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_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

JOSE MANUEL GARCIA GARCIA: COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN DE 28-11-2022(1ª) ACERCA DEL  ARTÍCULO 210.1.8ª LH.

Contenido:

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN SOBRE LA DISCUSIÓN ACERCA DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 (1ª) ACERCA DEL  ARTÍCULO 210.1.8ª LH.

Concretamente, la cuestión que se plantea en esta Resolución es si, dado que no resulta aplicable el artículo 82.5º LH para la cancelación de una condición resolutoria en garantía de prestaciones de alimentos y de una prohibición de disponer, partiendo de que los beneficiarios de las mismas tienen derecho vitalicio, es si cabe aplicar la caducidad de 20 años a que se refiere el artículo 210.1.8ª, párrafo 2º LH partiendo de que se ha acreditado el fallecimiento de los alimentistas titulares y que han transcurrido 20 años a partir de dicho fallecimiento, sin que en el Registro conste ninguna acción de reclamación de las prestaciones.

La Resolución de 28 de noviembre de 2022 (1ª) entiende que cabe la cancelación por caducidad de 20 años desde el fallecimiento, de la condición resolutoria y prohibición de disponer que garantizan el pago de las prestaciones.

La objeción razonable que se plantea por Carlos Miguel Rivas es la falta de argumentación y confusionismo de la Resolución, y creo que en este punto hay que confirmar lo que dice el compañero. Pero aun siendo así, y también que toda decisión jurídica debe expresar los argumentos y fundamentos de la misma desde un punto de vista objetivo y partiendo del texto legal para no convertirse en un constructivismo inaporpiado para el Derecho, sin embargo, creo que, dándolel algunas vueltas al asunto, y salvo otras opiniones (desde luego las de los dos compañeros que han escrito sobre ello) creo que la solución que ofrece la Resolución es adecuada, y quizá entre líneas pueda verse algún atisto de “argumentación”, y si no fuera así, intento a continuación añadir lo que podría considerarse una justificación de la solución adoptada por dicha Resolución desde mi particular punto de vista.

Es cierto, por tanto, que no se explica de modo suficiente por parte de la Resolución la aplicación del párrafo 2º del artículo 210.1.8ª LH, pues la Resolución se limita a decir al final que es aplicable el citado precepto “cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada (lo que ocurre en el presente caso ya que dicha fecha no es otra que la fecha del fallecimiento del último de los alimentistas titulares), cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía.” Y termina diciendo: “Por tanto, en el presente caso, que han trascurrido más de veinte años desde el fallecimiento del último de los titulares registrales del derecho de alimentos, cabe la cancelación de la condición resolutoria y de la prohibición de disponer, sin necesidad del consentimiento de los titulares registrales o de sus herederos.”

 

Procede distinguir los dos presupuestos para la aplicación del precepto en cuestión, al hilo de lo que dice la Resolución:

1º) Dice en primer lugar que es aplicable el artículo 210.1.8ª.2º LH “Cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada (lo que ocurre en el presente caso ya que dicha fecha no es otra que la fecha del fallecimiento del último de los alimentistas titulares).

La cuestión es si la Resolución, al decir “lo que ocurre en el presente caso”, se quiere referir a una frase negativa o afrimativa. Es decir, si en el paréntesis se refiere que “no consta tal fecha en el Registro” o si en este caso “consta tal fecha en el Registro”. La cuestión es importante, pues si no consta tal fecha en el Registro es aplicable el párrafo 2º de la regla 8ª del artículo 210, pero si consta tal fecha en el Registro, entonces no es aplicable dicho párrafo 2º, pues así resulta del precepto.

Desde luego que en principio tal fecha (la relativa a que debió produirse el pago íntegro de la obligación garantizada) no consta en el Registro, al menos directamente, pues en primer lugar no consta la fecha de fallecimiento del último de los titulares sino que se acredita por el solicitante al mismo tiempo que se solicita la cancelación; y en segundo lugar, la fecha del fallecimiento no es exactamente la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, pues esto debe producirse con anterioridad a todo lo largo del período de la vida de los titulares del derecho de alimentos. Por ello, la fecha del fallecimiento no es propiamente la fecha del “pago íntegro” sino la fecha de “extinción de la obligación de pago a partir de lo sucesivo”, pues se trata de un derecho vitalicio.

