REGIS PRO. es

_______Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

TITULAR:

ANTONIO MANUEL OLIVA: análisis de la STS 237/2021 de 4 de mayo (vigencia de anotaciones de embargo)

Contenido:

 

BREVE ANÁLISIS DE LA

SENTENCIA 237/2021, DE 4 DE MAYO

 

AUTOR: ANTONIO MANUEL OLIVA IZQUIERDO 

 

 

 

* ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

 

Dispone el artículo 86 de la Ley Hipotecaria que “las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. La anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga. Podrán practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. La caducidad de las anotaciones preventivas se hará constar en el Registro a instancia del dueño del inmueble o derecho real afectado”.

De otro lado, establece el apartado tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria que “los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos doscientos treinta y ocho y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley”.

Por su parte, dispone la regla segunda del artículo 175 del Reglamento Hipotecario que “cuando, en virtud del procedimiento de apremio contra bienes inmuebles se enajene judicialmente la finca o derecho embargado, se cancelarán las inscripciones y anotaciones posteriores a la correspondiente anotación de embargo aunque se refieran a enajenaciones o gravámenes anteriores y siempre que no estén basadas en derechos inscritos o anotados con anterioridad a la anotación del embargo y no afectados por ésta. La cancelación se practicará a instancia del que resulte ser dueño de la finca o derecho, con sólo presentar mandamiento ordenando la cancelación, expedido de acuerdo con lo previsto en el artículo 1518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

A pesar del tenor literal de estos tres preceptos, el Tribunal Supremo, en sus previas sentencias 282/2007, de 12 de marzo, 88/2015, de 23 de febrero, y 427/2017, de 7 de julio, mantiene como criterio que la expedición de certificación de dominio y cargas, de la que se ha de tomar razón por nota al margen de la anotación objeto del procedimiento de ejecución, fija la situación registral del inmueble ejecutado en el momento de su expedición y determina las condiciones para la adquisición del bien, sin que cualquier situación posterior, como puede ser la caducidad la anotación preventiva de embargo, afecte a esa situación, poniendo de relieve que “la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes“.

Tras dictarse la referida sentencia 427/2017, de 4 de julio, la Resolución de la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 10 de octubre de 2017 – reiterada por otras posteriores como las de 19 de septiembre de 2018, 29 de marzo de 2019, 4 de abril de 2019, 6 de septiembre de 2019, 24 de septiembre de 2020, o la más reciente de 20 de noviembre de 2020 – , subrayó, sin embargo, que “podría pensarse que, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, cuando se expida una certificación de cargas en un procedimiento de ejecución de embargo, el registrador deberá extender nota al margen de la anotación, y dar a dicha nota la virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotación a la que se refiere. Sin embargo, no hay apoyo legal que permita hacerlo. Es más, si lo hiciera estaría contraviniendo frontalmente el texto del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, que acabó con la vigencia indefinida de las anotaciones preventivas prorrogadas, precisamente para evitar un obstáculo permanente para el mercado inmobiliario. En conclusión, como reiteradamente ha señalado este Centro Directivo, debe diferenciarse la actuación y proceder registral de la actuación en sede judicial. Registralmente el defecto debe ser confirmado, sin que en vía registral pueda determinarse la prórroga indefinida de la anotación preventiva de embargo, por el hecho de haber sido expedida la certificación de cargas, por cuanto la prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas viene determinada por Ley y su caducidad implica la pérdida de su prioridad registral. Pero, el actual titular registral tiene a su disposición los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la defensa de su posición jurídica (artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 117, 594, 601 y 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y sin que la confirmación del defecto suponga prejuzgar la decisión que los tribunales, en su caso, puedan adoptar en orden a la preferencia entre cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías de mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a todos los interesados, evitando su indefensión (cfr. artículos 24 de la Constitución Española y 20 y 38 de la Ley Hipotecaria)”.

