* I. Objeto del dictamen
El presente dictamen expone la doctrina de la Dirección General sobre la conciliación registral del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria en el ámbito del Registro de la Propiedad. Examina los siguientes extremos:
a) El ámbito material de la conciliación. Se trata de determinar si comprende únicamente las controversias sobre actos inscribibles o ya inscritos, o también las relativas a linderos, gravámenes, servidumbres, deslindes y situaciones conectadas con los expedientes de los artículos 199 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
b) Los requisitos exigibles para la admisión de la solicitud y el procedimiento previo ante el registrador.
c) La existencia o no de una competencia territorial exclusiva del registrador.
d) El efecto del documento en que culmina la conciliación, su eventual consideración como título inscribible y su calificación registral.
* II. Antecedentes
La cuestión se plantea en términos abstractos, sin un supuesto de hecho concreto. Se parte de que un interesado pretende promover ante el registrador de la Propiedad un acto de conciliación sobre una controversia relativa a uno o varios inmuebles. Dicha controversia puede referirse a su titularidad, a su delimitación o linderos, a la existencia de gravámenes o servidumbres, o a obstáculos surgidos en expedientes registrales de concordancia. Se parte, asimismo, de que, alcanzada la avenencia, puede pretenderse su reflejo registral.
* III. Normativa aplicable
- Ley Hipotecaria: artículos 1, párrafo tercero; 3; 9; 10.5; 19 bis; 21; 38; 42; 103 bis, apartados 1 y 2, incluida la exclusión de las cuestiones previstas en la Ley Concursal; 199; 200; 205; 207; 209; y 254.
- Reglamento Hipotecario: artículos 51 y 102.
- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria: artículos 22 y 147.1.
- Ley de Enjuiciamiento Civil: artículo 517.2.9.º.
* IV. Doctrina de la Dirección General
1. Antecedente: el convenio en conciliación judicial
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 2003 (BOE de 19 de junio de 2003) examinó un testimonio de acta de conciliación celebrada ante un Juzgado de Primera Instancia. En ella las partes convenían la compraventa de una finca. La Dirección General confirmó la negativa del registrador, fundada en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
La resolución declaró que dicho precepto exige el documento auténtico congruente con la naturaleza del acto inscribible, y no cualquiera indistintamente. En cuanto a la conciliación judicial, recordó que, conforme al artículo 476 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, lo convenido tiene en ciertos casos el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne, «si bien ello no significa que sea título inscribible, ya que cuando el acuerdo entre los interesados tiene lugar no es, fundamentalmente, más que un acuerdo entre partes y los convenios conciliatorios no tiene las garantías de las resoluciones judiciales ni de las transacciones u otros contratos autorizados por Notario».
Este pronunciamiento se refiere a la conciliación judicial bajo la legislación procesal entonces vigente, no a la conciliación registral del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria.
2. Incompatibilidad del registrador
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 24 de septiembre de 2020 (BOE de 9 de octubre de 2020) resolvió un supuesto de conciliación registral solicitada ante un Registro Mercantil, en el que el registrador se declaró incompatible por amistad manifiesta con un interesado.
La Dirección General aplicó el artículo 102 del Reglamento Hipotecario. Precisó que el cuadro de sustituciones aplicable a las interinidades rige también en las situaciones de incompatibilidad, sin que quepa confundirlo con el cuadro de calificación sustitutoria del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, estimó el recurso y ordenó la remisión del expediente al registrador competente conforme al cuadro de interinidades.
3. Actuación del registrador al margen de la calificación y límites materiales
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de enero de 2024 (BOE de 8 de marzo de 2024) desestimó el recurso contra la negativa de una registradora mercantil a abrir una conciliación sobre la no aprobación de cuentas anuales. La registradora consideró que la aprobación de las cuentas es competencia exclusiva de la junta general y queda, por tanto, fuera de su competencia.
Con carácter previo, la resolución delimita el ámbito de las solicitudes que no se dirigen a alterar el contenido del Registro, sino a que el registrador desarrolle actividades fundadas en atribuciones competenciales distintas de la calificación. Para ello recuerda su doctrina sobre la designación de auditor y otras funciones análogas. Declara que el registrador tiene atribuida la competencia legal para determinar si concurren los requisitos legalmente exigibles para ejercerla. Advierte que lo expuesto, ceñido al Registro Mercantil, es plenamente aplicable al Registro de la Propiedad.