O sea que si partimos de que con un poco de buena voluntad ciertamente, podría entenderse que en este caso no consta una fecha relatival pago, pues no hay un plazo ni una fecha determinada en el Registro, o sea que no hay una fecha de “vencimiento de la obligación de pago” sino una fecha de “extinción de la obligación de pago”, podríamos considerar que se trata del supuesto del párrafo 2º de la regla 8ª, que es el que pretende aplicar la Resolución.

2º) Pero además, la Resolución hemos visto que añade que “han transcurrido veinte años desde el fallecimiento del último de los titulares registrales del derecho de alimentos” por lo que cabe la cancelación de la condición resolutoria y de la prohibición de disponer. Ahora bien, el párrafo 2º de la regla 8ª del artículo 210 LH se refiere al cómputo a partir “de la fecha del último asiento en que conste la relamación de la obligación garantizada” (que incluso podría ser la reclamación con posterioridad al fallecimiento, si no se pagaron con anterioridad al fallecimiento los gastos de tales alimentos y lo insta un heredero como causahabiente del titular). Y lo que es cierto que ese cómputo no puede aplicarse en este caso, pues no existe un “último asiento sobre tal reclamación” (que podría ser una anotación de demanda). Ahora bien, antes que acudir a la aplicación subsidiaria del plazo de 40 años (que es desde la titularidad del derecho y aquí sería absurdo), habrá que analizar si en el presente caso en que no existe un “último asiento sobre la reclamación”, se aplica también el plazo de 20 años porque existe la “fecha del fallecimiento del titular del derecho vitalicio” sin que conste ninguna reclamación, es decir, si se puede equiparar “la falta de reclamación” a partir de la “extinción de la obligación de pago” al supueto de un “último asiento sobre la reclamación” cuando éste no existe, y por tanto, parecería lógico que si al último asiento sobre la reclamación se le concede el valor de “cómputo” de los 20 años parece que también debería servir de cómputo de los 20 años la fecha del fallecimiento que demuestra que no ha habido ningún último asiento sobre tal reclamación y que la relación jurídica se ha extinguido, ni tampoco lo hay dentro de los últimos 20 años.

Creo que si se hace esta interpretación, quizá un tanto forzada desde el punto de vista literal, la solución de la Resolución sería aceptable, pues otras posibilidades no creo que puedan darse en este caso, ni la de la analogía del último párrafo del artículo 157 LH pues se refiere a un supuesto distinto que es el de la hipoteca en garantía del pago de pensiones o prestaciones periódicas, que es un derecho real distinto de la condición resolutoria, ni tampoco el plazo de 40 años pues se cuenta desde la titularidad inscrita, y en este caso, podría darse el absurdo de que si el titular de alimentos cedió cuando era joven habrían podido pasar los 40 años y seguir existiendo la obligación de pago durante su vida, ni tampoco el párrafo 1º del artículo 210 regla 8ª, pues se refiere a “derechos de opción, retractos convencionales y cualesquiera otros derechos o facultades de configuración jurídica”, y la condición resolutoria puede considerarse como una “facultad derivada de un pacto del contrato y accesoria al derecho”, pero no un derecho de configuración jurídica, que es la figura de los derechos potestativos similares a los que enumera el precepto (a pesar de un cierto pasaje de una Resolución de 2019 aludiendo a la condición resolutoria que no es derecho real sino considerada por unos como derecho potestativo y por otros como facultad jurídica). No creo que pueda aplicarse aquí la figura de los derechos de configuración o modificación jurídica propia de los derechos potestativos que son los del párrafo 1º de la regla 8ª y también los del párrafo 1º del artículo 177 RH en los que, por cierto, entiende que es consustancial que tengan fijado o se les fije un plazo de ejercicio.

Y todo ello sin entrar en el tema de la prohibición de disponer que se ha pactado también como garantía junto a la condición resolutoria, pero que ya consta inscrita en el Registro y ya no cabe plantear si es en acto a título oneroso o gratuito, pero sí como un supuesto especial en que se trataría de otra garantía que desde luego no es un derecho potestativo.

 

José Manuel García, 9 de enero de 2023

 

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