A su vez, el mismo Centro Directivo, en Resolución de 9 de abril de 2018, a consulta vinculante elevada por el Colegio de Registradores, sobre la base de que la Sentencia 427/2017, de 7 de julio partía de una sentencia dictada en primera instancia con fecha anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, señaló que “la expedición de la certificación y la extensión de la nota marginal determinan el momento en que se fijan las titularidades y cargas que condicionaran el proceso, pero no suponen el cierre del Registro ni siquiera la inalterabilidad de la situación del resto de titularidades en él publicadas ni la prórroga de la anotación preventiva”. Como consecuencia, entiende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que la expedición de la certificación y la extensión de la nota marginal “no suponen el cierre del Registro ni siquiera la inalterabilidad de la situación del resto de titularidades en él publicadas ni la prórroga de la anotación preventiva extendida como consecuencia del mismo procedimiento”, de manera que no corresponde al registrador, compelido por la aplicación del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, “entrar en valoraciones sobre preferencia civil de embargos, que quedan reservadas a los procedimientos judiciales, fuera del ámbito de la seguridad jurídica preventiva, en la que la caducidad opera de forma automática”. Se niega así que el pretendido “efecto cancelatorio” de la anotación preventiva cancelada pueda tener reflejo registral, en la medida en que “el asiento soporte de la preferencia ganada ha devenido inexistente”, sin que pueda atribuirse a la expedición de la certificación de dominio y cargas y a la extensión de la nota marginal un efecto de prórroga indefinida de la anotación preventiva a la que se refiere. Como resultado, se concluye que “la protección de los derechos de titulares inscritos impone que el registrador rechace la inscripción del mandamiento cancelatorio que, sin prejuzgar su validez en el ámbito procesal, no puede desplegar su eficacia frente a terceros inscritos que mejore su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba la anotación ahora inexistente”, remitiéndose para resolver la cuestión de fondo sobre las preferencias de cargas a las tercerías de mejor derecho o dominio, o a las reclamaciones apoyadas en la ausencia de buena fe.

Por lo tanto, conforme a la doctrina relacionada de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el hecho de que se haya expedido la certificación de dominio y cargas que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil no implica ni su conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones únicamente se prorrogan en la forma establecida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, sin que en vía registral pueda determinarse la prórroga indefinida de la anotación preventiva de embargo, por el hecho de haber sido expedida la certificación de dominio y cargas, por cuanto la prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas viene determinada por Ley y su caducidad implica la pérdida de su prioridad registral.

 

* LA SENTENCIA 237/2021, DE 4 DE MAYO

 

Con estos precedentes legislativos y jurisprudenciales, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, que, precisamente, por ser una sentencia del Pleno de dicho Alto Tribunal, sienta jurisprudencia, vuelve a entrar en el estudioen torno al efecto que puede tener la certificación de cargas, solicitada en el curso de la ejecución de un determinado embargo objeto de anotación preventiva y de la que se deja constancia mediante una nota marginal, respecto de la vigencia de la anotación preventiva y su oponibilidad frente a derechos inscritos o anotados con posterioridad a la anotación preventiva de embargo. Sobre todo cuando el plazo de cuatro años de la anotación preventiva se cumple después de que se hubiera emitido la certificación de cargas y antes de que se hubiera practicado la inscripción registral del decreto de adjudicación con el que concluye la ejecución del bien embargado”.