4. Defectos formales opuestos a una solicitud de conciliación
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 13 de septiembre de 2023 (BOE de 25 de octubre de 2023) se dictó en un recurso contra la denegación conjunta de un expediente de doble inmatriculación y de una conciliación registral. Respecto de la conciliación, la registradora opuso la omisión de los siguientes extremos:
- los datos de identificación del requerido o requeridos;
- el domicilio en que pudieran ser citados;
- el objeto de la conciliación y el de la avenencia;
- la posible implicación de una finca de titularidad pública.
El recurso fue desestimado. Los fundamentos de la resolución se centran en la queja formulada contra la registradora y en la doble inmatriculación, sin que conste un pronunciamiento específico de la Dirección General sobre cada uno de los defectos opuestos a la conciliación.
5. La conciliación como vía para una georreferenciación consentida
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de abril de 2024 (BOE de 17 de mayo de 2024) recuerda doctrina anterior del Centro Directivo. Conforme a ella, si la representación gráfica no es inscribible por albergar el registrador dudas fundadas sobre la invasión de otra finca inscrita o del dominio público, procede denegar y no suspender. La razón es que, para resolver esas dudas fundadas, debe presentarse una georreferenciación distinta de la presentada, consentida por ambos titulares, obtenida por alguna de estas vías:
- un expediente de deslinde del artículo 200 de la Ley Hipotecaria;
- una conciliación registral del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria;
- la aprobación de la autoridad judicial en el correspondiente expediente.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de marzo de 2026 (BOE de 17 de junio de 2026) reitera que la georreferenciación inscrita goza de la presunción derivada de los artículos 10.5 y 38 de la Ley Hipotecaria. Queda bajo la salvaguardia de los tribunales conforme al artículo 1, párrafo tercero, de dicha ley, de modo que su rectificación precisa el consentimiento del titular registral o una resolución judicial dictada en procedimiento en que este haya sido parte.
La misma resolución da noticia de una excepción a esta doctrina constante, motivada por circunstancias excepcionales. En aquel caso, la georreferenciación invadida procedía de una inmatriculación por título público del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, cuyas notificaciones se practicaron tras la inmatriculación y sin haber transcurrido los dos años del artículo 207. Tales circunstancias no concurrían en el caso resuelto en 2026.
6. Doctrina sobre el ámbito, los requisitos y los efectos
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026) estimó el recurso contra la negativa a tramitar una conciliación sobre una controversia de linderos entre dos fincas registrales.
a) Ámbito. Del tenor literal del artículo 103 bis se desprende que la conjunción «o» distingue, de una parte, «cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil» y, de otra, las controversias que versen sobre hechos o actos inscribibles. Por ello, la competencia es independiente de que la pretensión sea inscribible o de que el eventual acuerdo lo sea. Tampoco es determinante que el acuerdo pueda derivar en una mutación jurídico-real, ni que se reúnan todos los requisitos desde el momento inicial.
En el caso, la resolución calificó la concreción de linderos de varias fincas registrales como controversia inmobiliaria. Declaró que la pretensión tenía carácter eminentemente real, ya que puede derivar de la presunción del artículo 38 de la Ley Hipotecaria. Recordó, además, la doctrina sobre la anotación preventiva de demanda del artículo 42 y afirmó que la enumeración de materias conciliables es más amplia que la del artículo 42.1.º, al abarcar cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil que entre en la competencia del registrador.
b) Requisitos. Reiterando doctrina anterior, la resolución declara que «no cabe confundir los requisitos necesarios para iniciar el expediente con los requisitos necesarios para concluirlo, ni siquiera con los que se precisan en su caso para la inscripción». El registrador había opuesto que los datos identificativos de las partes no estaban completos, y el defecto fue revocado.
