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....Contenidos útiles para la práctica registral.....Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad. Notario)

TITULAR:

REGISTROS Y BLOCKCHAIN. Manuel Alcázar Molina

Contenido:

 

REGISTROS Y BLOCKCHAIN

Manuel-G. Alcázar Molina

Profesor Universidad de Jaén (España)

malcazar@ujaen.es

 

El Catastro, el Registro de la Propiedad y el Notariado se encuentran en un momento de intensa cooperación, apuntalada sobre la Ley 13/2015. Cierto es que son muchos los problemas que se están planteando, originados por la diversidad de realidades inmobiliarias y las particularidades de cada registro; pero se está buscando una aproximación real y efectiva de los datos que cuantifican e identifican el bien, y de los derechos que se esgrimen sobre el mismo.

 

El modelo catastral-registral español se ha construido durante décadas, siendo hoy una referencia internacional (especialmente en Latinoamérica). La seguridad y agilidad en el tráfico jurídico inmobiliario, y el uso plural de la información catastral, los ha consolidado plenamente en el panorama administrativo, particular y empresarial. Cierto es que aún queda camino por recorrer, pues el territorio está en permanente transformación; pero las herramientas de que se dispone son las adecuadas.

 

Continua evolución anima a que se investigue en nuevas tecnologías que incrementen la eficiencia del modelo (lo más importante); y lo hagan a un coste asumible, en tiempo y dinero, con la vista puesta en prestar mejores servicios a la ciudadanía.

 

El blockchain (cadena de bloques), de la mano de bitcoin, ha entrado a formar parte del vocabulario habitual. Y lo ha hecho en base al enorme potencial que se le ha detectado en infinidad de campos de actuación; y entre ellos los registros y notariado. En concreto, y a modo de referencia, en Georgia, Suecia, Ucrania, Reino Unido, Honduras, Ghana,[1]…, se están diseñando modelos para el uso de blockchain en la gestión integral de los registros catastrales; imbricándolos con otros administrativos, jurídicos y privados. También instituciones internacionales, como el Instituto Libertad y Democracia[2] (ILD), promueven esta línea de actuación; considerando el blockchain como la tecnología que favorecerá la salida de la pobreza de millones de pequeños titulares de predios, que no cuentan con documentación acreditativa de sus derechos inmobiliarios y, en consecuencia, no pueden garantizar la tenencia[3].

 

Esta tecnología se articula sobre una base de datos distribuida, no centralizada (Figura 1), formada por bloques de información digital. Cada uno de estos bloques se enlaza con el bloque inmediato anterior, formando cadenas (públicas o privadas) compartidas por todos los participantes que tengan el correspondiente permiso, mediante un sistema hash. La información se almacena de forma dinámica y segura, y una vez publicada no puede ser modificada; solo visualizada y verificada por quien tenga el correspondiente acceso.

 

Su estructura faculta el almacenamiento de información de forma creciente, con datos ordenados conforme sucedan los actos, sin posibilidad de modificación. Esto permite incluir y vincular múltiples registros (en este caso relacionados con los inmuebles y sus procedimientos): Catastro, Notariado, Registro de la Propiedad, Ministerios,… entidades financieras, institutos censales,… así como el sector privado (compañías de suministro de agua, electricidad,…).

 

Figura 8.8.- Esquema gráfico de cadenas

 

Con esta infraestructura se consiguen un conjunto encadenado de registros, cada uno originado en el anterior, que es única, permanente e irrepetible. Esta base de datos incrementa la seguridad de la información a través de protocolos que restringen la inclusión de información a las personas/entidades previamente definidas, favoreciendo la identificación de actuaciones que se alejen de las premisas impuestas. Con ello se integra el linaje completo a través de firmas digitales, y de cifrados, que garantizan que el documento no está alterado. Siendo posible su consulta integral (dependiendo de los permisos), ofreciendo la información y la evolución de la misma a través de las sucesivas alteraciones documentadas que se han ido produciendo a lo largo de su vida.

 

Esta tecnología aporta confiabilidad y transparencia a través del seguimiento garantista del procedimiento; pudiéndose diseñar tantas cadenas como se deseen, públicas y privadas, con posibilidad de limitación de acceso a las mismas o a datos concretos incluidos en ellas (valores, titularidades,…).

 

Pero no hay que olvidar que el problema no se centra solo en ofrecer publicidad y seguimiento de la geoinformación sobre los derechos, deberes y limitaciones (DDL), empleando la trazabilidad para reducir la corrupción y aumentar la confiabilidad. Estas se logran con la identificación espacial precisa de los DDL y en su traslado a una documentación acreditativa que los avale frente a terceros. Y, por otra parte, al estar configurada a través de nodos no centralizados, no existe un intermediario que identifique y certifique la información que se registra, hasta tanto esta no esté publicada.