Así, la indicada sentencia, desgranando su jurisprudencia anterior, reconoce una especial significación al momento de emisión por parte del Registro de la Propiedad de la certificación de cargas y gravámenes del artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto que “la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior – como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante – no modifica dicha situación”; para finalizar con la conclusión siguiente: “concurre en esta cuestión una controversia entre la aspiración del sistema registral de otorgar una seguridad jurídica preventiva por la información que otorga el registro, de acuerdo con los asientos vigentes, y la seguridad jurídica que la certificación registral de cargas ha de otorgar a quienes concurren a la ejecución judicial. En el primer aspecto, mientras no varíe la regulación de la anotación preventiva de embargo, que tiene un plazo de vigencia de cuatro años, susceptibles de prórroga por otros cuatros años y de sucesivas prórrogas, la falta de prórroga de la anotación conllevaría su caducidad y la cancelación del asiento. De tal modo que quien consulte a partir de entonces la situación registral de la finca, no conocerá de la existencia de aquel embargo. En el segundo aspecto, la certificación de cargas permite conocer las cargas y derechos anteriores al embargo por el que se sigue la ejecución, así como las condiciones en que se puede adquirir en dicha ejecución (cargas que no desaparecerán con la adquisición). Si en el ínterin caduca la anotación de embargo y se cancela este asiento y la nota marginal de la certificación de cargas, con el efecto legal de que se pierda la prioridad registral que legitimaría al adjudicatario del bien en la ejecución a obtener la cancelación de las cargas y derechos inscritos o anotados con posterioridad, también se genera una inseguridad jurídica sobre las adquisiciones en ejecuciones judiciales y en general vías de apremio. (…) . La clave radica en el efecto de la emisión de la certificación de cargas, con la consiguiente nota marginal, que si se pretende «cause estado» y produzca «su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada  certificación de cargas y gravámenes», con las matizaciones derivadas del reseñado sistema de actualización permanente de información registral de la finca hasta la subasta, tiene que tener una repercusión en la información registral, en cuanto que impida la caducidad de la anotación preventiva y la cancelación del asiento, aunque sea durante el tiempo razonable para asegurar la eficacia de la información suministrada por la certificación de cargas en aquella ejecución judicial. Sólo así se evita la falta de seguridad jurídica preventiva advertida por la Dirección General de los Registros y del Notariado” – actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -, en la medida en que el registro seguiría informando de la existencia de la anotación preventiva de embargo y la nota marginal correspondiente a la certificación de cargas. Frente a la objeción formulada por la Dirección General de que no existe precepto legal que lo explicite así, baste advertir que un pronunciamiento jurisprudencial al respecto sería la culminación de una interpretación sistemática y teleológica del ordenamiento jurídico, en concreto el registral y el procesal, en aras de la seguridad jurídica. Cuando la dicción literal de los preceptos legales vigentes da lugar a una contradicción con una merma de seguridad jurídica para el sistema de ejecución o vías de apremio, con remedios desproporcionadamente onerosos y en muchas ocasiones insuficientes para quien adquiere confiado en la certificación de cargas, como es la tercería de mejor derecho o de dominio, los tribunales deben realizar una interpretación integradora de las normas del ordenamiento jurídico. Si la seguridad jurídica preventiva pivota sobre la vigencia de los asientos registrales y la información que en un momento determinado suministran, y en este caso la quiebra de esta seguridad provendría de dar eficacia a un asiento (anotación preventiva de embargo) que se había cancelado, frente a los titulares de derechos o cargas inscritos o anotados con posterioridad, ese riesgo de inseguridad se salvaría si no llegara a cancelarse aquel asiento. Obviamente, la emisión de la certificación de cargas y la extensión de la nota marginal no pueden provocar una prórroga indefinida, pues la ratio de la reforma legal introducida por la disposición final 9.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, fue evitar que las anotaciones preventivas puedan convertirse en perpetuas mediante su prórroga. De ahí que convenga declarar que la solicitud de certificación de cargas opera como una petición implícita de prórroga de cuatro años, a contar desde el momento de la emisión de la certificación y la extensión de la preceptiva nota marginal. Con ello se respeta la finalidad perseguida por la Ley al prever en todo caso la necesidad de la prórroga de las anotaciones preventivas y se asegura un plazo razonable dentro del procedimiento de ejecución en el que se acordó el embargo para hacer efectiva la realización del bien y que el decreto de adjudicación pueda inscribirse en el registro con el efecto de cancelación de las cargas y derechos posteriores a la anotación de embargo. Lo anterior supone una matización de la doctrina contenida en la 427/2017, de 7 de julio, en cuanto que la emisión de la certificación de cargas y la extensión de la nota marginal más que «causar estado» definitivo, constituyen una prórroga temporal, de cuatro años, a la anotación preventiva de embargo, de forma que durante este periodo podrá hacerse valer el efecto de cancelación de cargas posteriores del eventual decreto de adjudicación dictado en esa ejecución”.

Finalmente, el párrafo segundo del Fundamento de Derecho séptimo de la tan mentada sentencia 237/2021, de 4 de mayo, introduce un conclusión de carácter trascendental a efectos registrales: “bajo la doctrina que acabamos de exponer, no resultaba procedente la cancelación por caducidad de la anotación preventiva de embargo de 18 de noviembre de 2009, después de que hubiera sido solicitada y emitida la certificación de cargas el 18 de octubre de 2010, mientras no transcurriera el plazo de cuatro años desde esta última fecha. De tal forma que, para cuando se presentó al registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas el 1 de agosto de 2014, la anotación preventiva debiera haber estado vigente, y por consiguiente resultaba procedente la inscripción y la cancelación de cargas solicitada. En un caso como este, la registradora puede acceder a la cancelación de las cargas posteriores, dejando únicamente a salvo las eventuales inscripciones de derechos adquiridos después de que en el registro ya no constara la anotación de embargo por haberse cancelado el asiento”.

 

* RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DE LA SENTENCIA 237/2021, DE 4 DE MAYO, Y SU COHONESTACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 86 Y 1.3 DE LA LEY HIPOTECARIA Y CON EL ARTÍCULO 175.2 DE SU REGLAMENTO DE DESARROLLO

 

El citado artículo 86 de la Ley Hipotecaria prevé que las anotaciones preventivas, con un plazo general de cuatro años de duración, puedan prorrogarse por cuatro años más mediante una nueva anotación preventiva de prórroga. Lo anterior ha de cohonestarse, a juicio del Tribunal Supremo, con el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la seguridad jurídica que la certificación registral de cargas ha de otorgar a quienes concurren a la ejecución judicial, causando estado – ahora no de forma indefinida sino por un tiempo razonable a su favor – y produciendo su finalidad para dicha ejecución; lo que implica la necesidad de que, una vez expedida la certificación de dominio y cargas, la nota marginal que la refleje impida la caducidad de la anotación preventiva de embargo durante un tiempo prudencial de cuatro años desde su fecha para que el ejecutante pueda inscribir su título y obtener la cancelación de las cargas posteriores.

