* Justificación de la Competencia de la DGSJFP para Resolver Recursos en Cataluña

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* Introducción al Marco Competencial

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) establece su competencia para resolver recursos contra la calificación de registradores en Cataluña basándose en una interpretación rigurosa del marco normativo estatal y autonómico, delimitado por la Ley Hipotecaria, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, de manera crucial, por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/2014. El principio rector es que la competencia del órgano autonómico catalán se limita estrictamente a aquellos casos donde el recurso se fundamenta de forma exclusiva en el derecho catalán, correspondiendo a la DGSJFP la resolución de todos los demás supuestos, incluidos los “recursos mixtos”.

* Fundamentos Jurídicos de la Competencia

La determinación de la autoridad competente para resolver recursos gubernativos en Cataluña se articula a través de la interacción de varias normas y decisiones judiciales clave.

* La Ley Catalana 5/2009 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2014

La Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, inicialmente estableció un régimen de recursos contra la calificación registral. Sin embargo, esta ley fue parcialmente anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de enero.

Dicha sentencia declaró inconstitucionales y nulos los incisos del artículo 3.4 de la ley catalana que atribuían a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat la competencia para resolver recursos de forma acumulada cuando “al menos uno se basa en normas del Derecho catalán o en su infracción”. El Tribunal Constitucional razonó que esta atribución excedía la competencia estatutariamente asumida, que se circunscribe estrictamente a la “calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán” (art. 147.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña).

En palabras del Tribunal Constitucional:

“(…) resulta contrario al bloque de la constitucionalidad el artículo 3.4 impugnado, en cuanto atribuye a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat la competencia para resolver los recursos cuando las cuestiones registrales planteadas exceden del marco estricto del Derecho civil catalán.”

* Doctrina Consolidada del Centro Directivo

En línea con la sentencia del Tribunal Constitucional, la DGSJFP ha desarrollado una doctrina constante, expresada en resoluciones como las de 21 de septiembre de 2017 y 22 de octubre de 2020. Esta doctrina ratifica que la competencia estatal es exclusiva e indisponible en todo lo que no esté estrictamente incluido en el precepto competencial estatutario.

La DGSJFP concluye que la competencia para resolver recursos mixtos —aquellos basados en cuestiones de derecho catalán junto con otras de derecho común, registral, consumo, etc.— corresponde a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

* Normativa Estatal de Referencia

El artículo 324 de la Ley Hipotecaria establece la regla general de competencia, atribuyendo la resolución de los recursos potestativamente a la DGSJFP. Si bien reconoce las competencias atribuidas por los Estatutos de Autonomía, la interpretación del Tribunal Constitucional ha clarificado que la competencia autonómica catalana es una excepción restrictiva y no la norma general.

* Criterios para la Atribución de Competencia

A raíz de este marco normativo y jurisprudencial, se establece una clara división de competencias que los registradores deben seguir al tramitar un recurso.

Este criterio es de aplicación obligatoria para los registradores. Según el artículo 3.3 de la Ley 5/2009, si un recurso se interpone ante la DGSJFP pero el registrador considera que la competencia es del órgano catalán (por basarse exclusivamente en derecho catalán), debe elevar el expediente a este último. Inversamente, en casos como el que motiva la resolución analizada, donde se aplican normativas estatales como la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 7/2015), el registrador debe remitir el expediente a la DGSJFP.

* Conclusión

La competencia de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para resolver recursos interpuestos en Cataluña está sólidamente justificada cuando la materia en disputa excede el ámbito estricto del derecho civil catalán. Esta delimitación, producto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2014, asegura que la competencia estatal no sea menoscabada y que la DGSJFP actúe como el órgano resolutivo para todas las cuestiones de carácter mixto o aquellas que se fundamenten en legislación estatal, como es el caso de la normativa urbanística y registral de aplicación general en el territorio español.