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....Contenidos útiles para la práctica registral.....Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad. Notario)

TITULAR:

SENTENCIA: El notario no tiene legitimación general para interponer recurso judicial directo contra la calificación registral.

Contenido:

* INTRODUCCCION:

La sentencia 166/2017 de 3 de julio de 2017 del Juzgado de 1ª instancia nº 5 de Logroño desestima una demanda interpuesta por un notario contra una nota de calificación registral, al aplicar jurisprudencia que niega legitimación procesal al notario para el recurso judicial directo.

En concreto, la sentencia proclama que “las cuestiones suscitadas en la causa por el Notario demandante pueden enmarcarse dentro del debate o controversia jurídica suscitada entre Notario y Registradora, pero en ningún momento en las demandas se hace referencia alguna a la afectación de derecho o interés alguno del Notario” y que “Así las cosas, debe concluirse que la parte actora carece de legitimación para la interposición de la demanda, al no tener un interés o derecho propio y directo afectado, lo que conllevará la desestimación de sus pretensiones.”

* Dice la sentencia del Juzgado:

 

(… el Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales han desarrollado una jurisprudencia que progresivamente viene vinculando, en este ámbito, el ejercicio de la acción judicial a la afectación de un derecho o interés, de tal modo que únicamente se reconoce legitimación a quien puede verse directamente perjudicado por la calificación negativa y, en consecuencia, se restringe el acceso a la jurisdicción a quien no se ve afectado en su esfera patrimonial o personal por el contenido de dicha calificación.

El ejemplo más significativo y reciente de tal tendencia jurisprudencial es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de marzo de 2016).

Y seguidamente transcribe los fundamentos jurídicos de dicha sentencia de la Audiencia Provincial.

* Dice la Audiencia Provincial:

“El motivo del recurso, por las razones que se van a exponer, se desestima. Basta para ello tener presente lo que constituye la posición y función de los tribunales de justicia y, en concreto, de los de orden jurisdiccional civil. La función jurisdiccional es resolver conflictos, en el orden jurisdiccional civil dilucidar derechos subjetivos concurrentes inter-privatos o de quienes actúan sometidos al Derecho Privado.

Porque esa es la función de la jurisdicción, la de resolver concretos conflictos y delimitando los derechos de los ciudadanos que pueden así (art. 24 CE ) demandar la tutela de “sus” derechos e intereses legítimos.

Y tales derechos fundan las pretensiones que se pueden plantear ante los tribunales españoles (art. 21 LOPJ ), y su concreto conocimiento a los Juzgados de Primera Instancia aunque sea con una configuración residual ( art. 85 LOPJ ).

Dicho de otra manera, la defensa de los derechos propios que pueden merecer una tutela judicial excluye que los tribunales resuelvan lo que no son verdaderos conflictos, convirtiendo a los órganos jurisdiccionales en órganos de consulta. Y eso

exige que exista una lesión, del modo que sea, actual o potencial, que justifique se acuda al amparo de los tribunales. Y por eso, por tratarse de derechos propios e

interés legítimo, el art. 10 LEC vincula la aptitud para demandar la tutela judicial al que es “titular” de la relación jurídica u objeto litigioso, de suerte que a quien no ostenta

esa titularidad le está vedado el acceso a la jurisdicción a salvo, que no es el caso, se reconozca por ley de manera extraordinaria esa legitimación para accionar en nombre propio pero en interés ajeno. Por ello nace como presupuesto del proceso la legitimación procesal ( art. 10 LEC ), presupuesto apreciable de oficio, por ser, una cuestión de orden público, como afirmará la STS de 13/09/2013 , precisamente para

delimitar la legitimación del registrador.

Y esa legitimación, como sienta el mencionado precepto (art. 10 LEC ), se vincula al objeto del proceso, debe quedar conectada al derecho subjetivo que se dilucida. Y en una calificación registral lo que entra en juego son los intereses patrimoniales, pues de un Registro de la Propiedad se trata, de las personas que se ven afectadas por lo que el Registro refleja o, como en este caso, por quien rechaza su petición de acceso al Registro, y correlativamente la legitimación pasiva se traslada al registrador que realizó la calificación negativa (STS 14 de enero de 2015 ).