Para ello, el Tribunal Supremo entiende que no es precisa de una reforma legal – que, de lege ferenda, sería deseable – ni puede considerarse la suya como una interpretación contra legem, puesto que el propio Tribunal Supremo, acudiendo a una interpretación sistemática y teleológica del ordenamiento jurídico registral y procesal, parte de la presunción de que la solicitud de certificación de cargas opera como una petición implícita de prórroga de cuatro años, a contar desde el momento de la emisión de la certificación y la extensión de la preceptiva nota marginal, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, sin determinar el asiento registral a través del que proceda reflejar esa prórroga, que habrá de ser la práctica registral quien lo determine.

Así, parece entender el Tribunal Supremo que esta jurisprudencia no choca frontalmente con el artículo 175.2 del Reglamento Hipotecario ni con el principio de que los asientos registrales se encuentren bajo la salvaguarda de los Tribunales del artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria. A la vista de sus razonamientos, las anotaciones preventivas de embargo de más de cuatro años de duración – que, sin esta jurisprudencia, se entenderían caducadas – en las que, no obstante, se haya tomado nota al margen de expedición de certificación de dominio y cargas respecto de la que no hayan transcurrido cuatro años de duración en el momento concreto de la calificación, han de entenderse ahora vigentes y no caducadas, y ello aun cuando expresamente consten canceladas por caducidad por asiento extendido por nota al margen al amparo del artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario. Como consecuencia, las mismas permitirán no sólo la inscripción del testimonio de adjudicación, sino también la del mandamiento de cancelación, y por tanto, la cancelación bien de todas las cargas posterioressi no ha de reputarse la anotación de embargo inexistente por no hallarse expresamente cancelada por caducidad por asiento extendido por nota al margen al amparo del artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario -, o bien únicamente la de aquellos derechos o cargas inscritos o anotados que se encuentren comprendidos entre la práctica de la anotación de embargo que después haya sido implícitamente prorrogada por la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas y la constancia registral de la caducidad por nota al margen al amparo del tan mentado artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario. En este último caso, continuarán vigentes, y, por tanto, no podrán cancelarse los derechos inscritos o anotados después de que en el registro ya no constara la anotación de embargo por haberse cancelado el asiento y ser, por tanto, inexistente.

De este modo, parece considerar el Tribunal Supremo que el artículo 175.2 del Reglamento hipotecario queda salvaguardado en cuanto que los efectos y la virtualidad de los mandamientos cancelatorios continuarán pivotando sobre la base de la fecha de una anotación vigente, sin perjuicio de que, eso sí, esa vigencia haya ahora de entenderse implícitamente prorrogada por la expedición de certificación de dominio y cargas. Por su parte, también pretende dejarse a salvo el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria, pues si consta practicada en su día la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo posteriormente ejecutada que, con la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, hoy debiera entenderse prorrogada por la nota al margen de expedición de certificación, no podrá hacerse valer la prioridad de la misma contra titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad a dicha cancelación e inexistencia de la anotación, toda vez que éstos inscribieron o anotaron su derecho con la finca libre de esa carga. Sin embargo, si dicha cancelación por asiento registral no consta de forma expresa deberán verse afectados por la misma, y ello aun cuando la caducidad se hubiera producido en el momento de inscribir o anotar su derecho, por cuanto que no pueden ampararse en la protección del Registro quienes no solicitaron diligentemente la cancelación de dicha carga caducada y no cancelada de oficio cuando pudieron hacerlo en su día por cualquiera de los medios establecidos por Ley.

Por último, el hecho de que una anotación preventiva de embargo posteriormente ejecutada e indebidamente cancelada – según esta doctrina del Tribunal Supremo – por no haber transcurrido cuatro años desde la expedición de certificación de dominio y cargas que consta por posteriormente nota al margen pueda revivir a pesar de la constancia del asiento registral de su cancelación, y servir de base para la inscripción del testimonio de adjudicación y la cancelación de las cargas posteriores a la misma hasta la constancia registral de su expresada cancelación, tampoco parece entender el Tribunal Supremo que vaya en contra del principio de que los asientos registrales estén bajo la salvaguarda de los Tribunales – artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria -, precisamente porque son los Tribunales – en concreto, nuestro Alto Tribunal – quienes ordenan ahora que ese asiento se interprete como vigente a los efectos y con la virtualidad indicados.