 

El blockchain aporta seguridad en la secuencia transaccional de la información, identificando perfectamente al agente que la modifica y minimizando la posibilidad de pérdida, ocultación o manipulación fraudulenta de la misma. Ahora bien, en cuanto a la publicitada reducción de costos económicos y temporales, no son generalizables a todas las actividades, salvo en lo concerniente a las garantías de certeza de la documentación, que no tendrá que comprobarse sistemáticamente. Por ejemplo, se podrían reducir costes al no tener que imprimir documentos, enviarlos por correo, convocar a los actuantes para que firmen, etc. Pero no tiene por qué reducirse drásticamente en relación con los plazos de formalización y tramitación en los ámbitos notarial, registral, catastral, bancario, etc., ni el abono de esos servicios.

 

Dinamizará el mercado inmobiliario (nacional e internacional), al incrementar la confianza en la información inscrita y en el procedimiento seguido; también favorece el crédito inmobiliario y, obviamente, será una referencia de gran valía en materia de gobernanza. Pero antes hay que incluir la información, el dato plenamente fiable, para que eso se logre. Y ello se hace a través de las instituciones catastrales, notariales y registrales ya establecidas.

 

Utilizar esta tecnología no excluye al profesional en Geomática, Valoración, ni al colectivo responsable de la constitución y modificación de los DDL. Es más, incentivará su presencia en la medida en que los procesos y actos reflejados tenderán a perfeccionarse progresivamente, y a completarse con otras cadenas que favorezcan un conocimiento pleno y riguroso a través de unos documentos autocontenidos, respaldados por la seguridad en la firma de un profesional cualificado. Al fin y al cabo este profesional cualificado (en su caso certificado), solo podrá actuar en el ámbito de sus competencias, y siempre conforme con la legislación local.

 

Castiñeira (2018), en este mismo foro, identifica claramente los principios que rigen la contratación electrónica en España y las consideraciones de la traslación de esta tecnología blockchain, tal y como se está concibiendo en otros modelos/países a nuestro territorio. Hay que decir que, en plena coincidencia de planteamientos, blockchain está ya en marcha, quizá no con este nombre o con esta presentación, pero la descripción de los bienes a través de sus características, y la evolución de su vida inmobiliaria está recogida y es accesible, contando con plenas garantías de seguridad y transparencia, aportadas por las tres instituciones inmediatas (Catastro, Registro de la Propiedad y Notariado) que las gestionan; así como por otras muchas (públicas y privadas) que las complementan a sus efectos y que, mayoritariamente, favorecen el acceso. Cierto es que quedan algunos aspectos que hay que mejorar, y es por este motivo por lo que la adecuación de blockchain a la realidad española puede ser un acicate para que aquellas que aún intentan mantenerse como reinos de taifas, se conciencien de que trabajan para la sociedad, que esta la financia y es el único motivo de su existencia.

 

Sobre la base de lo expuesto, esta cadena de bloques debe conceptuarse como una tecnología que podrá prestar un servicio adecuado en determinadas situaciones y contextos; ahora bien, también se identifican algunas limitaciones en relación con la legislación de protección de datos (Diaz, E., 2017). En concreto, la imposibilidad de aplicar los derechos de cancelación, la supresión de datos personales, la privacidad y el denominado derecho al olvido, que recientes legislaciones[4] están normando. Cierto es que se podrían establecer excepciones que permitiesen reescribir determinados bloques, por agentes especialmente autorizados; pero, en este caso, la universalidad perseguida por las leyes de protección de datos no se lograría en la forma en que están concebidas.

 

También Castiñeira (2018), en relación con los posibles efectos de su incorporación (al modelo español), incluye las siguientes consideraciones: “Expuestos los elementos esenciales del sistema de bloques y cómo funciona esta tecnología, se hace necesario el análisis jurídico sobre una eventual incorporación de la misma a nuestro sistema de Registro de derechos. Un sistema como este último implica la necesidad de una previa calificación jurídica de la operación realizada y de los elementos intervinientes en la misma, cosa que la tecnología por sí misma no puede llevar a cabo. Por otro lado, también requiere de un sistema que implique seguridad en la transacción, tanto jurídica como de la información interviniente en la misma, lo que conecta el problema con el también actual asunto de la Protección de Datos. Y en último lugar, también es necesario que un sistema que permita transacciones de este tipo no constituya un medio para la elusión de los deberes fiscales y en general legales a que está sometido el ciudadano en sus transacciones económicas y comerciales, lo que nos lleva a otra cuestión de rabiosa actualidad como es el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

 

En definitiva, esta tecnología probada, con un ingente campo de desarrollo y aplicabilidad, terminará por asentarse plenamente en el ámbito notarial, catastral y registral. Los proyectos que se inicien han de contemplarla; potenciando la reestructuración de los establecidos en aras de aproximarse a ella. Progresivamente se incluirán mejoras para adecuarla a los requerimientos de los múltiples usuarios, revisando legislaciones sectoriales (cuando sea necesario) y facilitando la accesibilidad a la Red; todo ello arropado en una ingente labor de socialización que la dé a conocer y logre la confianza plena de los ciudadanos, últimos beneficiarios de la misma.

 

[1] Disponibles en:

[2] http://www.ild.org.pe/

[3] Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia (Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i2801s.pdf). También puede consultarse Alcázar (2018), “Tenencia, Catastro y Prosperidad)

[4] Por ejemplo: “Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”. Disponible en:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf

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