(…)

Mas la discrepancia entre el notario autorizante y el registrador que suspende o deniega su inscripción no se erige en un interés legitimador ex- art. 10 LEC para accionar judicialmente contra la calificación del Registrador, pues lo que está en juego en ese proceso no son sino unos efectos que pueden provocar los asientos que afectan a la esfera patrimonial de quienes otorgaron la escritura. La inscripción de los títulos sólo se puede pedir por quienes se concreta en el art. 6 LH, entre quienes no está el notario autorizante del título, que es el efecto que se conseguiría con el suplico de

la demanda, a saber la revocación de la nota de la registradora.

No se discute que los arts. 324 a 328 LH conformaron un confuso panorama sobre la legitimación del notario y del registrador para acudir a los tribunales en demanda de que se confirmaran sus posicionamientos profesionales. Pero a la luz de la jurisprudencia antes citada se ha terminado de clarificar que el principio de legitimación universal del

notario o del registrador opera exclusivamente en el ámbito gubernativo, y que para reconocerles legitimación en vía judicial, lo mismo es alzándose contra el Centro Directivo que directamente el notario contra la calificación del registrador, es necesario identificar el interés o derecho propio del mismo, que como habilitación extraordinaria se le reconoce en el art. 328 LH . Y ese interés en esencia, que se afirme una potencial responsabilidad del mismo.

El interés del notario es puramente profesional afectante a la consideración que le pueda conllevar una calificación negativa del registrador, y ello está desvinculado del efecto propio del Registro, y no se erige en interés autónomo y suficiente para justificar que pueda accionar, en la realidad de las cosas, para provocar una incidencia en la esfera patrimonial de terceros, las que sean secuentes a la práctica de los asientos registrales.

Dicho de otra manera, la admisión de una legitimación del notario, bajo la apariencia de pretender la inscripción del título, en la realidad de las cosas encubriría el planteamiento de una mera consulta a los órganos jurisdiccionales, para dilucidar cual es la mejor posición o fundamentación jurídica, si la del notario o la del registrador. Lo que no es propio de la función jurisdiccional.

(…)esas pretendidas excepciones a una legitimación universal del notario para accionar no son en realidad tales sino, antes al contrario, una habilitación extraordinaria exlege

para accionar a favor de quien, pese a no ser titular de la relación jurídica que se sustancia en el proceso queda habilitado para, como un supuesto de legitimación

extraordinaria, demandar una tutela, que más por cuenta propia pero en interés ajeno es, en la realidad de las cosas, en un interés propio que no es el que realmente se dilucida en el proceso.

Dicho de otra manera, la verdadera finalidad buscada, en realidad la única posible, no es que los derechos que resultan de la escritura autorizada por el recurrente accedan al Registro, sino que se dilucide la mejor razón o fundamento de las condiciones jurídicas del acto autorizado frente al criterio del registrador. Esto es, que un tribunal de justicia, resuelva de manera dirimente un mero debate jurídico sobre quien, entre dos operadores jurídicos, tiene mejor razón o mejor fundamento en Derecho de sus posiciones encontradas. Y esa labor tiene un corte académico, pero no compete a los tribunales de justicia.

Razones que fatalmente han de conducir a la desestimación del

recurso”.

* Y concluye así la sentencia del Juzgado:

“Compartiendo este juzgador dichas tesis, las cuestiones suscitadas en la causa por el Notario demandante pueden enmarcarse dentro del debate o controversia jurídica suscitada entre Notario y Registradora, pero en ningún momento en las demandas se hace referencia alguna a la afectación de derecho o interés alguno del Notario, al margen de las consideraciones profesionales y deontológicas que son objeto de análisis en dichas demandas.

Así las cosas, debe concluirse que la parte actora carece de legitimación para la interposición de la demanda, al no tener un interés o derecho propio y directo afectado, lo que conllevará la desestimación de sus pretensiones.

(…) FALLO

Desestimo las demandas presentadas por la representación de T.S.G. (notario) frente a M.P.O.B. (registradora) y, por lo tanto, absuelvo a dicha demandada de las pretensiones formuladas frente a la misma.

 

Updated: 14 julio, 2017 — 9:40
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