 

* CONSECUENCIAS REGISTRALES DE LA SENTENCIA 237/2021, DE 4 DE MAYO

 

1.- Sin perjuicio de las especialidades que puedan surgir del caso concreto en esta materia, que recomiendan una calificación casuística, pueden extraerse en abstracto de la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, las siguientes conclusiones:

 

Salvo pronunciamiento en contrario contenido en el mandamiento o solicitud del procurador facultado por el Letrado de Administración de Justicia – artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil – indicando, en virtud del principio de rogación, que no se proceda a la práctica de prórroga de la anotación, el mandamiento por el que se ordene la expedición de certificación de dominio y cargas con fecha posterior a la anotación de embargo en su día practicada supone, conforme a la jurisprudencia sentada por la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, del Pleno del Tribunal Supremo, una petición implícita de que, por entenderse cumplido el principio de rogación al amparo de dicha sentencia, y junto con la expedición de la certificación de dominio y cargas y la toma de razón a través de la oportuna nota marginal, se practique una anotación preventiva de prórroga de embargo por un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la expedición de la referida certificación – necesariamente coincidente con la fecha de anotación de prórroga de embargo -; siendo la anotación – y no la nota marginal – el asiento oportuno para reflejar dicha circunstancia. A este último respecto, nótese que el artículo 86 de la Ley Hipotecaria establece expresamente que “la anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga”.

 

2.- Las anotaciones preventivas de embargo – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga – de las que en su día se hubiera tomado razón en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, consta ya practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, no podrán cancelarse por caducidad hasta transcurridos cuatro años desde la fecha de la nota marginal que refleje la expedición de certificación de dominio y cargas; de tal forma que, el plazo de cuatro años del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, ha de computarse en estos supuestos no desde la fecha de la anotación misma, sino desde la fecha de la nota marginal de expedición, que, conforme a la indicada sentencia 237/2021, de 4 de mayo, en interpretación teleológica del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, causa estado durante un periodo de cuatro años.

Nótese, como especialidad, que si, por su fecha, el plazo de prórroga de la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas se encontraba vigente, según esta nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, a fecha 14 de marzo de 2020, el cómputo para su caducidad ha de hacerse de fecha a fecha, ampliándose en 88 días naturales adicionales a la misma – Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -.

Así mismo, y siguiendo el mismo criterio que motiva la solución anterior, si se trata de notas marginales de expedición de certificación de dominio y cargas practicadas durante la suspensión de los plazos de caducidad con motivo del estado de alarma, o lo que es lo mismo, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 9 de junio de 2020, ambos inclusive, los plazos se computarán también de fecha a fecha, pero adicionando no los 88 días naturales, sino únicamente aquellos días naturales que efectivamente hubiesen mediado desde la práctica de la anotación preventiva hasta el levantamiento de la suspensión, o lo que es lo mismo, 4 años a contar desde el 10 de junio de 2020 inclusive, de tal forma que el plazo de prórroga de todas las notas marginales de expedición de certificación de dominio y cargas practicadas desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 9 de junio de 2020 caducará el día 10 de junio de 2024.

 

3.- Las anotaciones preventivas de embargo – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga – de las que en su día se hubiera tomado razón en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, consta ya practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, podrán cancelarse por caducidad transcurridos cuatro años desde la fecha de la nota marginal que refleje la expedición de certificación de dominio y cargas, al amparo del artículo 86 de la Ley Hipotecaria en la interpretación que del mismo hace la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, siempre dejando a salvo las especialidades antes examinadas con respecto a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.

 

4.- Las anotaciones preventivas de embargo – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga – de las que en su día se hubiera tomado razón por última vez hace más de 4 años en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, consta ya practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas con menos de 4 años de antigüedad – con aplicación, si procede, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -, se entienden implícitamente prorrogadas, y no precisan ser prorrogadas por expresa anotación preventiva para producir dicho efecto, si bien podrán serlo si dicha constancia se solicita expresamente por el interesado, sin que pueda el Registrador actuar de oficio y practicar dicha prórroga sin dicha solicitud, en virtud del principio de rogación del artículo 6 de la Ley Hipotecaria.

Esta solicitud puede entenderse cumplida si se presenta un mandamiento o solicitud de procurador de los Tribunales facultado por el Letrado de Administración de Justicia por la que se solicite una nueva certificación de dominio y cargas, practicando la anotación por cuatro años desde la fecha con la que se tomó razón de la nota marginal de expedición de certificación en su día practicada, que es la que determina la ejecución del procedimiento.

A este respecto, nótese que la petición de una nueva certificación de dominio y cargas respecto de anotaciones en las que consta ya practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, determinará, en su caso, la expedición de una nueva certificación, pero no la toma de razón de una nueva nota marginal – dadas sus funciones de publicidad y notificación respecto de titulares posteriores a la misma, permitiendo la cancelación de los asientos posteriores a dicha nota sin necesidad de que conste que los titulares de éstos han sido notificados, conforme a la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 17 de febrero de 2010 -, ni, por ende, una nueva anotación de prórroga si ésta consta ya practicada.

