ellas.

Con ello nos recuerda otros excesos interpretativos pasados del mismo Centro Directivo, como cuando ya fue censurado por el TS por pretender atribuirse mayor efecto vinculante a sus propias resoluciones administrativas que a las sentencias o jurisprudencia de los Tribunales.

O a la “picardía” que todavía hoy subsiste de publicar íntegras en el BOE sus propias resoluciones administrativas (para intentar que sus fundamentos jurídicos sean de público conocimiento y aplicación), y en cambio, de las sentencias que las revocan la DG sólo ordenar publicar en el BOE el fallo.

*

Lo que dice la Ley:

* Sobre el plazo ordinario para subsanar los defectos señalados en la nota de calificación:

En el caso de que se suspendiera la inscripción por faltas subsanables del título y no se solicitare la anotación preventiva, podrán los interesados subsanar las faltas en los sesenta días que duran los efectos del asiento de presentación. Si se extiende la anotación preventiva, podrá hacerse en el tiempo que ésta subsista, según el artículo 96 de esta Ley. (Art 66 LH)

* Sobre la posibilidad de recurrir la nota de calificación:

Los interesados podrán reclamar contra el acuerdo de calificación del registrador, por el cual suspende o deniega el asiento solicitado. La reclamación podrá iniciarse ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o bien directamente ante el Juzgado de Primera Instancia competente . … En el caso de recurrir contra la calificación, … los términos expresados … quedarán en suspenso desde el día en que se interponga la demanda o el recurso hasta el de su resolución definitiva.  (Art 66 LH) (Art 66 LH)

La misma idea la repite el articulo 324 al decir que “Las calificaciones negativas del registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en la forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o ser impugnadas directamente ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose, en la medida en que le sean aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 328 de esta Ley.” …

Si se interpone recurso ante la Dirección General, “el plazo para practicar los asientos procedentes, si la resolución es estimatoria, o los pendientes, si es desestimatoria, empezará a contarse desde que hayan transcurrido dos meses desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, a cuyo efecto, hasta que transcurra dicho plazo, seguirá vigente la prórroga del asiento de presentación. En caso de desestimación presunta por silencio administrativo, la prórroga del asiento de presentación vencerá cuando haya transcurrido un año, y un día hábil, desde la fecha de la interposición del recurso gubernativo. En todo caso será preciso que no conste al registrador interposición del recurso judicial a que se refiere el artículo siguiente”

 

* Sobre la posibilidad de que los interesados no recurran la nota de calificación, sino que contiendan entre sí:

Sin perjuicio de ello, podrán también acudir, si quieren, a los Tribunales de Justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la validez o nulidad de los mismos títulos. (Art 66 LH)

En este supuesto, “el procedimiento judicial en ningún caso paralizará la resolución definitiva del recurso. Quien propusiera la demanda para que se declare la validez del título podrá pedir anotación preventiva de aquélla, y la que se practique se retrotraerá a la fecha del asiento de presentación ; después de dicho término no surtirá efecto la anotación preventiva de la demanda sino desde su fecha”

 

* POR TANTO:

La ley distingue claramente entre:

1.- el recurso contra la nota de calificación (puede ser recurso administrativo, o recurso judicial directo, o primero uno y luego recurso judicial contra la resolución administrativa del recurso, el cual recurso judicial suspende la ejecutividad de la calificación registral y/o de resolución administrativa que la confirme o revoque, y por tanto, produce la prórroga del asiento del presentación del procedimiento registral en el que recayó dicha nota de calificación hasta la resolución definitiva del recurso y su firmeza)

2.- la posibilidad de que los interesados se demanden entre sí sobre la validez o nulidad del título (esto no es un recurso contra la nota de calificación, ni por tanto afecta de manera directa a la resolución del recurso propiamente dicho, ni a la vigencia del asiento de presentación).

 

* Lo que dice la DG:

Resolución de 21 de marzo de 2022, Publicado en BOE» núm. 86, de 11 de abril de 2022 PDF

en recurso contra la calificación negativa de la registradora mercantil VI de Madrid, que se supone que cuenta con la conformidad de los demás cotitulares del registro mercantil de Madrid.

 

Cuestión que se plantea:

“El debate planteado en este expediente atañe a la pretendida suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentación en caso de impugnación judicial de la resolución administrativa que puso fin al procedimiento iniciado con el recurso.

Sostiene la registradora en la nota impugnada que la finalización de esa interrupción (o suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentacion) está supeditada únicamente al dictado de la resolución expresa, argumentando que la demanda judicial no se dirige contra la calificación, sino contra la resolución administrativa que pone fin al procedimiento iniciado con el recurso. Entiende el recurrente, por el contrario, que la interrupción debe mantenerse también durante la tramitación de la posterior impugnación judicial, dado que la firmeza de la nota de calificación depende de la sentencia que en su día recaiga.

Y la DG concluye afirmando lo siguiente:

“en el último inciso del párrafo undécimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, conforme al que «en todo caso [para cancelar el asiento se presentación] será preciso que no conste al registrador interposición del recurso judicial a que se refiere el artículo siguiente», la alusión al recurso judicial únicamente puede entenderse referida al proceso iniciado para contender entre las partes acerca de la eficacia o ineficacia del acto o negocio contenido en el título calificado cuando el juez hubiera ordenado la anotación preventiva de demanda en las condiciones previstas en el último párrafo del referido artículo 328.”