La Dirección General razonó que, como el propio registrador señalaba, tales cuestiones solo son exigibles para practicar la inscripción, según los preceptos que regulan el cierre registral por falta de acreditación del pago del impuesto (artículo 254 de la Ley Hipotecaria), los datos identificativos (artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario) y la titulación pública (artículo 3 de la Ley Hipotecaria). Por tanto, no serán exigibles hasta que se pretenda la inscripción del acuerdo.
c) Efectos. El artículo 103 bis.2 dispone que el registrador certificará la avenencia o que se intentó sin efecto o avenencia, y que la certificación tendrá eficacia ejecutiva en los términos del artículo 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La resolución recuerda doctrina anterior relativa a la conciliación ante letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores: «consecuencia de la intervención de los citados fedatarios y dado que el acuerdo final de las partes se va a recoger en un acta intervenida por el funcionario correspondiente, a la misma se le va a reconocer el carácter de documento público y con plena fuerza ejecutiva». Esa doctrina se apoya en el artículo 147.1 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, referido al testimonio del acta junto con el decreto del Secretario judicial o el auto del Juez de Paz, que añade: «A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne». Existiendo norma específica de ejecución, no es aplicable el artículo 22 de dicha ley.
d) Inscripción. La competencia para conocer del acto de conciliación no se extiende, con carácter general, a la autorización de los documentos públicos inscribibles necesarios para inscribir el acuerdo. Se salvan supuestos excepcionales en que ello pudiera entrar en la competencia del registrador, como podría ocurrir en la doble inmatriculación (artículo 209 de la Ley Hipotecaria).
Para inscribir, deberán presentarse los documentos correspondientes, iniciando un nuevo procedimiento registral en el que el registrador calificará y practicará la inscripción si se cumplen los requisitos formales. Deberán observarse las formalidades necesarias, en especial las del artículo 3 de la Ley Hipotecaria.
* V. Análisis del supuesto
1. Ámbito material
Conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026), la conciliación registral no se limita a actos inscribibles o ya inscritos, pues alcanza las controversias inmobiliarias aunque ni la pretensión ni el acuerdo sean inscribibles. Una controversia sobre linderos de fincas registrales fue considerada, en el caso resuelto, controversia inmobiliaria susceptible de conciliación. Los límites resultan del propio artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria: la materia indisponible y las cuestiones previstas en la Ley Concursal.
La doctrina de la Dirección General no contiene un pronunciamiento específico sobre gravámenes o servidumbres. A favor de su inclusión cabe invocar la amplitud de la expresión legal, más extensa que la del artículo 42.1.º de la Ley Hipotecaria según la resolución citada, y la irrelevancia de que el acuerdo sea inscribible. En contra, solo podría oponerse que el caso resuelto versaba sobre linderos. La conclusión favorable es fruto de la aplicación de la doctrina, no de un pronunciamiento expreso.
En materia de georreferenciación, la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de abril de 2024 (BOE de 17 de mayo de 2024) menciona la conciliación registral, junto con el deslinde del artículo 200 y la aprobación judicial, como vía para obtener una georreferenciación distinta consentida por ambos titulares, con la que resolver las dudas fundadas de invasión de otra finca inscrita. Ello es coherente con la exigencia de consentimiento del titular registral para rectificar la georreferenciación inscrita, reiterada por la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de marzo de 2026 (BOE de 17 de junio de 2026), con la salvedad excepcional que esta misma resolución refiere.
2. Requisitos y procedimiento previo
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de enero de 2024 (BOE de 8 de marzo de 2024) confirma que el registrador aprecia si concurren los requisitos legales para ejercer su competencia. En el caso, confirmó el rechazo de una conciliación sobre una materia atribuida en exclusiva a la junta general.
En cuanto a los requisitos de la solicitud, la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026) revocó el defecto consistente en la falta de datos identificativos completos de las partes. Consideró tales datos, como los demás requisitos vinculados a los artículos 254, 9, 21 y 3 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario, propios de la inscripción. En ese caso, los solicitantes habían aportado los datos de contacto de la entidad requerida.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 13 de septiembre de 2023 (BOE de 25 de octubre de 2023) se dictó en un supuesto en que se habían opuesto, entre otros defectos, la omisión de los datos de identificación y el domicilio del requerido y del objeto de la conciliación y de la avenencia. Sin embargo, no consta en ella un pronunciamiento específico sobre esos defectos. Por ello, no puede afirmarse con base en la doctrina qué elementos concretos son imprescindibles para iniciar la tramitación, más allá de la regla de que no son exigibles en ese momento los requisitos propios de la inscripción.
En caso de incompatibilidad del registrador, la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 24 de septiembre de 2020 (BOE de 9 de octubre de 2020) impone la remisión del expediente conforme al cuadro de sustituciones, por aplicación del artículo 102 del Reglamento Hipotecario.