 

5.- Las anotaciones preventivas de embargo – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga – de las que en su día se hubiera tomado razón en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, se halle practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, y que ya SÍ se encuentren registralmente canceladas por caducidad por haber transcurrido cuatro años desde la anotación pero no cuatro años desde la fecha de la nota marginal – con aplicación, si procede, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -,  sirven de base para la inscripción de los decretos de adjudicación y mandamientos de cancelación de cargas posteriores, si bien las cargas a cancelar serán únicamente las comprendidas entre la fecha de la anotación y la fecha en la que conste registralmente la cancelación del asiento por caducidad, como así se desprende del párrafo segundo del Fundamento de Derecho séptimo de la sentencia, por entenderse que, respecto del titular de derechos inscritos o anotados después de constatada registralmente dicha cancelación, hay una inexistencia de la anotación a efectos de salvaguardar sus derechos, pudiendo únicamente cancelarse las cargas inscritas o anotadas durante los cuatro años de vigencia de la anotación y, además, las inscritas o anotadas durante el tiempo en que, hasta la constancia registral de la cancelación, surtió sus efectos la prórroga que, según la jurisprudencia sentada por la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, determina la nota marginal de expedición de certificación.

En todo caso, el Registrador podrá solicitar la especificación en el mandamiento de cuáles son las concretas cargas a cancelar, como así indicó, en virtud del principio de especialidad y determinación de los asientos registrales, el párrafo cuarto del Fundamento de Derecho tercero de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 de febrero de 2019 –“si con la presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación. Si indiscutible es el deber de los registradores de cumplir las resoluciones judiciales firmes, también lo es su deber y potestad calificadora de verificar que todos los documentos inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, entre las que está la debida determinación del asiento, en nuestro caso a cancelar, de acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en cuanto a documentos judiciales en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. La calificación registral de los documentos judiciales se extiende necesariamente a la congruencia de los mismos con la situación registral vigente en el momento en que se pretende su inscripción por lo que ha de exigirse la identificación suficiente de los asientos a los que se refieren los mandamientos o documentos judiciales cancelatorios (Resolución de 28 de febrero de 1977 y muchas otras posteriores). Por otro lado, estando los asientos actualmente extendidos se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria) de modo que no puede el registrador por sí solo cancelarlos sin la correspondiente Resolución judicial, debiendo el Juzgado manifestarlo expresamente. Este es un obstáculo que surge del Registro que debe ser debidamente aclarado por el Juzgado. Como repetidamente ha afirmado esta Dirección General no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada”.

 

6.- A la inversa, las anotaciones preventivas de embargo de las que en su día se hubiera tomado razón – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga – en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, se halle practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, y que NO se encuentren registralmente canceladas por caducidad, en las que hayan pasado cuatro años desde la anotación pero no cuatro años desde la fecha de la nota marginal – con aplicación, si procede, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -, sirven de base para la inscripción de los decretos de adjudicación y mandamientos de cancelación de todas las cargas posteriores, según la jurisprudencia sentada por la sentencia 237/2021, de 4 de mayo.

En todo caso, y tal y como se ha indicado con anterioridad, el Registrador podrá solicitar la especificación en el mandamiento de cuáles son las concretas cargas a cancelar, como así indicó, en virtud del principio de especialidad y determinación de los asientos registrales, el párrafo cuarto del Fundamento de Derecho tercero de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 6 de febrero de 2019.

La clave radica, por tanto, en que conste expresamente extendida la cancelación del asiento por caducidad, por lo que, si con motivo de la práctica de un asiento posterior no se canceló por caducidad dicha anotación, y adquirió o inscribió sus derechos un tercero con arrastre de la referida carga, deberá éste soportar la misma y verse afectado por la cancelación de cargas posteriores, por ser tal el estado en que adquirió la finca conforme se le reflejó en la publicidad registral que en su día se le acompañó a su título y estar bajo la salvaguarda de los Tribunales conforme al artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria, no pudiendo instar la protección del Registro quien no solicitó diligentemente la cancelación de dicha carga caducada y no cancelada de oficio cuando pudo hacerlo por cualquiera de los medios establecidos por Ley – véase el párrafo segundo del Fundamento de Derecho segundo de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de junio de 2019, por analogía -.

 

7.- Las anotaciones preventivas de embargo de las que en su día se hubiera tomado razón – prorrogadas o no por anotación preventiva de prórroga -, en las que, a la fecha de dictarse la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, que se halle practicada una posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, y que NO se encuentren registralmente canceladas por caducidad, habiendo transcurrido cuatro años desde la fecha de la anotación y, además, cuatro años desde la fecha de la posterior nota marginal – con aplicación, si procede, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -, permitirán la inscripción del testimonio de adjudicación si se cumple el principio de tracto sucesivo – véase, por todas, la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 20 de noviembre de 2020 -, pero no la cancelación de cargas posteriores, por hallarse la anotación caducada – artículo 86 de la Ley Hipotecaria, en la interpretación de la Sentencia 237/2021, de 4 de mayo -.