 

* Comentario crítico:

Con tal afirmación, la DG lo mezcla y confunde todo, de manera claramente errónea, y, lo que es peor, interesada, para pretender conseguir que a las resoluciones del recurso gubernativo NO se les aplique la regla de que “para practicar los asientos procedentes, si la resolución es estimatoria, o los pendientes, si es desestimatoria …será preciso que no conste al registrador interposición del recurso judicial”,  lo cual implica, efectivamente, “la suspensión automática de las Resoluciones de esta Dirección General por el simple hecho de haber interpuesto recurso judicial frente a ellas”, sino que pretende la DG que se aplique la regla contraria.

En efecto,  la propia DG dice que esa suspensión automática era “insólita” y dice que fue suprimida, y se inventa y aplica la regla contraria: la de que NO existe “la suspensión automática de las Resoluciones de esta Dirección General por el simple hecho de haber interpuesto recurso judicial frente a ellas”.

Además, dice la DG que esa “suspensión automática de la ejecutividad de un acto administrativo por el simple hecho de la interposición de un recurso judicial frente al mismo” resulta  “discordante con el desenvolvimiento ordinario del principio de autotutela administrativa, por el que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos (artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), y cuya articulación con la tutela jurisdiccional se produce a través del recurso contencioso-administrativo, en el que la suspensión se presenta como una medida cautelar que el juez puede adoptar a instancia de parte (artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).”

No se sabe a cuento de qué invoca la DG legislación y principios legales no aplicables al caso, en el que es claro que la tutela jurisdiccional frente a las resoluciones de la DG en materia de recursos gubernativo no se produce a través del recurso contencioso administrativo, como dice la DG, sino mediante su impugnación en la jurisdicción civil.

Este disparate interpretativo, no sólo erróneo, sino sospechosamente interesado, quizá puede tener consecuencias leves en el ámbito en el que se ha dictado del recurso contra calificaciones de registradores mercantiles (donde el principio de prioridad registral tiene un juego y aplicación muy limitado), pero sin duda tendría consecuencias dramáticas aplicado al ámbito del registro de la propiedad, donde el principio de prioridad registral opera con todas sus consecuencias.

Por ejemplo: el titular registral vende el mismo día la finca la misma finca a dos personas, A y B. Se presentan primero la compra de A y luego la compra de B. El registrador califica negativamente la compra de A, por algún defecto que la DG confirma en el recurso administrativo, y que A recurre judicialmente.

Según la DG, aunque conste la interposición de ese recurso judicial interpuesto, y por tanto, conste que la nota de calificación negativa no es firme aún, el registrador debe cancelar el asiento de presentación de la compra de A a los dos meses desde que se publicó la resolución DG en BOE, y despachar e inscribir (si no tiene defectos propios) la compra de B.

Y para cuando se dicte sentencia judicial que revoque la resolución administrativa de la DG, y con ello revoque la calificación registral negativa, y ordene inscribir a favor de A, su asiento de presentación ya estará caducado y la finca inscrita a favor de B, con lo que la sentencia carecerá de efectividad alguna.

Según la doctrina de DG, para evitar eso, quien quiera recurrir judicialmente la resolucion de la DG no sólo tendría que hacerlo interponiendo la demanda en el plazo de dos meses desde la publicación de la resolución DG en el BOE, (como exige la ley) sino, además, tendría que obtener y presentar dentro de ese mismo plazo inicial de dos meses el mandamiento de anotación preventiva de su demanda (con la probable obligación de prestar caución o garantía y además la segura de pagar el impuesto de actos jurídicos documentado por la anotación de la demanda), todo lo cual no lo exige la ley, sino que se lo inventa la DG en perjuicio de quien se atreva a recurrir judicialmente sus resoluciones, si es que quiere asegurar la efectividad de la sentencia final.

Y es que, le guste o no a un registrador, el recurso administrativo o judicial contra su calificación negativa suspende de pleno derecho su ejecutividad y, si se interpone en plazo, prorroga el asiento de presentación. Esto lo tienen asumido, lógicamente y con total naturalidad, todos los registradores.

Y, le guste o no a la DG, el recurso judicial contra su resolución de un recurso gubernativo (confirmado o revocando la calificación registral), también suspende de pleno derecho su ejecutividad y, si se interpone en plazo, y se acredita al registrador, prorroga el asiento de presentación sin necesidad de anotación preventiva, ni caución, ni devengo de impuesto alguno.

Y en esta desafortunada resolución que comentamos, parecería que a la DG le cueste asumir que esto es así.

 

Comentario final:

Dice la DG que “la vigencia de asiento de presentación del documento cuya calificación dio lugar a la Resolución de 15 de julio de 2021, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el día 29 de julio de 2021, desestimatoria del recurso, se extinguió el día 29 de septiembre de 2021, a los dos meses de la publicación de la desestimación (artículo 327, párrafo undécimo, de la Ley Hipotecaria),”   ( y hasta aquí tiene razón) y añade  “sin que en ningún caso hubiera podido afectar a este extremo la impugnación judicial de la Resolución” (y aquí no la tiene, pues la demanda se interpuso el 28 de septiembre de 2021, es decir, dentro del plazo legal de dos meses).

El verdadero problema (y esto es lo que debería haber dicho tanto la registradora como la DG) fue que la comunicación a la registradora de haber interpuesto la demanda dentro del plazo de los dos meses se produjo el 29 de octubre de 2021, es decir, ya fuera de ese plazo de dos meses.

Por tanto, no habiéndose utilizado este argumento, sino el de que “en ningún caso hubiera podido afectar a la vigencia del asiento de presentación  la impugnación judicial de la Resolución”, debemos criticar esta afirmación,  tanto de la registradora, como, se supone, de todos sus compañeros en el registro mercantil de Madrid, y de la DGSJ, por resultar claramente errónea y contraria a Derecho.

 

 

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