3. Competencia territorial
La doctrina de la Dirección General no contiene declaración alguna sobre la existencia o inexistencia de una competencia territorial exclusiva del registrador en materia de conciliación. El artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria se refiere a controversias o actos de los registros «que sean de su competencia» y permite a los interesados optar entre registrador, notario o secretario judicial. Fuera de ello, la doctrina no permite afirmar ni negar una regla de exclusividad territorial.
4. Eficacia del documento resultante y calificación
La certificación de avenencia tiene eficacia ejecutiva por disposición del artículo 103 bis.2 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026) recuerda la doctrina que reconoce carácter de documento público al acta intervenida por el fedatario. La equiparación al valor de convenio en documento público y solemne procede del artículo 147.1 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, referido a la conciliación ante el Secretario judicial o el Juez de Paz.
La doctrina no reconoce a la certificación, con carácter general, la condición de título inscribible por sí misma. La inscripción del acuerdo exige un nuevo procedimiento registral con presentación de la documentación correspondiente, calificación y observancia de las formalidades necesarias, en especial las del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. Se salvan los supuestos excepcionales en que la autorización del documento inscribible entre en la competencia del registrador, como podría suceder en la doble inmatriculación.
La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de mayo de 2003 (BOE de 19 de junio de 2003), que negó el carácter de título inscribible a un convenio de compraventa alcanzado en conciliación judicial, constituye un antecedente referido a esa modalidad de conciliación y a la legislación procesal entonces vigente.
La doctrina de la Dirección General no contiene pronunciamiento sobre otros preceptos que pudieran atribuir al acta de conciliación la condición de título inscribible, por lo que no cabe formular conclusión al respecto.
* VI. Conclusiones
1. Conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026), la competencia del registrador para la conciliación del artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria comprende cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil, con independencia de que la pretensión o el acuerdo sean inscribibles, dentro de los límites que el propio precepto establece respecto de la materia indisponible y de las cuestiones previstas en la Ley Concursal.
2. Una controversia sobre la concreción de linderos de fincas registrales fue considerada controversia inmobiliaria susceptible de conciliación registral; respecto de gravámenes y servidumbres no existe pronunciamiento específico, si bien la amplitud del precepto, más extensa que la del artículo 42.1.º de la Ley Hipotecaria, permite sostener su inclusión.
3. Según la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 26 de abril de 2024 (BOE de 17 de mayo de 2024), la conciliación registral es una de las vías, junto con el deslinde del artículo 200 de la Ley Hipotecaria y la aprobación judicial, para presentar una georreferenciación distinta consentida por ambos titulares que resuelva las dudas fundadas de invasión de otra finca inscrita.
4. El registrador aprecia si concurren los requisitos legales para ejercer su competencia, y procede rechazar la conciliación sobre materias ajenas a ella, como se confirmó en la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 29 de enero de 2024 (BOE de 8 de marzo de 2024) respecto de la aprobación de cuentas anuales, competencia exclusiva de la junta general.
5. Para iniciar la conciliación no cabe exigir los requisitos propios de la inscripción, y en particular no puede oponerse la falta de datos identificativos completos de las partes, conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2026 (BOE de 22 de octubre de 2026).
6. En caso de incompatibilidad del registrador, el expediente debe remitirse al registrador que corresponda conforme al cuadro de sustituciones, por aplicación del artículo 102 del Reglamento Hipotecario, y no conforme al cuadro del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, según la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 24 de septiembre de 2020 (BOE de 9 de octubre de 2020).
7. La doctrina de la Dirección General no se pronuncia sobre la existencia de una competencia territorial exclusiva del registrador en materia de conciliación, por lo que no cabe afirmarla ni negarla con base en ella.
8. La certificación de avenencia tiene eficacia ejecutiva en los términos del artículo 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la Dirección General reconoce al acta intervenida por el fedatario el carácter de documento público.
9. La competencia para conciliar no se extiende, con carácter general, a la autorización de los documentos públicos inscribibles, salvo supuestos excepcionales como podría ser la doble inmatriculación del artículo 209 de la Ley Hipotecaria; la inscripción del acuerdo exige un nuevo procedimiento registral, con presentación de la documentación correspondiente, calificación y observancia de las formalidades necesarias, en especial las del artículo 3 de la Ley Hipotecaria.






