 

8.- En la publicidad registral y en las notificaciones a titulares de cargas intermedias que en lo sucesivo se expida como consecuencia de mandamientos o solicitudes de procuradores facultados por Letrados de Administración de Justicia, en que se ordene la expedición de certificación de dominio y cargas con fecha posterior a la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, del Pleno del Tribunal Supremo, sin excluir la petición implícita de que se practique una anotación preventiva de prórroga de embargo, deberá hacerse constar tanto la práctica de la nota marginal como la práctica de la anotación preventiva de prórroga tomada de conformidad con la tan mentada sentencia 237/2021, de 4 de mayo, de tal forma que se deje constancia de que ha quedado prorrogada la vigencia de la anotación por cuatro años más desde la fecha de expedición de certificación.

 

9.- En la publicidad registral que en lo sucesivo se expida respecto de fincas en que existan anotaciones preventivas de embargo con posterior nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas de menos de 4 años de antigüedad que no se encuentren expresamente prorrogadas por anotación preventiva en los Libros del Registro, parece conveniente, aunque no estrictamente necesario, que en la misma se refleje que la expedición de dicha certificación de dominio y cargas ha supuesto, conforme a la sentencia 237/2021, de 4 de mayo, una prórroga implícita de dicha anotación por cuatro años más desde la fecha de expedición de certificación – con aplicación, si procede, de la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 11 de junio de 2020 en relación con la Disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio -.

 

10.- Como consecuencia de todo lo anterior, los mandamientos o solicitudes de procuradores facultados por los Letrados de Administración de Justicia se presenten en el Registro de la Propiedad a los efectos de que se expida certificación de dominio y cargas y que no excluyan expresamente la práctica de prórroga de la anotación, por conllevar una prórroga de la anotación objeto de ejecución – sentencia 237/2021, de 4 de mayo -, y por ser la anotación preventiva el asiento oportuno para reflejar esa prórroga – artículo 86 de la Ley Hipotecaria -, resulta coherente entender que, en tanto no recaiga una Resolución Vinculante expresa y en sentido contrario por parte de la Dirección General de Tributos, habrán de ser previamente liquidados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de conformidad con el número segundo del artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados – “están sujetas: 2. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros públicos, cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o administrativa competente” -, quedando hasta entonces sujetos al cierre registral que previenen los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria.

 

11.- De igual modo, el plazo de calificación de los mandamientos o solicitudes de procuradores facultados por los Letrados de Administración de Justicia que se presenten en el Registro de la Propiedad a los efectos de que se expida certificación de dominio y cargas y que no excluyan expresamente la práctica de prórroga de la anotación, por conllevar un asiento de anotación preventiva de prórroga de embargo, ha de entenderse que queda sujeto al plazo de calificación de quince días hábiles, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria – “el plazo máximo para inscribir el documento será de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación”, en relación con el artículo 109 del Reglamento Hipotecario.

 

12.- Nótese, por último, que las anotaciones preventivas de embargo que se practiquen a favor de la Hacienda Pública o de la Seguridad Social no revestirán especialidad alguna, toda vez que en ellas la expedición de certificación de dominio y cargas se produce en el momento mismo de la toma de razón de la propia anotación de embargo. Así, con respecto a la Hacienda Pública establecen los dos primeros apartados del artículo 84 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación que “la Administración solicitará que se practique anotación preventiva del embargo de bienes inmuebles y derechos sobre estos en el Registro de la Propiedad que corresponda. A tal efecto, el órgano de recaudación competente expedirá mandamiento dirigido al registrador con sujeción a lo dispuesto en la legislación hipotecaria y a lo que se establece en los artículos siguientes, en el que se solicitará, además, que se libre certificación de las cargas que figuren en el registro sobre cada finca, con expresión detallada de aquellas y de sus titulares, con inclusión en la certificación del propietario de la finca en ese momento y de su domicilio. A la vista de tal certificación, se comprobará que se han efectuado todas las notificaciones exigidas por la normativa. En su defecto, se procederá a practicarlas”. Por su parte, en cuanto a las practicadas a favor de la Seguridad Social, dispone el apartado tercero del artículo 104 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que “simultáneamente a la expedición del mandamiento para anotación preventiva, el recaudador solicitará del registrador de la propiedad que se libre certificación acreditativa de las cargas que en el Registro figuren sobre cada finca, con expresión detallada de aquéllas y de sus titulares, incluyendo en la certificación al propietario de la finca en ese momento y su domicilio. La unidad de recaudación ejecutiva comunicará inmediatamente el embargo a quienes ostentando algún derecho sobre la finca embargada no hayan sido objeto de notificación con anterioridad”.

 

* MODELOS

 

  1. * Nota marginal

Expedida con fecha de hoy certificación de dominio y cargas en el procedimiento ____, tomándose razón de la anotación de prórroga que lleva implícita la expedición de la presente certificación a través de la anotación preventiva letra ___, por un plazo de 4 años más a contar desde la fecha de la referida expedición, conforme la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo. Así resulta del mandamiento expedido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ___ de los de ___, que fue presentado en esta Oficina a las ___ horas del día ___ bajo el asiento __ del Tomo __ del Libro Diario. Lugar y fecha.

 

  1. * Anotación preventiva de prórroga implícita

De conformidad con la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, ordenándose la expedición de certificación de dominio y cargas en el procedimiento ___, y habiéndose expedido la indicada certificación como consta por nota al margen de la anotación de embargo letra ____, se practica anotación preventiva de prórroga de embargo de la expresada anotación letra ___ por un plazo de cuatro años más a contar desde la fecha de la expedición de la referida certificación hecha constar por nota al margen y coincidente con la de la presente anotación, al conllevar dicha expedición de certificación una prórroga implícita de la misma por el indicado periodo de cuatro años. Así resulta del mandamiento expedido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ___ de los de ___, que fue presentado en esta Oficina a las ___ horas del día ___ bajo el asiento __ del Tomo __ del Libro Diario. Liquidado del Impuesto. Lugar y fecha.

 

  1. * Nota de despacho

Previa calificación y examen de los precedentes del Registro, se expide con fecha de hoy certificación de dominio y cargas en virtud del mandamiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ___ de los de ___, en el procedimiento ____/ ___, que fue presentado en esta Oficina a las ___ horas del día ___ bajo el asiento __ del Tomo __ del Libro Diario, sobre la finca ____ de ____, acompañándose al efecto la referida certificación de dominio y cargas, de la que se ha dejado constancia por nota al margen de la anotación preventiva de embargo letra ___, tal y como consta en la propia certificación.

Así mismo, y de conformidad con la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, ordenándose la expedición de certificación de dominio y cargas en el procedimiento ____, y habiéndose expedido la indicada certificación como consta por nota al margen de la anotación de embargo letra ____, se ha practicado ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO de la expresada anotación letra ___ al tomo ___, Libro ___, Folio ___, anotación letra ____ de la finca ____ de ____, por un plazo de CUATRO AÑOS años más a contar desde la fecha de la expedición de la certificación, al conllevar dicha expedición de certificación una prórroga implícita de la misma por el indicado periodo de cuatro años.

 

  1. * Publicidad registral

 

EXPEDIDA CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS en virtud del mandamiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ___ de los de ___, en el procedimiento ___/____. Lugar y fecha.

De conformidad con la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, PRORROGADA LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO LETRA ___ POR LA ANOTACIÓN LETRA ___, por un plazo de cuatro años a contar desde su fecha, coincidente con la de la expedición de certificación, al haberse ordenado la expedición de certificación de dominio y cargas en el procedimiento ____, y al expedirse la indicada certificación como consta por nota al margen de la anotación de embargo letra ____-

 

  1. * Notificaciones a titulares de cargas intermedias

 

Muy Sres. míos:

Por la presente le/s comunico que en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ___ de ___ se tramitan autos de ejecución de títulos judiciales ___/___  a instancias de ____, seguido contra ______ para el que con fecha de hoy se ha expedido la oportuna certificación de dominio y cargas.

Como quiera que en la finca ejecutada Vd. es titular de la anotación letra ___/hipoteca de la inscripción ___, de la finca ___ de ____, pongo en su conocimiento tales circunstancias para que pueda intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, si le conviene, como previene la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 689 en relación con el artículo 659.

Nótese que, de conformidad con la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, ordenándose la expedición de certificación de dominio y cargas en el indicado procedimiento, se entiende implícita una prórroga de la anotación preventiva de embargo practicada a favor del ejecutante, por lo que, con la misma fecha que la expedición de la certificación de dominio y cargas, se ha practicado anotación preventiva de prórroga de embargo a favor del referido ejecutante por el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de expedición de la certificación.

 

  1. * Nota de advertencia en la certificación para el caso de que se pida nueva certificación de una finca en la que ya consta nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas al margen de la anotación de embargo ejecutada

Por constar ya practicada con fecha de ____ la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, y entenderse prorrogada la anotación respecto de la que se practicó nota al margen por un plazo de 4 años desde la citada fecha de la nota marginal, conforme a la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 237/2021, de 4 de mayo, SE ADVIERTE EXPRESAMENTE QUE LA EXPEDICIÓN DE ESTA NUEVA CERTIFICACIÓN NO SUPONE UNA NUEVA PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA ANOTACIÓN.

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